El pasado domingo 5 de junio se llevaron a cabo elecciones para renovar gobernador en seis entidades del país: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
Los resultados electorales se mantuvieron como se había pronosticado: la alianza que encabeza Morena se llevó cuatro de las seis gubernaturas, mientras que la alianza del PAN-PRI-PRD retuvo Aguascalientes y Durango.
La única entidad que pudo haber dado la sorpresa fue Tamaulipas, a lo largo de la jornada electoral hubo momentos en donde la contienda parecía favorecer a la alianza que encabeza el PAN.
Para algunos analistas la victoria de Morena en cuatro entidades suena a una parcial derrota, hace pocos meses el mismo dirigente del PAN daba por perdida todas las contiendas y el dirigente de Morena afirmaba que habrían de llevarse el carro completo.
Más allá de las lecturas políticas que se puedan dar, lo cierto es que el mapa nacional se ha pintado del color guinda de Morena. En pocas semanas el partido de López controlará las dos terceras partes del país.
Ante ello es relevante analizar (1) el desempeño de la maquinaria que mantiene viva nuestra democracia; (2) el papel de los partidos políticos; (3) el conocimiento de los candidatos acerca de los retos que enfrentarán en materia de seguridad y justicia y (4) qué esperar de los nuevos gobiernos en dicha materia.
(1) Pese a la campaña de descrédito que el presidente López y Morena han sostenido sobre el Instituto Nacional Electoral (INE), la evidencia de cómo se llevó a cabo la elección; la capacidad para instalar casillas; motivar a la gente a participar; capacitar ciudadanos; intentar generar un piso parejo en la contienda; llevar a cabo conteos rápidos; manejar adecuadamente el padrón electoral, demuestra que el INE es una gran institución que los mexicanos debemos reconocer y proteger.
(2) La democracia en nuestro país es cada vez más relevante y efectiva, muestra de ello es que para los partidos políticos, candidatos, grupos de interés, la injerencia en el proceso electoral es indispensable para poder controlar a la ciudadanía y al poder del Estado.
Dicho de otra manera, si en México robar elecciones o controlar las decisiones de las autoridades fuese tan sencillo, los partidos políticos y la delincuencia organizada no cometerían tal serie de abusos y delitos.
Si en México la democracia fuese débil, no sería necesario que los partidos y la delincuencia se aliaran para comprar votos, amenazar candidatos o acarrear personas.
Lamentablemente, los delitos electorales y la violencia electoral han crecido porque en México hay un árbitro electoral que hace bien su trabajo; una prensa libre que exhibe los cochineros de candidatos y partidos; ciudadanos que demandan buenos gobiernos.
Por ello, para los partidos políticos violar la ley electoral y ejercer violencia sirve para subsanar la falta de propuestas reales; la ausencia de resultados a la hora de gobernar o la calidad de su candidatos.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) documentamos cómo en las elecciones de 2018 y 2021 ocurrieron un sinfín de delitos electorales y cómo hubo una clara injerencia de la delincuencia organizada en dichos procesos.
Cabe señalar que de tales evidencias y denuncias, quedaron absolutamente impunes, ni la fiscalía especializada ni la misma Fiscalía General de la República (FGR) han investigado el cúmulo de delitos electorales.
Por ello no sorprende que el pasado domingo 5 de junio pudimos conocer a través de redes sociales y medios de comunicación, conversaciones y hechos delictivos que demostraban la abierta compra de votos, las amenazas a la población, el manejo político de los diferentes programas sociales.
De nuevo debemos esperarnos que quedarán en la absoluta impunidad todos esos delitos que intentaron -y tal vez lograron- manipular el resultado electoral.
(3) El pasado 31 de mayo en el ONC presentamos el ejercicio Por un México Seguro que busca proporcionarle a la ciudadanía la información necesaria para ejercer un voto informado acerca del conocimiento, claridad y factibilidad de las propuestas de los candidatos a gobernador en materia de seguridad y justicia.
De los seis candidatos ganadores sólo Esteban Villegas, de la alianza PRI-PAN-PRD a la gubernatura de Durango y Mara Lezama de la alianza Morena-PT-PVEM-Fuerza por México, a la gubernatura de Quintana Roo, concluyeron las 242 preguntas que servían para desglosar sus propuestas en dicha materia.
Julio Menchaca, ganador de la contienda en Hidalgo por la alianza Morena-PT, se comprometió formalmente a participar y no cumplió.
Los gobernadores electos Teresa Jimenez de Aguascalientes, Salomón Jara de Oaxaca y Américo Villareal de Tamaulipas, abiertamente rechazaron sumarse a este ejercicio ciudadano.
Quien sí cumplió fue César Verástegui, de la alianza PRI-PAN-PRD candidato que casi logra llevarse la gubernatura de Tamaulipas.
Pese a que la incidencia delictiva y violencia que impera en el país debería motivar a los candidatos a tener un plan claro y específico para combatir el delito. Podemos afirmar que la mayor parte de los ganadores no cuenta con un plan para enfrentar el reto de seguridad en su entidad ni la disposición a rendirle cuentas a la ciudadanía.
En los casos de Villegas y Lezama reconocemos su esfuerzo por ser transparentes y abiertos, en cuanto a sus propuestas ya les hicimos llegar los comentarios específicos sobre cómo fortalecer sus planes.
(4) Los resultados del ejercicio Por un México Seguro -la falta de disposición al diálogo de los virtuales ganadores con sus electores, su desconocimiento sobre cómo enfrentar la delincuencia- deben preocuparnos.
Por un lado el gobierno federal sigue sin estrategia, sin capacidades y sin talento para enfrentar delitos y violencia; por el otro, los gobernadores salientes heredan retos propios de seguridad y una creciente debilidad institucional.
Aunado a ello, debe preocupar que la impunidad en el país haya llegado a su máximo histórico, en parte porque la FGR ha dejado de investigar, decomisar y trabajar; en parte porque los recortes presupuestales de las instituciones de seguridad y justicia han hecho menos efectivas a las policías y fiscalías locales.
Todo ello nos ha llevado a vivir el peor momento de incidencia delictiva y violencia del país, al tiempo que la delincuencia organizada vive su mejor etapa: en los últimos tres años fortaleció su presencia territorial, su capacidad de fuego y logró diversificar sus actividades criminales.
Si tomamos como ejemplo los resultados del primer año de gobierno de las 15 gubernaturas que se renovaron en 2021, podemos suponer que los gobernadores electos -particularmente aquellos que no se prepararon en la materia- sumarán sus entidades a aquellas que viven una profunda crisis de violencia, como es el caso de Baja California, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora o Zacatecas.
El presidente y su partido han celebrado estas elecciones como una contundente victoria. Indudablemente es una victoria para Lopez, debemos recordar que su partido pasó en poco menos de seis años a ser la principal fuerza política del país.
Dicho éxito conlleva un gran reto, lograr reducir delitos y violencia, garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer el Estado de Derecho. Para ello ya no hay excusas válidas: gracias a este resultado electoral, Morena controla las dos terceras partes del territorio nacional; el Ejecutivo Federal; es la mayor fuerza política en el legislativo federal y los congresos locales y ha nombrado a un número significativo de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es decir, Morena detiene el poder en México, suyos serán los logros o fracasos que veamos en lo que resta del gobierno de López y dichos resultados deberán guiar la decisión que los electores tomemos en 2024.
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Nota del editor: Francisco Rivas es Director del Observatorio Nacional Ciudadano. Síguelo en Twitter como @frarivasCoL Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
