#ColumnaInvitada | El efecto boomerang para AMLO

De esta forma, nace en el imaginario popular el deseo ferviente y válido de enjuiciar a expresidentes de la República, si se comprueba que están involucrados en cualquier acto ilícito durante su administración.

Los ciudadanos experimentan un hartazgo social y político, por la corrupción rampante propia de los políticos mexicanos, pero también porque las condiciones económicas, sociales y educativas en las que viven se han visto afectadas por la falta de políticas públicas que mejoren sus condiciones de vida, que cualquier gobierno democrático está obligado a proporcionar a sus gobernados.

Ante este escenario la pregunta es ¿el presidente López Obrador tomará la decisión de enjuiciar a expresidentes de la República? En mi opinión, no. ¿Por qué? Por el llamado efecto boomerang. AMLO sabe perfectamente que si abre la oportunidad de llevar ante los tribunales y su eventual encarcelamiento a sus antecesores, esta decisión se le regresará como un boomerang en algún determinado momento y con la misma fuerza que lo lanzó, quedando expuesto a la misma circunstancia de ser juzgado, principalmente por el uso de programas sociales con fines clientelares.

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López Obrador es un excelente estratega de comunicación, él decide cuándo y cómo dice algo y ante qué auditorio. Él sabe que lo realmente importante hoy en día son las elecciones intermedias y, por ende, tiene que exhibir y debilitar a la oposición para consolidar su proyecto político de nación. Sin embargo, no debe de perder de vista que México requiere de la consolidación del Estado de Derecho, por medio de acciones positivas y firmes que manden un mensaje contundente de que la Justicia en México no puede negociarse y que si alguien comete una conducta ilícita será sometido a la acción de la justicia, pagando por sus actos u omisiones.

Los pactos de impunidad en poco ayudan un sistema de justicia de por sí frágil y poco confiable, necesitamos tener la certeza de que se enjuiciarán a todos aquellos servidores públicos corruptos y de que no se favorecerá la impunidad de Lozoya ni de nadie, amparados en el ya famoso “criterio de oportunidad”, que otorga beneficios de manera indebida a los inculpados a cambio de la delación de sus cómplices.

Este mecanismo ha demostrado en el pasado ser poco confiable por carecer de veracidad y objetividad, como lo vimos en la administración de Felipe Calderón, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició procesos penales en contra de decenas de servidores públicos federales e, incluso, de presidentes municipales, en el caso conocido como el “Michoacanazo”.

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La PGR basó sus imputaciones en los dichos de testigos protegidos y colaboradores, todos integrantes de la delincuencia organizada de diversos rangos, que para salvarse de una pena de prisión elevada accedieron a las peticiones de la Procuraduría para inculpar a funcionarios y demás acusados que en muchos de los casos no tenían nada que ver con organizaciones criminales o del narcotráfico, pero más aún, estos “testigos” de la entonces PGR vieron que los beneficios serían muy sustanciales e incluso económicos por su colaboración, por lo que no dudaron en dar declaraciones a modo, según conveniencia de los agentes del Ministerio Público encargados del caso.ç

Finalmente, esa investigación se fue derrumbando jurídicamente y, al no poder el Ministerio Público sostener sus acusaciones, los jueces penales ordenaron la liberación de todos los detenidos por este caso.

La experiencia nos enseñó que el negociar la justicia en nuestro país no es la mejor alternativa, por lo que la Fiscalía deberá demostrar su autonomía respecto al titular del Poder Ejecutivo y demostrar a los ciudadanos que, si alguien infringió la Ley, será sancionado sin importar de quien se trate, y sin temores políticos de que el efecto boomerang los alcance algún día.

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Nota del editor: el autor ha laborado en dependencias de la Administración Pública; Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, cómo socio consultor en Consultoría “CMC Análisis e Inteligencia Empresarial”, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.

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