La conexión
En el centro de ese acuerdo se encontraba una empresa estadounidense: Ikon Midstream, comercializadora de combustible con sede en Houston. La empresa compró el diésel canadiense y contrató a Torm Agnes para que lo entregara a México, según cuatro de las personas y documentos internos de Ikon Midstream a los que tuvo acceso Reuters.
Además del envío a Ensenada, Ikon Midstream organizó al menos otras cuatro entregas marítimas de diésel a México este año, según supo Reuters.
Entre el 8 de enero y el 4 de marzo, la compañía usó un buque cisterna diferente de la misma flota, Torm Louise, en cuatro ocasiones distintas para transportar carga desde Texas hasta el Puerto de Tampico, en la costa del Golfo de México, según datos de seguimiento de buques cisterna y la naviera Torm, que gestiona los buques Torm Agnes y Torm Louise.
Torm dijo a Reuters que ambos buques estaban cargados con diésel. Añadió que Torm Louise, en tres de sus viajes, también transportó nafta. En México, los contrabandistas suelen usar este hidrocarburo altamente inflamable para fabricar gasolina de baja calidad.
Sin embargo, en declaraciones a la aduana mexicana, Ikon Midstream dijo que los cinco envíos eran "aditivos para lubricantes" no sujetos al IEPS, según registros portuarios mexicanos obtenidos por Reuters a través de solicitudes de transparencia.
El producto declarado en los conocimientos de embarque de exportación estadounidenses para dos de los envíos de Torm Louise también eran lubricantes, según Kpler, proveedor de datos marítimos con sede en Bruselas.
Reuters es el primer medio en informar que Ikon Midstream etiquetó estos envíos de diésel como lubricantes en las declaraciones aduaneras estadounidenses.
Kpler dijo que no pudo compartir los documentos fuente debido a acuerdos de confidencialidad con sus proveedores de datos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que conserva copias de estos documentos, rechazó inicialmente una solicitud de acceso a la información presentada por Reuters en junio para obtenerlos.
En octubre, la CBP declaró que la información solicitada por Reuters estaba disponible en manifiestos de carga físicos que debían solicitarse personalmente en cada puerto de exportación, un proceso que la agencia describió como "demasiado largo" y sujeto a nuevos retrasos.
Torm, en un correo electrónico del 5 de agosto, dijo que no era responsable ni estaba involucrado en los trámites aduaneros para los envíos. Todos los documentos que recibió de Ikon Midstream, agregó Torm, declaraban consistentemente que los productos transportados en sus buques eran "ULSD y/o nafta". ULSD es el acrónimo de la industria para diésel ultrabajo en azufre. Torm se negó a compartir con Reuters los documentos que afirmó haber recibido de Ikon Midstream, citando obligaciones contractuales.
"Con base en lo que ha salido a la luz, hemos decidido no seguir haciendo negocios con Ikon Midstream", dijo Torm sin dar más detalles en un correo electrónico a Reuters el 27 de agosto.
Torm rompió relaciones comerciales con Ikon Midstream a principios de abril y canceló dos contratos futuros con la compañía, dijo un portavoz de Torm en un correo electrónico posterior a la agencia de noticias el 5 de septiembre.
Como parte de los esfuerzos de Reuters para buscar comentarios de Ikon Midstream, un periodista visitó la sede de la compañía en Houston en agosto, pero fue rechazado por una persona que dijo que trabajaba para Ikon Midstream y dio su nombre solo como Daniel.
Kenagy, como muchos ejecutivos involucrados en el comercio petrolero mundial valorado en más de un billón de dólares, proyecta una imagen de éxito. A principios de este año, compró una mansión y terrenos en Houston valorados en más de 6 millones de dólares, según registros de propiedad locales. Su cuenta de Instagram está repleta de imágenes de autos deportivos, motocicletas exóticas y jets privados.
Él y su esposa, Janelle Alexis Flatt, aparecieron en un episodio de 2022 del reality show Below Deck Sailing Yacht, que narra la vida de los miembros de la tripulación a bordo de un barco de lujo y sus experiencias con los huéspedes que lo alquilan.
