La actualización del Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas generó preocupaciones entre las organizaciones de derechos humanos debido a que reduce el número de desapariciones o las relaciona con ausencias voluntarias.
Este viernes, el gobierno federal presentó su análisis de estas estadísticas. Reconoció que actualmente hay 132,534 registros de desaparecidos. El 98% se notificó entre 2006 y 2026, por lo que las autoridades atribuyen estas desapariciones al crimen organizado.
Sin embargo, los datos oficiales aseguran que 36% de esos registros, equivalentes a 46,742 casos, no cuentan con datos suficientes y en el 31% de los casos (40,308) se han identificado supuestas actividades de las personas después de su fecha de desaparición.
Así que para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum solo están desaparecidas 43,128 personas (33% del total), ya que de ellas no hay ninguna actividad identificada.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) , acotar el número de desaparecidos a un tercio del total resta importancia a esta crisis que México enfrenta desde hace décadas.
“Minimiza la dimensión de una crisis que tiene rostro y que no se resuelve con búsquedas administrativas en registros públicos”, señaló.
La organización advirtió, además, que el gobierno se limitó a presentar las cifras, pero, en el caso de los registros con “datos insuficientes”, no anunció medidas de localización de esas personas ni acciones para subsanar las fallas en los registros, atribuibles a las autoridades a cargo.
“En diversas administraciones las acciones alrededor de las desapariciones se han centrado en revisar registros y corregir cifras sin que se presente una Política Nacional de Prevención y Erradicación integral que permita abordar la dimensión de una crisis tan dolorosa”.
📌Sobre las cifras presentadas hoy como parte de la Estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas, presentada hoy durante la conferencia mañanera. Abrimos hilo 🧵👇🏻 pic.twitter.com/m41TP7Zi40
— Centro Prodh (@CentroProdh) March 27, 2026
Estas nuevas cifras también dan cuenta de la ineficiencia de las fiscalías estatales. Aunque están obligadas por ley a iniciar las indagatorias ante cualquier desaparición, solo existen 3,869 carpetas de investigación abiertas de los más de 130,000 casos registrados.
A decir de las organizaciones, estas cifras reflejan dos graves problemas ignorados por las autoridades: el reclutamiento forzado de personas por parte de los grupos criminales y los obstáculos que enfrentan las familias para denunciar, especialmente en contexto de riesgo .
“Frente a una desaparición, siempre ha existido la obligación de abrir una investigación penal. Si no se adoptan medidas adicionales, las familias seguirán enfrentando barreras para la apertura de investigaciones penales”, subrayó el Centro Prodh.
En un pronunciamiento por separado, otras 11 organizaciones que acompañan a familias de desaparecidos también expresaron su preocupación y señalaron que en varios sexenios se ha intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México.
“Lo presentado hoy no es la excepción: reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas”, afirmaron.
Señalaron, además, que condicionar el registro de una personas desaparecida a la existencia de una carpeta de investigación es “premiar la ineficiencia institucional”.
Aunque el Ejecutivo aseguró que en esta administración han sido encontradas 31,000 personas, las organizaciones recordaron que en muchas ocasiones son las familias y sus redes las que buscan en las primeras horas y logran localizarlas.
Fundar, Data Cívica, Cepad, Elementa, Universidad Iberoamericana, Incidencia, Justicia Pro Persona, IMDHD, Voces, Global Exchange y Serapaz indicaron que en un país donde la cifra negra de delitos alcanza el 93%, utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es "una distorsión de la realidad".
"El número de carpetas de investigación no equivale al número de personas desaparecidas”.
Las organizaciones indicaron que también es grave la afirmación de las autoridades de que el 96% de las personas no localizadas no fueron víctimas de delitos sin transparentar la metodología usada para llegar a esta conclusión.
Así que exhortaron al gobierno a explicar los cálculos, fuentes y métodos utilizados en esta actualización de datos.
Mientras tanto, deben continuar las acciones de búsqueda en campo, fortalecer y acelerar los procesos de identificación forense, y garantizar recursos suficientes para el desarrollo de las fiscalías y comisiones de búsqueda responsables de llevar a cabo estas acciones, agregó Causa en Común.
Todas esas funciones corresponden al Estado que, aunque lo niegue ante la ONU, también es responsable de las desapariciones “cuando sus instituciones permiten que las redes criminales operen con libertad y cuando los procesos de investigación son opacos”.
