Aunque esa resolución se echó para atrás por los reclamos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y hasta por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, otras sobrevivientes ven como un riesgo latente que las fiscalías consideren estas decisiones porque “transmiten un mensaje de indiferencia e impunidad”.
“Están abriendo puertas para que se sigan cometiendo más de estos crímenes. Por eso, en un grito desesperado, decimos ¡ya basta! y exigimos que el Estado mexicano nos haga justicia. Exigimos un alto a la impunidad”, dijo en entrevista Carmen Sánchez, sobreviviente de ataque con ácido y directora de la fundación que lleva su nombre.
Para saber más
Impunidad, la constante
La Fundación Carmen Sánchez MX, que brinda apoyo a mujeres que han enfrentado la llamada violencia ácida, registra 34 casos de mujeres atacadas con ácido en México. Solo en uno se ha sentenciado al agresor a una pena de ocho años de prisión.
Sin embargo, considera la activista, se trata de una sentencia que no corresponde con el delito cometido, debido a que antes de que se aprobara la tipificación del delito de feminicidio en grado de tentativa, la mayoría de las autoridades clasificaban estas agresiones como “lesiones menores, que sanan antes de 30 días”.
Ahora han logrado que algunas carpetas de investigación sobre los ataques con ácido se reclasifiquen como tentativa de feminicidio, un logro, dice Carmen, de las mujeres que no han cedido en su búsqueda de justicia.