Flatt no respondió a las solicitudes de comentarios.
Kenagy también es un agente registrado de al menos media decena de empresas que ya no están operativas, incluidas de minería, construcción y entretenimiento, según muestran los registros comerciales de Texas.
En México, una empresa con sede en Monterrey llamada Intanza fue la receptora del cargamento de Torm Agnes, según registros portuarios mexicanos, así como una factura del envío de la empresa vista por la agencia de noticias.
Las autoridades mexicanas sospechan que Intanza es una empresa fachada del Cartel Jalisco Nueva Generación, según tres fuentes de seguridad mexicanas y un segundo documento sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno visto por Reuters que describe los vínculos del cartel con el contrabando de combustible.
Intanza no tiene sitio web ni presencia en las redes sociales que Reuters haya podido identificar. Una carta enviada por Reuters a la dirección de Monterrey que figura para Intanza en la factura no pudo ser entregada porque el servicio de mensajería no pudo encontrar presencia de la empresa allí.
El nombre de Intanza volvió a surgir después de que las autoridades mexicanas detuvieron a otro buque, Challenge Procyon, el 21 de marzo en el Puerto de Tampico, en Tamaulipas.
El 27 de marzo, Intanza presentó una demanda en un tribunal de Tamaulipas pidiendo a un juez que libere el cargamento, que, según afirmó, eran lubricantes y se incautaron injustamente; el juez rechazó la solicitud de Intanza.
El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo en una publicación en redes sociales el 31 de marzo que se habían encontrado 10 millones de litros (unos 63,000 barriles) de diésel a bordo de Challenge Procyon.
El mes pasado, García Harfuch dijo que esa incautación era "una de las más grandes de la historia" al anunciar el arresto de 14 personas, incluidos ejecutivos de negocios, exfuncionarios de aduanas y funcionarios navales activos y retirados como parte de las investigaciones sobre Challenge Procyon y otros presuntos contrabandos de combustible. El Gobierno identificó a los detenidos solo por sus nombres de pila, como es costumbre en México.
La Secretaría de Marina y la Procuraduría General de la República dijeron que no podían comentar sobre las investigaciones en curso y remitieron a Reuters declaraciones públicas sobre el tema. La Secretaría de Seguridad no respondió a una solicitud de comentarios.
Ramiro Rocha, que figura como representante legal de Intanza en el Registro Público de Comercio de México, dijo que no tiene ninguna relación con la empresa y que pudo ser víctima de robo de identidad.
Un cártel zarpa
Durante décadas, pequeños ladrones conocidos como huachicoleros hurtan gasolina, diésel y petróleo crudo de Pemex. Con el tiempo, a medida que el negocio crecía en escala y rentabilidad, atrajo la participación de los cárteles mexicanos.
Pero el Cártel Jalisco Nueva Generación llevó la trama a un nuevo nivel y es el líder indiscutible del contrabando de combustible y petróleo crudo, según fuentes de seguridad mexicanas y estadounidenses.
El cártel, cuyo territorio de origen es Jalisco, se expande por todo México. Las autoridades afirman que establecieron una formidable red de contrabando en Tamaulipas, justo al otro lado de la frontera con Texas.
Desde allí, dicen, envía petróleo crudo mexicano robado a Estados Unidos y trae productos refinados estadounidenses a México por camión, tren y buque. Añadieron que el CJNG es el único cártel que actualmente emplea buques.
Las autoridades detectaron por primera vez el contrabando mediante buques alrededor de 2020, según un documento del gobierno mexicano de 2021 al que tuvo acceso Reuters que describe las investigaciones iniciales sobre el esquema, que en ese momento no atribuyeron este desarrollo a un cártel específico.
El salto de camiones y trenes a buques refleja un grado de conocimiento de los negocios y un poder de inversión que está en una liga diferente a lo que había antes, dijo Marisol Ochoa, experta en crimen organizado de la Universidad Iberoamericana en México.
"Tienes que tener una alta sofisticación y demasiadas redes y conexiones de operación logística", afirmó.
