Según la exposición de motivos, el dictamen presentado en mayo de 2025 busca evitar que la remoción de cédulas de búsqueda –frecuentemente utilizadas por familias y colectivos– obstaculice los procesos de localización y el acceso a la justicia.
Sin embargo, durante su análisis en comisiones legislativas, el pasado 25 de febrero, el dictamen sufrió modificaciones respecto a la redacción inicial de la iniciativa, pues se incorporaron ajustes al texto que regulan las condiciones en que las fichas de búsqueda pueden colocarse solo en "espacios públicos no prohibidos", lo que generó críticas de colectivos de familiares de personas desaparecidas que consideraron que esos cambios pueden abrir la puerta a restricciones en su difusión.
Frente a este cambio en el dictamen, donde se introduce la idea de “espacios públicos permitidos o prohibidos” para la colocación de fichas de búsqueda, algunos legisladores como la diputada Tonantzin Cárdenas, del partido Futuro, alzaron la voz para pronunciarse a favor de su modificación, con el objetivo de eliminar ese criterio y dejar claro que todo espacio público es un espacio legítimo para buscar.
"Las fichas son una herramienta de búsqueda ante la ausencia de respuestas suficientes del Estado. Mientras haya personas desaparecidas, no puede haber muros, restricciones ni decisiones discrecionales que obstruyan la búsqueda", expresó.
El colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco acusó que la reforma puede convertirse en una forma de censura institucional a las labores de búsqueda.
El colectivo señaló que clasificar los espacios públicos en “permitidos” y “prohibidos” para la colocación de cédulas de búsqueda refuerza una lógica de control del espacio urbano que, a su juicio, prioriza la imagen de la ciudad por encima del derecho de las familias a buscar y visibilizar a sus desaparecidos.
En su pronunciamiento, las familias afirmaron que la colocación de fichas en la vía pública es una práctica realizada con responsabilidad y con el objetivo de difundir información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Indicaron que habitualmente colocan las cédulas en postes o mobiliario urbano fuera de edificios institucionales, por lo que consideraron contradictorio que se argumente la necesidad de restringir estos espacios.
El colectivo también sostuvo que las cédulas de búsqueda no solo representan un mecanismo de localización, sino una forma de exigir verdad, justicia y preservar la memoria de las personas desaparecidas. Recordaron que, de acuerdo con los protocolos de búsqueda, estas fichas deben colocarse en el último lugar donde se vio a la persona y en espacios de alta concurrencia para aumentar las posibilidades de obtener información.
Las familias advirtieron que cualquier medida que limite la difusión de las cédulas puede obstaculizar las acciones urgentes de búsqueda que realizan los propios colectivos.
En ese sentido, señalaron que continuarán vigilando el proceso legislativo y las decisiones del Congreso, al considerar que las autoridades tienen la obligación de facilitar y no restringir las herramientas que permiten visibilizar la crisis de desapariciones.
La discusión ocurre además en un contexto particular para la entidad. Guadalajara será una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuyo arranque se encuentra próximo, lo que ha intensificado el debate sobre el uso y la imagen de los espacios públicos en la ciudad.
Para los colectivos de búsqueda, la polémica también refleja la tensión entre los preparativos de este evento internacional y la visibilización de la crisis de desapariciones en el estado, ya que las cédulas colocadas en calles y avenidas forman parte de las acciones con las que las familias mantienen presentes a las personas que siguen sin ser localizadas.
