Esa fuerza está causando nuevos estragos contra la democracia, con todo y que Trump ya no despacha en la Casa Blanca y que su partido no tiene mayoría en la Cámara de Representantes ni en el Senado.
En la Suprema Corte, por ejemplo, una mayoría de jueces ultraconservadores acaba de revertir Roe vs. Wade, uno de los criterios constitucionales más relevantes en la historia moderna de la justicia estadounidense. En dicho criterio, vigente desde 1973, la Corte había interpretado que la Enmienda Catorce amparaba a nivel federal el derecho a tener un aborto. En cambio, a partir de hace dos semanas, las autoridades de cada estado de la Unión Americana podrán decidir al respecto.
Semejante fallo abre una tremenda caja de Pandora constitucional en al menos tres sentidos. Primero, porque hace evidente la fragilidad de los derechos cuando no están explícitamente sancionados por la Constitución y dependen, en consecuencia, de la correlación de fuerzas entre los jueces del máximo tribunal. Segundo, porque también podrían revertirse otros criterios establecidos por la Suprema Corte y basados en la Enmienda Catorce, por ejemplo, los relativos a la segregación racial, el uso de anticonceptivos o el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Y tercero, porque manda una señal de enorme trascendencia política: la Enmienda Catorce fue una de las llamadas “enmiendas de la reconstrucción”, incorporadas al texto constitucional en 1868, que procuraban dotar de derechos ciudadanos a todos los estadounidenses y de garantizar su protección equitativa tras el desenlace de la Guerra Civil y el fin de la esclavitud. La enmienda fue muy litigada por el bando derrotado, los confederados, pues trasladaba al ámbito federal potestades y procedimientos que hasta entonces habían pertenecido a los estados.
La decisión de la Corte Suprema, entonces, va en contra de derechos ya adquiridos, reabre heridas muy profundas y actualiza uno de los episodios más traumáticos del pasado estadounidense: el de la Guerra Civil. Con todo, el justificado escándalo que esto ha provocado parece estar distrayendo la atención de otro embate que están llevando a cabo las fuerzas trumpistas de cara al 2024: no por medio del Poder Judicial, sino en las legislaturas de los estados.
Como ha argumentado el politólogo David Pepper en su inquietante libro Laboratories of Autocracy (St. Helena Press, 2021), los poderes legislativos a nivel estatal se han convertido en otro ariete contra la democracia. En los estados donde los trumpistas tienen mayorías, están llevando a cabo una revolución tan silenciosa como autoritaria que busca exigir nuevos requisitos para ejercer el derecho al voto, obstaculizar el acceso a las urnas y cambiar el modelo de gobernanza electoral, es decir: quién cuenta los votos, cómo, quién monitorea el proceso, quién certifica los resultados, quién y cómo puede impugnarlos.
