Elecciones 2027: todavía no arrancan las precampañas y ya hay 416 quejas por promoción adelantada

Unos con más y otros con menos protagonismo y recursos, pero ya hay aspirantes a candidatos, encubiertos bajo las figuras de coordinadores en “Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” promovidos por Morena y sus aliados; “Guardianes Verdes” del Partido Verde (PVEM); “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad", del PAN y “Defensores de México”, del PRI.

El consejero del INE Arturo Castillo Loza urgió desde marzo, en privado y en sesiones públicas, emitir lineamientos que regulen las actividades en este periodo, pues a pesar de que no puede considerarse como precampaña porque el Proceso Electoral Federal (2026-2027) arranca hasta septiembre, ha advertido que esto podría impactar en la equidad en esa elección.

De acuerdo a sus datos, no se trata de solo unos casos aislados, sino que ya comenzó el gasto y la difusión en medios de comunicación nacional, y eso podría generar una cancha dispareja que ya no podría corregirse.

Según datos del INE ya se reportan reclamos por inacción de la autoridad electoral en, al menos, 13 entidades federativas.

“Los datos más recientes proporcionados por nuestras 32 Vocalías Ejecutivas reportan hallazgos en 29 entidades federativas, propaganda impresa y digital en 26 entidades, al menos 11 entrevistas en medios nacionales por parte de personas que aspiran a cargos políticos y de elección popular”, indica.

A eso se agregan 39 renuncias o licencias de personas en 14 entidades que aspiran a esos mismos cargos, por lo que su despliegue es inminente.

“También se reporta la presentación de ya 416 quejas o denuncias a lo largo de 23 entidades federativas, incluida una denuncia de hechos por parte de una Vocalía Ejecutiva del Instituto”.

Responsabilidad de los partidos

Para Daniela Arias, coordinadora de Laboratorio Electoral, los primeros responsables de esta situación de ilegalidad son los partidos políticos, pues prácticamente todos han incurrido en ese tipo de actos adelantados y, vía sus legisladores, no han establecido suficientes candados en la ley para frenar esas conductas.

“El primer responsable de esto, pues evidentemente son los partidos políticos, pero el segundo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), porque el INE independientemente de la división que hubiera en el Consejo General, ha intentado regular y los magistrados revocaron las normas que se había acordado establecer en 2023”, señala.

Así, las responsabilidades se extienden a quienes deberían ser garantes de que las leyes se respeten y las elecciones sean íntegras.

Para la experta, la mayoría de los consejeros del INE no quieren actuar ante la expectativa de que el Tribunal Electoral les revoque sus lineamientos.

“El INE está esperando a que el tribunal les diga que sí, que no los va a echar para atrás y el Tribunal realmente está permitiendo que los partidos políticos, todos, pues infrinjan la ley”, considera Arias.

Para Luis Eduardo Medina Torres, especialista en materia electoral y catedrático de la Universidad Metropolitana (UAM), además de los juzgadores, Morena tiene gran responsabilidad porque es el que ha comenzado a adelantar los tiempos con las figura de responsables de comités estatales y comités municipales que en el fondo van a ser las personas que ocuparán las candidaturas.

“La elección está a un año y sin embargo ya vemos que están presentándose tanto licencias en la Cámaras de Diputados y del Senado de la República y en las cámaras locales, todo en aras de volcarse ya en tareas proselitistas", señala.

Las precampañas superadelantadas

En 2007 se regularon por primera vez las precampañas y en 2014 se agregaron algunos candados y sanciones.

En 2023 la Comisión de Quejas del INE votó un proyecto que proponía suspender las actividades de Morena en el proceso de las llamadas “corcholatas” presidenciales en el que participó la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, pero solo la hoy exconsejera Claudia Zavala votó a favor.

En el Tribunal Electoral, solo una magistrada electoral, Janine Otálora, propuso invalidar el proceso convocado por Morena para las giras de las entonces “corcholatas” presidenciales. La mayoría de los magistrados, sin embargo, dieron luz verde.

Lo que sí confirmaron fueron las medidas de cautela preventiva emitidas por el INE, según las cuales podrían seguir ese proceso siempre y cuando no llamen al voto (a favor o en contra), no usen tiempos oficiales, no promuevan la plataforma electoral, ni realicen promesas electorales para no cometer una infracción electoral, todo eso aunque se realizaran mítines, recorridos y gastos.

