A grandes rasgos, la prensa mexicana formula tres hipótesis para explicar esta situación:
a) Washington no sabía de las actividades ilícitas de García Luna, lo que hablaría del poco profesionalismo de sus agencias de investigación;
b) el gobierno estadounidense conocía estos vínculos, pero estaba dispuesto a hacerse de la vista gorda con tal de seguir combatiendo al narcotráfico, y...
c) hay una venganza de la DEA o algún grupo delictivo en contra de García Luna y ahí está el origen de las acusaciones en su contra.
Estas hipótesis parten de la premisa de que, en la Unión Americana, el Estado de derecho impera y la ley se cumple a cabalidad en todos los casos. También suponen que el combate al tráfico de drogas es una prioridad de todas las instituciones estadounidenses por igual y la corrupción no existe en ellas. Por último, asumen que las agencias de inteligencia y el gobierno de Estados Unidos “juegan limpio” y no colaboran con funcionarios corruptos de otros países.
Bajo estas premisas, la colusión entre autoridades y criminales se circunscribiría al territorio mexicano, y la verdadera voluntad de combatir al crimen organizado estaría en Washington. Creo que todos estos juicios son equivocados y me explicaré a continuación.
Para operar con eficiencia y siguiendo una lógica empresarial, los grupos delictivos buscan la complicidad de las autoridades (policías, gobiernos locales, agentes aduanales, oficiales de inteligencia, militares y demás), por medio de la cooptación, los sobornos, la amenaza o el uso de la violencia, y la inclusión de agentes económicos formales y actores políticos en las ganancias de los negocios ilícitos.
En resumen, las organizaciones criminales tejen redes de protección en torno a sus operaciones, para así llevar a cabo sus negocios con el menor número de obstáculos y la mayor cantidad de ganancias posibles. Estas redes de protección no se circunscriben a un Estado. Son, más bien, regionales y trasnacionales al mismo tiempo.
En su estupendo libro La droga, la verdadera historia del narcotráfico en México, Benjamin T. Smith desmenuza la historia de la colusión entre organizaciones criminales y autoridades, tanto en México como en Estados Unidos. Con un formidable esfuerzo de investigación y verificación de fuentes, el autor demuestra que, desde mediados del siglo XX, el tráfico de drogas cuenta con complicidades institucionales en ambos lados de la frontera.
Con ejemplos históricos y recientes, Smith echa por tierra la idea de que las autoridades mexicanas permiten que los narcotraficantes operen con impunidad, mientras que las fuerzas del orden en Estados Unidos persiguen el tráfico de drogas. Más bien, las organizaciones criminales han construido acuerdos de complicidad con autoridades locales del norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos, lo que deriva en una red de protección al mismo tiempo regional y trasnacional para sus operaciones.
