Pero el INE no ha sido el único organismo que ha sido puesto en la mira del presidente. En su mañanera del 11 de diciembre pasado anunció que antes de cerrar su mandato propondrá eliminar a organismos autónomos en una iniciativa de reforma administrativa y con el fin de ahorrar recursos.
Entre los organismos que a su juicio “no sirven de nada” y por tanto deben ser eliminados, mencionó a los institutos Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección da Datos Personales (INAI), el Federal de Telecomunicaciones (IFT), además de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Federal de Competencia Económica (Cofece).
“Hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos (…) todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de Ley que quiero enviar”, adelantó.
“Tienen que desaparecer todos esos organismos” y en la iniciativa –esbozó– delineará “cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el INAI, el IFT, la Cofece, la CRE, que no sé cuánto” y que -acusó– intervienen cada que él quiere “defender a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad”.
Tres cambios en programas sociales
Entre agosto y diciembre el presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, propusieron cambios en el alcance o en la base legal de tres programas sociales.
Estos son muy concretos: reducir en la Constitución la edad para las pensiones de adultos mayores, incluir en la Carta Magna los apoyos a personas con discapacidad, a las que se ampliará el respaldo para rehabilitación, y hacer constitucional el programa Sembrando vida.
El 29 de septiembre, en el Estado de México, el mandatario afirmó: “tengo yo ya pensado enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para ajustar. (…) Ya logramos que el programa de adultos mayores esté en la Constitución, es decir que sea un derecho constitucional, y ya está, pero como antes era a partir de los 68 y ahora es a partir de los 65, antes de que yo me vaya, vamos a hacer la modificación para que quede de 65 en adelante”.
También dijo que se buscará que el reparto de esa pensión sea mensual o quincenal con el apoyo de la Secretaría de Bienestar y el Banco de Bienestar en acuerdo con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El 3 de diciembre, en el Día Internacional de las personas con discapacidad, el presidente inauguró el Centro de Rehabilitación del Teletón (CRIT) Sinaloa, en Mazatlán y ahí insistió en que en febrero enviará una iniciativa al Congreso para dar rango constitucional a las pensiones para personas con discapacidad e incluir algo que no está hoy en ley ni incluido en ningún programa social: el derecho a la rehabilitación para menores.
“Nos faltan 10 meses en el gobierno, pero así como se dio ese nivel constitucional a la pensión para adultos mayores, eso mismo voy a hacer para que personas, personitas, niños, niñas con discapacidad, también sea un derecho constitucional y esté quien esté no puedan quitarles y se les garantice el derecho a la rehabilitación también”, dijo.
“En febrero y antes de irnos voy a enviar que se elevar a rango constitucional el derecho de los discapacitados porque no está”, agregó el 7 de diciembre al explicar que la pensión es importante pero se requiere tratamiento en el caso de discapacidades, pues algunas inician como leves y si no se atienden se convierten en graves o permanentes, con un alto costo económico para las familias.
En Sinaloa, reconoció que no existe un programa de gobierno para dar esa rehabilitación por lo que “no se puede presumir con sombrero ajeno” ya que actualmente esta se da a través de Teletón, financiado con fondos privados, aportaciones de la población e incluso recursos públicos pues hay 30,000 becas acordadas en convenios con el gobierno.
Otro ajuste en materia social fue expuesto por Alcalde Luján al participar en la plenaria de legisladores morenistas, el 31 de agosto.
Ahí sostuvo que en la recta final del gobierno de López Obrador no se presentarán iniciativas novedosas al Congreso, sino cuatro “para consolidar lo hasta ahora andado”, y agregó a todo el paquete la propuesta para elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida.
