Su caso está plagado de irregularidades. Primero, el Ministerio Público minimizó la agresión al considerar que eran lesiones menores. Después, la carpeta de investigación de su caso se “extravió” por cuatro años, hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino y la fiscalía mexiquense retomó el caso.
Carmen sigue luchando. Este viernes 27 de enero se realizó una audiencia y, por fin, declaró su agresor. Otras citas previas habían sido pospuestas.
“El Ministerio Público se da el gusto de no presentarse a las audiencias y cancelarlas, y después llamarme y decirme: ‘Pero, señora Carmen, lo tenemos detenido, cuál es su preocupación’", sostiene.
La preocupación, dice Carmen, es similar en todas las sobrevivientes; temen que sus agresores queden o sigan libres y concreten lo que no lograron antes: asesinarlas. Como María Elena Ríos, ellas también viven con miedo.
“Estos agresores nos iban a matar. Nos han dejado con vida, pero eso no es un privilegio”, subraya.
A Carmen, por ejemplo, la familia de su agresor la ha amenazado y acosado. Además, denuncia, en dos ocasiones han querido ingresar al departamento donde vive con sus hijas.
Por eso desea que el Poder Judicial del Estado de México juzgue debidamente y sentencie a su agresor.
“Estoy a punto de obtener la sentencia y, con lo que está pasando con María Elena Ríos, tengo muchísimo miedo. Yo espero que el Estado de México deje un precedente de no repetición sobre los ataques con ácido, que no le abran la puerta a más personas que quieran seguir quemando a mujeres y que no les tiemble la mano para dar la sentencia ejemplar”, exige.