El "guardadito"
Para impedir el mal uso de los recursos, desde 2015 los partidos están obligados a devolver a la Tesofe el financiamiento de campaña que no hubieran ejercido, y desde 2018 también estaban obligados a regresar los recursos públicos que cada año reciben para actividades ordinarias y específicas pero que no emplearan en el año en el que lo recibieron, así como todo monto de recurso cuyo gasto no comprobaran.
Esas normas fueron establecidas por el TEPJF en las sentencias SUP-RAP-647/2015 y RAP-758/2017 emitidas, se dijo, en aras de los principios de “austeridad, racionalidad, anualidad y rendición de cuentas de los partidos políticos” y siendo Morena el partido que peleó porque fueran realidad esas devoluciones, en ese entonces siendo partido de oposición.
Pero ya siendo gobierno, en 2020 el partido no devolvió por voluntad propia ningún recurso y evitó el reintegro al que sí estaba obligado por esas sentencias, gracias a que creó un fideicomiso exprés para guardar recursos que no usó.
El 28 de diciembre del 2020, dos días antes de que terminara el año y con ello venciera el plazo para ejercer el total de su financiamiento nacional y local, o verse obligado a devolverlo a la Tesorería de la Federación (Tesofe), Morena constituyó un fideicomiso de administración e inversión con BBVA Bancomer, S. A. para guardar los recursos no erogados.
En esa cuenta, concentró recursos acumulados a nivel nacional y de 20 entidades, y según el convenio, firmado por la dirigencia nacional morenista –menos de un mes después de que asumiera Mario Delgado como su presidente–, el dinero sería para la compra de inmuebles o la remodelación de estos.
Delgado apenas había tomado posesión el 5 de noviembre de ese año así que prácticamente una de sus primeras decisiones fue retener los recursos, pero en el convenio sí establecieron los montos que aportaría cada Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y se determinó que estos definirían el lugar, monto y características del inmueble que adquiriría o remodelaría.
Así al año siguiente, en 2021, si se adquirieron cinco inmuebles ubicados en Baja California Sur, Ciudad de México, Tamaulipas y Morelos.
Eso fue gracias a que en 2020 y 2021 el CEN de Morena recibió de los comités de los estados 297 millones 398,000 pesos en transferencias y en ese mismo periodo recibió otros 75 millones 63,000 pesos de pesos en transferencias en efectivo o en especie, pero que se emplearon para adquirir inmuebles.
Sin embargo, de acuerdo a la revisión que hizo el INE al ejercicio 2020, de los 733,239 millones de pesos que recibió el CEN de Morena en transferencias “no justificó para qué fueron utilizadas”.
Con esa operación Morena libró la devolución a la Tesofe de los recursos provenientes de transferencias de los CEE, basado en que el Reglamento de Fiscalización del INE emitido en 2018 –por orden del TEPJF– permitió que los partidos pudieran administrar sus recursos vía fideicomiso y ejercerlos en el ejercicio fiscal futuro, pero exclusivamente para garantizar los derechos de terceros frente a los compromisos de pago ya adquiridos por los partidos.
Así, los fideicomisos de los partidos ya habían sido regulados pero se preveía su creación solamente para administrar reservas que garantizaran pagos ya comprometidos a proveedores, remodelaciones o compra de inmuebles, pasivos laborales o contingencias, pero no estaba permitido que también se acumularan recursos de los 32 CEE partidistas.
