La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta semana ante el Congreso una iniciativa de reforma constitucional para convertirse en Defensoría del Pueblo y para que su titular y los miembros de su Consejo Consultivo se elijan mediante voto popular.
A continuación, la institución emitió un comunicado, en el que argumenta que esta iniciativa responde a las exigencias de las víctimas de violaciones a derechos humanos y servirá para corregir los vicios históricos de la Comisión.
Amén de que la CNDH no tiene facultades para presentar iniciativas legislativas, la justificación de la reforma carece de sustento y, si llega a aprobarse, sus efectos serían desastrosos.
En primer lugar, la fundamentación de la iniciativa como respuesta a las demandas de las víctimas es falsa: desde que Rosario Piedra asumió la presidencia de la Comisión, la institución se ha alejado de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
En el pasado, los colectivos de víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos no siempre estuvieron de acuerdo con las actuaciones de la Comisión y en más de una ocasión acusaron a la CNDH de recibirlos, escucharlos y darles por su lado, para posteriormente incumplir sus promesas y sucumbir ante las presiones políticas. Sin embargo, desde hace lustros, la comunidad defensora de derechos humanos ha reconocido la apertura y la interlocución fluida con la Comisión.
Organizaciones importantes, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (mejor conocido como Centro ProDH, quizá la organización más cercana a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos) y Amnistía Internacional, han manifestado su preocupación por la iniciativa y han declarado que las exigencias de las víctimas, en general, van en el sentido de extender la autonomía de la CNDH y empoderarla, no en el sentido de los cambios propuestos.
Además, cabe recordar que, en 2020, las oficinas de la CNDH pasaron semanas tomadas por colectivos feministas que protestaban por la indolencia de la Comisión frente a sus demandas y, ese mismo año, familiares de víctimas exigieron a la Secretaría de Gobernación la renuncia de Rosario Piedra. Además, en diversas tribunas, Piedra ha defendido la militarización de la seguridad pública, lo que también ha causado indignación en los colectivos defensores de derechos humanos. La ocasión más reciente fue en su comparecencia frente al Senado en diciembre de 2022, cuando declaró:
“La realidad muestra que la estrategia de seguridad (del gobierno federal) está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo. (…) Tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso (opositor) con sesgo partidista que busca beneficios electorales”.
En resumen, si ha habido una presidencia de la CNDH alejada de las víctimas, ésa es la de Rosario Piedra.
La argumentación de la iniciativa también es mentirosa en cuanto a la supuesta necesidad de sustituir a la Comisión por la Defensoría del Pueblo y elegir a sus funcionarios principales mediante un mecanismo de participación ciudadana, para así alejarla de su vinculación con el Poder Ejecutivo y los partidos políticos.
No hay que ser ingenuos: la CNDH siempre ha estado sujeta a presiones políticas y la selección de su titular ha implicado intensas negociaciones que significan consensos y concesiones entre las distintas fuerzas políticas, lo que implica la selección de perfiles “aceptables” para todos los partidos y el presidente de la República.
Sin embargo, la elección de la ombudsperson por voto popular estrecharía —en lugar de romper— los vínculos del titular de la Comisión con las fuerzas políticas. ¿Quiénes son los expertos en hacer campañas para conseguir votos? Los partidos. ¿Quiénes cuentan con recursos para ello? Los partidos. ¿Quiénes pueden movilizar el voto? Los partidos. ¿Quiénes tendrían el poder para vetar o abanderar candidatos? El presidente y el partido mayoritario.
Incluso la retórica que utiliza el comunicado de la CNHD sobre la iniciativa —que está en línea con el discurso que Piedra ha empleado durante su presidencia— es indicativa de sus intenciones: al condenar todo lo hecho por la Comisión antes de su llegada, al hablar de defender al pueblo y no de garantizar derechos, Piedra Ibarra se suma a la narrativa del presidente López Obrador respecto al pasado neoliberal, la hipocresía de los organismos autónomos y la instrumentación política de los derechos humanos.
Aún no se conoce todo el contenido de la iniciativa presentada por la CNDH, pero desde ahora se puede anticipar que esta reforma representa el paso final en el camino de Rosario Piedra hacia la abyección y la complicidad total frente al proyecto político obradorista, así como la renuncia descarada a su responsabilidad de proteger los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos.
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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
