México es un país con muchos problemas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, realizada por el Inegi, las cinco principales preocupaciones de las y los mexicanos mayores de 18 años son la inseguridad (64.2%), la salud (34.5%), el aumento de precios (31.9%), la escasez de agua (29.8%) y el desempleo (25.5%). El primer tema supera por mucho al resto, incluso al narcotráfico, que aparece en séptimo lugar, con 22.5%. Que exista una brecha tan amplia entre ambos ya nos dice bastante: para la población, la inseguridad va más allá del crimen organizado y, particularmente, de los cárteles del narcotráfico.
Impunidad, entorno y vida diaria: la anatomía del miedo en México
Para la población, la inseguridad va más allá del crimen organizado y, particularmente, de los cárteles del narcotráfico.
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Antes de profundizar en esa idea, vale la pena detenerse en el humor social sobre el tema. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) para el tercer trimestre de 2025, también del Inegi, muestra que 57.9% de la población cree que las condiciones de seguridad pública en los próximos 12 meses empeorarán o seguirán igual de mal. Esto representa un aumento de 11.8 puntos respecto al mismo trimestre de 2024, una señal clara de preocupación creciente.
Ahora bien, existen distintos factores que influyen en cómo las personas perciben la inseguridad. En primer lugar están las llamadas incivilidades, que incluyen delitos (como los robos en general), faltas administrativas (consumo de alcohol o drogas en la vía pública, tirar basura, etc.) y conflictos cotidianos que afectan directamente a las personas. En segundo lugar está la impunidad: de los 33.5 millones de delitos cometidos en 2024, sólo 0.8% tuvo una resolución favorable en el Ministerio Público, según el Inegi, lo que alimenta el ciclo de criminalidad. Finalmente, está el diseño arquitectónico del entorno, conocido como “Diseño Ambiental para la Prevención del Delito” (CPTED), que se refiere a cómo las características del espacio público pueden inhibir o favorecer la comisión de delitos.
Retomemos el primer punto: las incivilidades, que generan impactos diarios y tangibles. La ENSU revela que el 47.6% de los mexicanos afirmó haber sido víctima de un robo entre julio y septiembre de este año; 39.9% dijo haber observado la venta o el consumo de drogas en las calles; y 34.8% reportó haber escuchado disparos en la vía pública. Son cifras altas para un país que, según datos del Secretariado Ejecutivo, supuestamente se está “pacificando”.
Las faltas administrativas y los conflictos comparten rasgos importantes, pues estos últimos pueden surgir a partir de las primeras, aunque no siempre. Son situaciones tan presentes en la vida diaria que muchas veces ya ni las notamos, aunque sí nos afectan. En el tercer trimestre de 2025, el Inegi registró que 34.3% de las personas tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento. Los más comunes fueron los relacionados con lugares de estacionamiento (12.2%), basura quemada o tirada por vecinos (12.2%), ruido (12.1%), problemas con animales domésticos (7.9%) y chismes o malentendidos (6.1%).
En general, estas son faltas administrativas —con excepciones, como los chismes— que la autoridad suele no atender, aun cuando existen reportes vecinales. La desatención de lo básico hace que los problemas escalen, ya que aumenta la tensión social, lo que puede desencadenar riñas, heridas y muertes, o bien, dejar en desprotección a quienes prefieren “aprender a vivir con ello”. Lo mismo ocurre cuando se incumplen los reglamentos de construcción o de tránsito: una obra que trabaja fuera de horario, un motociclista que circula entre carriles y golpea un auto sin enfrentar consecuencias, entre muchos otros ejemplos. Me atrevería a decir que, incluso en estos datos, existe un subregistro debido a su normalización.
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Si de verdad queremos construir una mejor convivencia social, es indispensable fortalecer a las policías municipales, que deberían estar capacitadas para atender este tipo de problemas y contar con un marco legal adecuado que les permita intervenir. Pero, sobre todo, se requiere voluntad política. Incluso las corporaciones más preparadas quedan atrapadas en un ciclo de atención reactiva al delito, sin tomar en cuenta los factores criminógenos que lo generan.
Para concluir: en México se ha popularizado en los últimos años el concepto de “policías de proximidad” y la creación de “secretarías de seguridad ciudadana”. Su eje es la prevención del delito con un enfoque centrado en la persona y en la colaboración comunitaria para mejorar las condiciones de seguridad en el entorno inmediato. Pero si esto se queda sólo en siglas y discursos, el país seguirá atrapado en la vorágine de violencia y tensión social en la que hoy se encuentra.
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Nota del editor: Saulo Dávila (@SauloDavila) es consultor especializado en seguridad pública en Integralia (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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