Llevo varios años estudiando el proceso de institucionalización de los derechos humanos en México. Como fruto de mis investigaciones, escribí un libro al respecto. Se titula Derechos humanos y política en México, la reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant Lo Blanch).
Adán: la ropa sucia se lava en casa
En el gobierno de López Obrador estamos presenciando el retroceso de uno de los pocos avances en materia de derechos humanos de México en los últimos lustros.
@jacquescoste94
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Una de las conclusiones de la obra es que, por varios sexenios consecutivos (desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto), el gobierno federal utilizó los derechos humanos para ganar legitimidad en el exterior, a fin de impulsar la entrada de México al orden internacional liberal, y en casa, para promover el proceso de apertura política.
Es decir, por lustros, los derechos humanos fueron un instrumento de legitimidad para el gobierno mexicano. Por tanto, su institucionalización, su inclusión en el marco jurídico y su protección siempre estuvieron sometidas a consideraciones políticas antes que humanitarias.
El saldo de este proceso fue ambivalente. Por un lado, el aparato de protección a los derechos humanos se fortaleció notablemente, pues en este periodo se creó la CNDH y las comisiones estatales de derechos humanos, el Poder Judicial empezó a considerar criterios de derechos fundamentales en sus resoluciones y las organizaciones internacionales y no gubernamentales defensoras de derechos humanos adquirieron un protagonismo inusitado.
Por otro lado, estos avances institucionales y legales no produjeron una mejora significativa en el respeto y la protección de los derechos humanos de los mexicanos y las mexicanas. La realidad material de los ciudadanos continuó siendo precaria y la violencia ocasionada por la fallida guerra contra las drogas estuvo acompañada de una ola de violaciones graves a derechos humanos.
Pese a sus magros resultados y su uso político, uno de los principales logros del proceso de institucionalización de los derechos humanos en México fue el viraje del gobierno federal de una concepción soberanista –“la ropa sucia se lava en casa” y ningún ente externo tiene derecho a opinar– a una visión internacionalista de los derechos humanos. Esto se tradujo en la firma de diversos tratados, lo que cristalizó en el sometimiento de México a la jurisdicción de tribunales internacionales en materia de derechos humanos.
En el gobierno de López Obrador estamos presenciando el retroceso de uno de los pocos avances en materia de derechos humanos de México en los últimos lustros. Son muy representativas las declaraciones recientes del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que repudió un fallo de la Corte Interamericana sobre la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y su uso abusivo en México:
“Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y es faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano”.
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Por su parte, el propio presidente López Obrador critica constantemente a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al considerarlas agentes financiados desde Washington con el propósito de desestabilizar a su gobierno. Asimismo, el mandatario ha despotricado contra las instancias internacionales que manifiestan su preocupación por la situación de violencia generalizada en el país, como ocurrió con la famosa carta enviada al Parlamento Europeo.
Estamos ante el regreso del gobierno mexicano a una concepción soberanista de los derechos fundamentales. No es cosa menor: la visión internacionalista de los gobiernos anteriores fue el mayor avance en la materia durante los últimos años, puesto que derivó en el reconocimiento de los tribunales internacionales y la apertura de México al monitoreo externo de su situación de derechos humanos.
Gracias a eso, organizaciones intergubernamentales (como las agencias y los relatores de la ONU) y no gubernamentales (como Amnistía Internacional o Human Rights Watch) realizaron una escrupulosa labor de supervisión y denuncia de las atrocidades cometidas en México. En consecuencia, se publicaron decenas de reportes al respecto, muchas veces acompañados de recomendaciones.
El gobierno mexicano solía ignorar tales recomendaciones, pero el simple hecho de que se denunciara la creciente violencia y sus efectos sobre los derechos humanos abrió la puerta para que los socios internacionales de México presionaran al gobierno de nuestro país para poner cartas en el asunto.
Es cierto que la violencia continuó, pero también es verdad que, sin este tipo de presiones internacionales, el estatus de los derechos humanos en México hubiese empeorado aún más. En otras palabras: la vigilancia internacional de la situación de derechos fundamentales evitó la profundización de la –ya de por sí grave– crisis humanitaria en nuestro país.
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Otro logro del monitoreo externo de los derechos humanos fue la creación de redes trasnacionales de protección: las organizaciones internacionales más institucionalizadas, experimentadas y con recursos unieron esfuerzos con colectivos nacionales con mayor conocimiento territorial y social del país en pro de los derechos fundamentales.
La apertura al monitoreo externo y el reconocimiento de la jurisdicción de tribunales internacionales en materia de derechos humanos están en jaque con las declaraciones de Adán. Nada más, pero nada menos.
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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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