Tras más de seis meses desde la instalación de la comisión presidencial para elaborar una reforma electoral y dos meses después del plazo que el propio gobierno había comprometido para presentar un texto, finalmente esta semana conocimos la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa resultó, en varios sentidos, una versión descafeinada de las propuestas que la propia presidenta había planteado en sus conferencias matutinas. En distintos momentos se llegó a sugerir, por ejemplo, la elección por voto popular de las consejerías electorales y la eliminación del sistema de representación proporcional. Ninguna de esas ideas aparece hoy en la iniciativa. Lo que sí tenemos es una propuesta que deja intactos los problemas más urgentes de nuestro sistema electoral.
Las dos prioridades de la presidenta
Y ese es precisamente el primer problema de la reforma: no resuelve ninguno de los desafíos que hoy enfrenta el sistema. La reforma electoral sí era necesaria. Pero el texto presentado ni siquiera comienza a atender las deficiencias más evidentes. No hay propuestas para enfrentar la creciente intromisión del crimen organizado en las elecciones ni para contener la violencia política que ha ido en aumento en años recientes. Tampoco se corrigen los vicios evidenciados en las elecciones judiciales del año pasado. Y, pese al agotamiento del modelo de comunicación política vigente, el tema permanece prácticamente intocado.
Si bien la iniciativa aborda asuntos diversos —desde la fiscalización hasta la regulación del uso de inteligencia artificial en campañas—, por motivos de espacio conviene detenerse en los dos temas que la propia presidenta ha señalado como prioritarios: la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos y la modificación del sistema de representación proporcional para evitar que las listas de candidaturas queden en manos de las cúpulas partidistas. El problema es que las soluciones planteadas para ambos temas no corrigen las inequidades existentes en las contiendas; por el contrario, corren el riesgo de profundizarlas, con consecuencias directas para la integridad y la calidad de la competencia democrática.
En materia de financiamiento público, la iniciativa propone modificar la fórmula constitucional para calcular el financiamiento ordinario de los partidos con el objetivo de reducirlo aproximadamente en un 20%. Sin embargo, la propuesta deja intactos otros componentes relevantes del sistema: se mantiene sin cambios el financiamiento para actividades específicas y el financiamiento para campañas. También se conserva el mecanismo de distribución de los recursos entre partidos, que actualmente reparte un 30% de manera igualitaria y un 70% de forma proporcional a los resultados de la elección anterior.
El resultado es un ahorro marginal acompañado de un impacto desproporcionado para los partidos más pequeños. Se trata, en los hechos, de una modificación que favorece al partido mayoritario. A ello se suma otro elemento relevante: la base de la fórmula —el número de personas inscritas en el padrón electoral— permanece intacta. Esto significa que, conforme el padrón continúe creciendo, también lo hará la bolsa total de financiamiento público, tal como ocurre actualmente. En otras palabras, la reducción anunciada difícilmente modificará la tendencia estructural al alza del financiamiento partidista.
Algo similar ocurre con la propuesta de reducir el tiempo en radio y televisión administrado por la autoridad electoral durante las precampañas y campañas. Actualmente, el INE administra 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión durante estos periodos. La iniciativa propone reducir esa cantidad a 35 minutos. Sin embargo, dado que la legislación secundaria deberá detallar el nuevo esquema, aún se desconoce si el tiempo restante quedará en manos de los concesionarios para su comercialización o si pasará a disposición del Estado para sus propios fines. En cualquier caso, la distribución de estos espacios entre partidos permanece sin cambios y continúa replicando el mismo esquema 30-70 que rige el financiamiento público, lo que mantiene las asimetrías existentes. Además, estos tiempos también incluyen los espacios que utilizan las autoridades electorales para informar a la ciudadanía sobre los procesos electorales, lo que implicaría que dichas instituciones tendrán que redoblar esfuerzos en otros canales de comunicación para cumplir con esa función.
La modificación al sistema de representación proporcional, por su parte, sí implicaría un cambio de fondo en nuestro sistema político. En el Senado, la propuesta elimina por completo este principio y reduce la integración de la Cámara a 96 escaños. Al mantenerse únicamente los sistemas de mayoría y primera minoría, es posible que algunos partidos queden completamente excluidos de la cámara alta. En la Cámara de Diputados, por su parte, se mantendrían los 500 integrantes y el principio de representación proporcional, pero se modificaría la forma de asignar las diputaciones plurinominales. La iniciativa plantea alternar entre los mejores perdedores de cada partido en los 300 distritos de mayoría y candidaturas que competirían abiertamente en las cinco circunscripciones plurinominales.
Aquí surge un problema evidente. Todas las candidaturas a diputaciones federales están sujetas actualmente a los mismos topes de gasto de campaña. Esto significa que una candidatura en un distrito de mayoría —que abarca un territorio relativamente acotado— y una candidatura en una circunscripción plurinominal —que puede incluir varios estados— tendrían exactamente los mismos recursos disponibles. El resultado sería una competencia profundamente desigual desde su diseño. Nuevamente, se favorece al partido mayoritario, que dispone de una mayor cantidad de recursos y de los medios que proporciona la amplia cantidad de gobiernos que controla.
Al final, los dos temas prioritarios para la presidenta sí quedaron reflejados en la iniciativa, pero de una forma que, de aprobarse, profundizarían las inequidades que ya existen en el sistema electoral. No es casualidad que ambos temas generen resistencias entre los aliados del propio partido oficialista, que serían precisamente los más afectados por estas modificaciones. Son también los puntos que hoy mantienen empantanadas las negociaciones legislativas y para los cuales, por ahora, no parece haber una salida clara.
Después de meses de foros, trabajos y anuncios públicos, este proceso pasará a la historia más por sus carencias que por sus resultados: falta de transparencia, falta de oficio político para incorporar a todos los actores en la discusión y falta de seriedad para plantear soluciones reales a los desafíos que sí enfrenta nuestro sistema electoral. Ojalá el eventual “plan B” no termine recorriendo el mismo camino.
_____
Nota del editor: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a Georgina De la Fuente.
