El caso de Emilio Lozoya siempre ha sido una gran prueba para la justicia mexicana. Y no solo en este sexenio. Desde hace tiempo, el modus operandi de Lozoya y su papel en el peñanietismo lo convirtieron en la personificación de aquella versión de la corrupción priista. Y también del uso político de la justicia.
La impunidad con la que Lozoya se movió hasta hace muy poco era una representación perfecta de las deudas de la justicia mexicana con el país.
Es posible que el súbito cambio de rumbo ocurrido el miércoles sea punto y aparte. Hay una explicación legal para lo que le ha ocurrido a Lozoya, que ahora estará tras las rejas. Pero también hay una explicación política: hay límites a la desfachatez, sobre todo cuando pega en la línea de flotación al discurso central del gobierno en turno.
Corresponde a la autoridad asegurarse ahora de que las motivaciones políticas no prevalezcan sobre el adecuado curso jurídico del caso. La historia mexicana está llena de presos por conveniencia política, cuya posible culpabilidad resulta secundaria frente al descarado uso político de la justicia. El caso de Rosario Robles ya merece estar en esa categoría. Hay muchos otros ejemplos. No puede ocurrir lo mismo con Lozoya.
Lo deseable, en este caso, es que el proceso sea ejemplar. Importa por las acusaciones graves que enfrenta Lozoya, pero también por lo que Lozoya dice saber y por lo que representa. Un proceso legal correcto, en el que lo que importe sea la resolución confiable de un caso aberrante de corrupción antes que el uso político del acusado, daría legitimidad a la justicia mexicana y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En México, nadie debe estar por encima de la ley, pero la ley tampoco puede estar al servicio de nadie. Es hora de demostrarlo.
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