Cuando Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", se declaró culpable de narcotráfico ante cortes estadounidenses, no fue únicamente la captura de un narcotraficante. Fue la confesión de una verdad incómoda: la colusión sistemática entre instituciones mexicanas y crimen organizado alcanzó niveles tales que permitió que un hijo del capo más famoso del mundo dirigiera una facción criminal durante 15 años, traficara toneladas de fentanilo, y solo enfrentara justicia en territorio estadounidense.
Cuando Washington juzga lo que México encubre
La condena de Joaquín Guzmán López exhibe que la justicia mexicana sigue siendo el eslabón más débil de la seguridad nacional.
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La gravedad no está en lo que El Güero hizo, sino en quiénes lo permitieron.
El arquitecto de una operación criminal masiva
Joaquín Guzmán López no era un operador menor, si muy discreto y de bajo perfil. Formó parte de "Los Chapitos", supervisando laboratorios de metanfetamina, coordinando importación de precursores químicos y gestionando distribución en toda Sinaloa. Fue identificado por el Tesoro estadounidense como responsable de proporción significativa del fentanilo ilícito que cruzaba la frontera.
Documentos judiciales indican que Los Chapitos generaban más de 10 millones anuales. Eso no se logra sin infraestructura masiva y, crucialmente, sin protección institucional. Con apenas 22 años fue reclutado para asumir responsabilidades operacionales altas. Su confesión anterior a la corte, donde respondió "narcotraficante" como su ocupación, reflejaba la realidad: por más de una década operó bajo un sistema que no solo lo permitió, sino que lo facilitó.
El veredicto como síntoma de corrupción estructural
La declaración de culpabilidad debe interpretarse como lo que realmente es: una acusación contra la arquitectura de corrupción que mantuvo a El Güero operando.
El Mayó Zambada, cofundador histórico del cártel, reconoció bajo juramento que "alentamos corrupción al pagar policías, comandantes militares y políticos que nos permitieron operar libremente".
No eran sobornos ocasionales.
Era un sistema donde la corrupción no era el problema, sino la regla. Si El Mayo pagaba funcionarios durante 56 años bajo seis presidentes diferentes, ¿por qué El Güero habría sido una excepción? Los tribunales estadounidenses ahora tienen declaraciones juradas. Tienen cooperantes. Washington tiene documentación irrefutable de lo que México prefiere no examinar.
El pánico en los palacios, ¿quién debería estar preocupado?
Aquí está la pregunta incómoda: ¿Cuántos políticos, militares y policías que recibieron dinero de Guzmán López verán sus nombres en documentos presentados ante cortes estadounidenses?
El acuerdo de Joaquín incluye cooperación amplia.
Los fiscales estadounidenses esperan revelaciones sobre la arquitectura completa de corrupción. Eso significa nombres, fechas, transacciones específicas. Su hermano Ovidio ya coopera. Sus tíos han sido trasladados bajo protección estadounidense.
La máquina de cooperación criminal está en marcha.
Para gobernadores que permitieron operaciones, hay exposición a lavado de dinero. Para militares y policías que proporcionaron inteligencia, riesgo de conspiración. Para políticos con financiamiento del cártel, exposición a lavado de dinero y financiamiento ilegal. El factor crítico: Joaquín Guzmán López está vivo. Puede testificar. Puede ser interrogado bajo procedimiento estadounidense.
La pregunta más aterradora es simple: ¿Hay comunicaciones sobre mí? ¿Hay transacciones registradas bajo mi nombre? ¿Hay testigos que documenten mis encuentros con operadores del cártel?
El mensaje de desconfianza: ¿por qué Washington no cree en México?
Cuando dos hijos de El Chapo se declaran culpables en cortes estadounidenses, cuando El Mayo es capturado en Estados Unidos, cuando toda la infraestructura de persecución pasa a manos estadounidenses, presenciamos desconfianza institucional sin precedentes.
Washington no está siendo agresivo. Está siendo realista.
La experiencia histórica lo justifica: México ha demostrado incapacidad de procesar capos sin interferencia de corrupción. Eso no es interferencia diplomática.
Es estrategia de seguridad nacional basada en realidades documentadas.
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Soluciones concretas para romper el ciclo
La corrupción expuesta requiere reformas estructurales: independencia fiscal total con fiscal de 10 años nombrado multipartidistamente (utopía qu se rebate con el proceso viciado que tenemos actualmentepara la FGR); auditoría patrimonial externa de funcionarios que operaron en Sinaloa 2008-2021; cooperación vinculante con Estados Unidos para congelar activos del cártel; reforma radical de cuerpos de seguridad con salarios competitivos e inteligencia internacional; y transparencia selectiva en cooperación con Estados Unidos.
El espejo que no queremos ver
La declaración de Joaquín Guzmán López es un espejo que México debe observar directamente. No es sobre un narcotraficante arrodillado. Es sobre una nación donde instituciones fueron tan completamente capturadas que un hijo de capo dirigió operaciones criminales 15 años sin enfrentar justicia hasta ser capturado en territorio estadounidense.
Lo más aterrador: probablemente no era excepción, sino regla. La pregunta final es si México usará esta crisis para construir instituciones genuinamente independientes, o continuará con reformas de fachada mientras cortes estadounidenses documentan su verdadera realidad.
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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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