Ese "permiso" para promoverse anticipadamente provocó que hoy todos los partidos hayan copiado el método de Morena para adelantarse a los tiempos y, por tanto, ya haya propaganda y promoción de personajes políticos sin fiscalización de recursos.

Por eso, una de las propuestas ahora promovidas por el consejero Arturo Castillo consiste en que el INE pueda proceder al retiro inmediato de propaganda masiva, como la desplegada en espectaculares, mobiliario urbano o bardas.

Además, plantea que se prohíba el uso de tiempos de radio y televisión en esas actividades y la obligación del INE a incluir los gastos realizados en esos procesos y contabilizarlos al momento de la fiscalización para valorar posible rebase en el tope de gastos.

¿Quién comenzó con las precampañas adelantadas?

El desorden no comenzó con Morena, lo inició el expanista Vicente Fox que tres años antes de la elección presidencial de 2000 comenzó a promoverse.

Luego, en 2014 lo perfeccionó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como asociación civil y a partir de 2015 ya como partido Morena, pues más de un año antes de las elecciones comenzó a nombrar “Promotores de la Soberanía Nacional” que realizaron mítines y gastos para meses después ser registrados como candidatos.

En estos 12 años han cambiado de nombre: de "Coordinadores en Defensa de la Cuarta Transformación" a "Coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional".

También han evolucionado los criterios del Tribunal Electoral Antes analizaba el contexto, la temporalidad para determinar si se incurría en llamados al voto implícitos y por tanto en actos anticipados de precampaña.

Hoy sus magistrados consideran que solo hay irregularidad si el llamado al voto es explícito, por lo que basta con cuidarse de no decir esas palabras para no incurrir en irregularidades.

Estados ponen ejemplo al INE

Aunque el INE esté inactivo, hay estados en los que se ha dado el ejemplo de que se puede poner freno.

En Tlaxcala, derivado de una denuncia ciudadana interpuesta en abril, el OPLE y Tribunal Electoral del estado impusieron medidas cautelares en contra del morenista Alfonso Sánchez García, en su calidad de presidente municipal de Tlaxcala y esposo de Marcela González, lideresa de Morena en el estado.

El fue denunciado por supuestos actos anticipados de precampaña y campaña a través de la pinta de bardas, colocación de ocho espectaculares, promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos públicos en 15 ayuntamientos.

En el OPLE los consejeros Yedith Pinillo y Hermenegildo Neria impulsaron la decisión y evidenciaron que durante 25 días la autoridad electoral fue omisa.

Al final se ordenó al funcionario, ahora con licencia, el retiro inmediato, borrado o cobertura total de más de 39 bardas con el eslogan con el nombre de algún municipio y la frase “va con él” o “es él”, campaña con la que busca posicionarse para ser el “coordinador” de Morena en la entidad, es decir, el virtual candidato.

Otro caso se dio en Baja California, en que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) desechó una queja del PRI por posibles actos anticipados de campaña de la senadora de Morena Julieta Ramírez, pero el Tribunal Electoral revocó la decisión y ordenó abrir un procedimiento ordinario sancionador.

El Instituto había resuelto que los hechos denunciados no eran una violación a la propaganda debido a que no se encuentra en marcha un proceso electoral.

Así, es desde lo local y ante la inacción de autoridades electorales nacionales, como hasta ahora se ha intentado ordenar el proselitismo adelantado.

Para ambos expertos Daniela Arias, de Laboratorio Electoral, y Luis Eduardo Medina, de la UAM, pese al panorama electoral de violación de las normas y proselitismo adelantado, no cabe más que los partidos y ciudadanos sigan con la presentación de denuncias.

“Sí, pueden presentarse nuevas impugnaciones con nuevos con más elementos que se están usando recursos públicos, elementos que demuestren que se están pidiendo de alguna manera el apoyo futuro en la contienda,” dice Arias.

La clave, considera, es que en las denuncias o impugnaciones que se promuevan se pida al Tribunal que llame al INE a emitir nuevos lineamientos como sucedió en 2023.

“Sí hay algo que se puede hacer, pero esto implica que los partidos políticos lleven ante la autoridad electoral, en particular ante el Tribunal Electoral, todas las denuncias correspondientes por todo este adelanto que es un real desdoro de todas las prácticas de integridad electoral”, considera Medina Torres.

“Eso implica activar la ruta jurisdiccional que tendrían que llevar los partidos al Tribunal”, señala, aunque en realidad todos los partidos están acusados de las mismas conductas.