Según la información oficial, en los primeros cinco meses del año la extorsión creció casi 28% contra el mismo periodo de 2021.
Con ello, el periodo enero mayo 2022 se posicionó como el de mayor tasa de víctimas de este delito desde que se cuenta con registros. El segundo lugar lo ocupa 2019, seguido de 2021 y en cuarto lugar se posiciona 2020. Con ello –a tan sólo tres años y medio del inicio de esta administración– podemos afirmar que este es el peor sexenio en materia de extorsión.
Las entidades que este año ocupan los primeros lugares del ranking nacional son Zacatecas, el Estado de México, Colima, Baja California Sur y Nuevo León. Cabe señalar que la tasa de Zacatecas, la que ocupa el primer lugar nacional, reporta una tasa de 14.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa un 35% más de la del Estado de México y un 110% mayor que la de Colima.
En contraste, sorprende que la entidad que menos víctimas reporte sea Chihuahua. En todo este año apenas se han registrado 0.08 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Las diferentes encuestas de victimización que se han hecho en el país, coinciden en que este es uno de los delitos con mayor cifra negra ya que esta supera el 99%. Es decir, por cada 100 extorsiones que ocurren en México ni siquiera 1 se llega a investigar.
Asimismo, dichas encuestas permiten saber que el 90% del total de casos corresponden a amenazas o fraudes -que se cometen por medio de llamadas o mensajes-, mientras que el restante 10% son hechos que ocurren de manera presencial.
La autoridad ha reconocido que la extorsión telefónica por lo general proviene de los penales de nuestro país. Desde 2014 en el ONC hemos exhibido cómo los reos ejecutaban en promedio 250 llamadas diarias de extorsión en la absoluta impunidad.
En los últimos años la extorsión ha crecido de forma considerable por medio de mensajes electrónicos; duplicando perfiles de redes sociales como Facebook e Instagram o con el robo de la cuenta de WhatsApp.
En el caso de las empresas, la extorsión que se ejecuta en el espacio virtual incluye los hackeos y secuestros de información. En este tipo de ilícitos los delincuentes están mucho más capacitados y suelen delinquir desde fuera de nuestro país.
Si bien los engaños y fraudes representan un daño patrimonial enorme para las personas y empresas, es la extorsión presencial la que representa un verdadero riesgo para la integridad física o la vida de las personas; la subsistencia de pequeños negocios, como de grandes empresas; así como para la democracia y gobernanza del país.
Las pequeñas empresas suelen ser las más afectadas. Ante la amenaza con armas el comerciante cuenta con pocos elementos de protección y es poco propenso a denunciar.
Recientemente la extorsión presencial ha evolucionado en otras formas: el control de mercados lícitos y la extorsión a autoridades.
La delincuencia organizada controla quién puede producir, distribuir y vender en ciertas zonas del país, determinados productos. De tal suerte que se generan auténticos monopolios, que afectan el precio de los bienes y el bienestar de comunidades.
De todas las formas de extorsión, la que en el largo plazo tendrá los efectos más adversos, es la que se ejecuta en contra de autoridades.
Dicha conducta incluye el control de las licitaciones; la transferencia directa de recursos públicos o la designación y el control de funcionarios.
La experiencia nacional como internacional nos muestra que acotar o incluso eliminar delitos es posible, siempre y cuando se desarrolle una adecuada estrategia, se sume a los diferentes actores sociales y se destinen los recursos necesarios.
Además es necesario que se definan con objetividad indicadores que ayuden a entender avances y retrocesos; se garanticen sistemas de denuncia anónima -para proteger - las víctimas; se combata la corrupción y se recupere la rectoría del sistema penitenciario.
A sabiendas que el gobierno federal sigue insistiendo en que “vamos bien” y “estamos logrando grandes resultados” es poco probable que algo de lo antes mencionado se cumpla.
Tampoco podemos esperar mucho de las autoridades locales, sabemos que el interés político prevalece por encima del bienestar de la sociedad; que toda la atención de los actores políticos está puesta en la sucesión presidencial de 2024 y por ello, la necesaria cooperación entre niveles de gobierno no parece ni una prioridad, ni tan siquiera factible -particularmente con los gobierno de oposición-.
Es decir, de aquí al final del sexenio el panorama es adverso, por ello, no descartamos que este delito y otros más, sigan creciendo, que cada vez haya más víctimas y más consecuencias negativas.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
