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García Luna y la protección al narco en Estados Unidos

No debe sorprendernos que las agencias de inteligencia estadounidenses colaboren con funcionarios coludidos con organizaciones criminales.
mié 25 enero 2023 06:00 AM
Former Mexican drug czar heads to trial accused of aiding El Chapo
Ilustración de la primera semana del desarrollo del juicio en contra de Genaro García Luna.

En medio del juicio que enfrenta en Estados Unidos, diversos capos del narcotráfico han declarado en contra de Genaro García Luna, aduciendo que el policía estrella de Fox y, sobre todo, de Calderón, le brindaba protección al Cártel de Sinaloa y se enriquecía al hacer negocios con esta organización criminal.

Ante estos testimonios, he escuchado a varios periodistas y analistas de México afirmar que parece sospechoso que Estados Unidos haya cooperado tan estrechamente con García Luna sin conocer sus lazos criminales.

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A grandes rasgos, la prensa mexicana formula tres hipótesis para explicar esta situación:

a) Washington no sabía de las actividades ilícitas de García Luna, lo que hablaría del poco profesionalismo de sus agencias de investigación;

b) el gobierno estadounidense conocía estos vínculos, pero estaba dispuesto a hacerse de la vista gorda con tal de seguir combatiendo al narcotráfico, y...

c) hay una venganza de la DEA o algún grupo delictivo en contra de García Luna y ahí está el origen de las acusaciones en su contra.

Estas hipótesis parten de la premisa de que, en la Unión Americana, el Estado de derecho impera y la ley se cumple a cabalidad en todos los casos. También suponen que el combate al tráfico de drogas es una prioridad de todas las instituciones estadounidenses por igual y la corrupción no existe en ellas. Por último, asumen que las agencias de inteligencia y el gobierno de Estados Unidos “juegan limpio” y no colaboran con funcionarios corruptos de otros países.

Bajo estas premisas, la colusión entre autoridades y criminales se circunscribiría al territorio mexicano, y la verdadera voluntad de combatir al crimen organizado estaría en Washington. Creo que todos estos juicios son equivocados y me explicaré a continuación.

Para operar con eficiencia y siguiendo una lógica empresarial, los grupos delictivos buscan la complicidad de las autoridades (policías, gobiernos locales, agentes aduanales, oficiales de inteligencia, militares y demás), por medio de la cooptación, los sobornos, la amenaza o el uso de la violencia, y la inclusión de agentes económicos formales y actores políticos en las ganancias de los negocios ilícitos.

En resumen, las organizaciones criminales tejen redes de protección en torno a sus operaciones, para así llevar a cabo sus negocios con el menor número de obstáculos y la mayor cantidad de ganancias posibles. Estas redes de protección no se circunscriben a un Estado. Son, más bien, regionales y trasnacionales al mismo tiempo.

En su estupendo libro La droga, la verdadera historia del narcotráfico en México, Benjamin T. Smith desmenuza la historia de la colusión entre organizaciones criminales y autoridades, tanto en México como en Estados Unidos. Con un formidable esfuerzo de investigación y verificación de fuentes, el autor demuestra que, desde mediados del siglo XX, el tráfico de drogas cuenta con complicidades institucionales en ambos lados de la frontera.

Con ejemplos históricos y recientes, Smith echa por tierra la idea de que las autoridades mexicanas permiten que los narcotraficantes operen con impunidad, mientras que las fuerzas del orden en Estados Unidos persiguen el tráfico de drogas. Más bien, las organizaciones criminales han construido acuerdos de complicidad con autoridades locales del norte de nuestro país y el sur de Estados Unidos, lo que deriva en una red de protección al mismo tiempo regional y trasnacional para sus operaciones.

 

Además, diversos autores han demostrado que el gobierno mexicano y las agencias de inteligencia estadounidenses (sobre todo, la DEA) han sido selectivos en el combate al narcotráfico: son permisivos con determinados grupos y persiguen con más fuerza a otros, a fin de focalizar esfuerzos y debilitar a quienes causan más violencia, en el caso mexicano, o contribuyen de manera más decisiva a la epidemia de adicciones y sobredosis, en el caso estadounidense.

Por tanto, no debe sorprendernos que las agencias de inteligencia estadounidenses colaboren con funcionarios coludidos con organizaciones criminales. Es más: no puede descartarse que esas complicidades se gesten en acuerdo con Washington o incluso siguiendo lineamientos del gobierno estadounidense.

Más allá del morbo que produce el caso García Luna, estamos en un escenario propicio para discutir otra clase de preguntas, como: ¿Le sirve de algo a México combatir con violencia militar a los grupos criminales, cuando de todos modos éstos llegan a acuerdos con autoridades en ambos lados de la frontera, al tiempo que la demanda de estupefacientes sigue al alza en Estados Unidos? ¿Es pertinente discutir sobre el tráfico de drogas bajo una lógica de separación tajante entre el Estado, la sociedad, la economía formal y el mundo criminal? ¿No sería mejor analizar los vasos comunicantes entre estos campos? ¿Las redes de protección al tráfico de drogas son reglas o excepciones? ¿Sirven los marcos nacionales para analizar este fenómeno o están superados y es momento de pensar el problema en términos trasnacionales?

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Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

 
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