Desde septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió dos grupos de sanciones en contra de una decena de ciudadanos mexicanos y casi 30 empresas mexicanas presuntamente vinculadas al CJNG y sus operaciones de robo y contrabando de combustible.
Greg Gatjanis, exalto funcionario de la OFAC, dijo estar "atónito" ante la variedad de empresas vinculadas al supuesto esquema. Entre ellas se incluyen gasolineras, empresas de transporte, una empresa de impresión 3D y una panadería de baguettes, según la OFAC.
En febrero, la administración Trump designó a varios cárteles mexicanos, incluido el CJNG, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto movilizó más personal y recursos para la lucha contra los cárteles y facilitó a los fiscales estadounidenses perseguir a personas y empresas que hacen negocios con estos grupos.
En mayo, un padre y un hijo de Utah, James Lael Jensen y Maxwell Sterling Jensen, fueron acusados de conspiración para lavar dinero y brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Las autoridades alegan que los Jensen colaboraron con el CJNG para contrabandear petróleo crudo a Estados Unidos.
Los abogados de James Jensen no respondieron a una solicitud de comentarios. Robert Guerra, abogado de Maxwell Jensen, se negó a hacerlos.
Funcionarios estadounidenses también se reunieron este año con refinerías en el área de Houston para explicar la participación del crimen organizado mexicano en el negocio de los combustibles y enfatizar en la importancia de conocer a sus proveedores y clientes, informaron tres fuentes de la industria y un funcionario estadounidense. El funcionario dijo a Reuters que quienes incumplan las sanciones estadounidenses en la cadena de suministro pueden enfrentar sanciones civiles y penales.
Esto representa "un enorme riesgo comercial" para los actores estadounidenses dado el éxito de los cárteles al usar empresas de fachada e intermediarios para hacer su trabajo sucio, dijo Gatjanis, exfuncionario de la OFAC.
En México, la escala y la creciente sofisticación del contrabando de combustible generan acusaciones de que políticos de alto nivel están involucrados.
En la campaña presidencial del año pasado, la candidata opositora Xóchitl Gálvez acusó al partido gobernante Morena de recibir fondos de Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido por la prensa mexicana como "el rey del huachicol".
Carmona era un importante traficante vinculado al Cártel del Golfo y al Cártel del Noreste, según medios mexicanos. Fue asesinado a tiros en una barbería del norte de México por desconocidos en 2021. Nadie fue arrestado por su asesinato.
Carmona supuestamente ayudó a financiar las campañas electorales de Morena, incluida la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien ganó el máximo cargo de México en 2018, según el segundo memorando sin fecha de las fuerzas de seguridad del Gobierno revisado por Reuters.
Ni López Obrador ni Morena respondieron a las solicitudes de comentarios.
La presidenta Claudia Sheinbaum, de Morena, hace del combate al contrabando de combustible y al robo de petróleo crudo una prioridad de seguridad para su administración.
"Nosotros no vamos a proteger a nadie", dijo Sheinbaum en una conferencia de prensa el 8 de julio al ser preguntada sobre la presunta participación de políticos en el tráfico ilícito. Su oficina no respondió a una lista detallada de preguntas para este artículo.
Desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024, las autoridades afirman que incautaron alrededor de 500,000 barriles de combustible y petróleo crudo presuntamente ilegales, más de lo que el gobierno anterior incautó en todo su sexenio. Esto es apenas una pequeña parte del torrente de combustible ilegal que ingresa al país. Aun así, la lucha resulta peligrosa.
El 4 de agosto, Ernesto Vázquez, fiscal de Tamaulipas, murió después de que su camioneta blindada fue alcanzada por una granada incendiaria en una transitada calle de la ciudad de Reynosa. Imágenes transmitidas por televisión nacional mostraron que Vázquez escapó del vehículo en llamas, pero fue baleado desde un automóvil cercano.
En un comunicado emitido al día siguiente, la Fiscalía General de la República dijo que el asesinato probablemente fue obra del crimen organizado, después de que a finales de julio el gobierno incautó más de 1.8 millón de litros (unos 11,300 barriles) de combustible ilegal, camiones, bombas y otros equipos en Reynosa, justo al otro lado de la frontera con McAllen, Texas.