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Órganos de decisión de Morena quedan en vilo por dirigentes con "doble cargo"

La impugnación “madre” al proceso interno sigue sin resolverse, pero el órgano de justicia admitió que eran inelegibles muchos líderes morenistas.
vie 21 octubre 2022 11:59 PM
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Los cargos del proceso interno de Morena están en duda

La legalidad de los órganos directivos nacionales y estatales de Morena electos recientemente está en duda debido a los dobles cargos en gobierno y partido de los militantes que los integran, lo que está prohibido en el Estatuto del instituto político.

Se trata de los integrantes de Congreso, Consejo y Comité Ejecutivo Nacional (CEN), así como los Comités Estatales, pues la nueva clase dirigente disputó esas posiciones partidistas, pero simultáneamente se mantuvo en la nómina de cargos públicos como legisladores o funcionarios del gobierno federal, en administraciones municipales o estatales.

En esa falta están más de 2,000 de un total de 3,400 congresistas recién electos. Y se estima que el 60% del Consejo Nacional y de los estatales apenas instalados por Morena entre agosto y septiembre pasados también están en la misma condición, denuncia el académico y morenista, John Ackerman.

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Con dirigentes pero sin resultados

El proceso interno de Morena que buscó restaurar su institucionalidad y dejarlo listo para las elecciones de 2024, nuevamente dejó en conflicto jurídico al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Congreso Nacional de Morena se instaló el 17 de septiembre, pero los 3,000 congresistas debieron cumplir los requisitos de su Estatuto: ser electos en congresos distritales, cumplir la paridad de género y no ocupar ningún cargo de gobierno o legislativo.

Pero no fue así. Y aunque no cumplían los requisitos reformaron el Estatuto ese mismo día y sesionaron al día siguiente.

Sin embargo, la validez de los congresos distritales aún está cuestionada, pues se denunciaron múltiples irregularidades que hoy, más de un mes después, siguen sin resolverse. No hay resultados de la votación alcanzada, ni desagregada por estado y distrito.

Además, asumieron como congresistas miles de morenistas que ostentaban puestos públicos, por lo que eran inelegibles para el cargo, de acuerdo con el Estatuto.

Dado lo anterior, Ackerman sostiene que el procedimiento de renovación está en duda y que todo el proceso podría invalidarse.

El académico de la UNAM, junto con decenas de morenistas disidentes de la actual dirigencia a cargo de Mario Delgado, mantienen impugnado el proceso interno de Morena y han documentado el presunto uso de recursos públicos y coacción al voto, además de que aseguran que más de 2,000 congresistas carecían de los requisitos para ocupar el cargo. Estos argumentos los llevan a pedir se declare nulo el proceso.

Aun hoy, tras la reforma estatutaria, explica el académico, las reglas no han cambiado ni entrado en vigor hasta que se emita la declaratoria de que los cambios son legal y constitucionalmente válidos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues así lo establece la Ley General de Partidos Políticos.

“Los partidos están obligados a cumplir estándares democráticos porque no son organismos no gubernamentales ni empresas u órganos privados, son instituciones de interés público a los que aplican las leyes”, indica.

Aunque en Morena las dirigencias ya buscan trabajar con normalidad esto, advierte, no es cosa juzgada y el TEPJF tendrá que reconocer que el proceso morenista estuvo viciado, explica.

Dilema: la nómina o el partido

Debido a que legalmente los estatutos reformados aún no entran en vigor, cientos de integrantes del Congreso Nacional, del Consejo y de Comités Estatales de Morena recién electos deberían haber optado entre mantenerse en la élite del partido o seguir en sus cargos legislativos o de gobierno, para no violar los estatutos de su partido.

Pero aun con la renuncia o licencia a los cargos, no se resolverán los problemas de legalidad que ya enfrenta Morena, pues haber ocupado el cargo de congresistas sin reunir los requisitos estatutarios pone en duda la legalidad de las decisiones ya tomadas por los congresistas y los consejeros, acusa Ackerman.

Lo anterior ya fue parcialmente admitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ), pues confirmó que no es legal ocupar dos cargos. Esa instancia, sin embargo, no ha admitido todos los demás reclamos del académico, que asegura, constituyen el “fraude” en el proceso interno morenista.

El pasado 7 de octubre, esa Comisión de Morena emitió un primer acuerdo para fijar un “criterio” sobre la incompatibilidad de ocupar simultáneamente cargos partidistas y públicos, lo que ya está en el Estatutos, tanto en la versión “vieja”, como en la reformada, aún sin vigencia.

 

Concretamente, el artículo 8 del Estatuto de ese partido, que se mantiene sin cambios desde su fundación hace ocho años, indica que “los órganos de dirección ejecutiva de Morena no deberán incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación”.

El énfasis en el carácter ejecutivo es relevante, pues en ese partido hay siete tipos de órganos: constitutivos, de conducción; de dirección; de ejecución; electorales; consultivos y jurisdiccional.

La prohibición a ejercer cargos públicos es para quienes están en los órganos de dirección ejecutiva y, de acuerdo al artículo 14 bis del Estatuto, son cuatro: los órganos de ejecución: “Comités Municipales, Coordinaciones Distritales, Comités Ejecutivos Estatales y Comité Ejecutivo Nacional”.

El mismo Estatuto establece, además, que los coordinadores distritales son simultáneamente consejeros y congresistas estatales, además de congresistas nacionales.

Es por eso que los 3,000 congresistas electos en las 300 asambleas distritales y que se instalaron en Congreso Nacional estaban impedidos a ocupar simultáneamente cargos públicos, ya que ostemtan un cargo de dirección ejecutiva, al ser integrantes de las coordinaciones distritales, y tampoco pueden tener esa duplicidad si son integrantes de dirigencias estatales o la nacional.

En su resolución del 7 de octubre la CNHyJ ordenó a quienes estuvieran en esa condición la separación del cargo público “en un plazo breve” con la advertencia de que “no cumplir con lo dispuesto constituye una falta en la normatividad de Morena sujeta sanción por parte de este órgano”.

Reversa al acuerdo

Luego de esa resolución, el lunes 10 de octubre, el presidente de Morena, Mario Delgado, dejó entrever que pediría a la CNHyJ no cumplir con su función de aplicar el Estatuto y “que en estos casos nos ayuden” para no hacer cumplir las normas internas y “ni modo, que nos ayuden y dobleteen”.

"Pues ni modo, que nos ayuden y dobleteen, sabemos que es una carga de trabajo para ellas y para ellos (...) Nosotros vamos a pedir como Comité Ejecutivo a la Comisión de Honestidad que en estos casos nos ayuden por la importancia que estamos pidiendo en la doble cancha, del legislativo y del propio partido, pues que nos permitan trabajar en las comisiones que ellos tienen actualmente”.

Delgado se refirió al caso de Citlalli Hernández y la diputada Andrea Chávez, para ejemplificar que el partido necesita que cumplan con sus dos funciones.

"En el caso de la senadora Citlalli (...) es una mujer combativa, con mucha claridad de nuestro movimiento (...) Es un elemento fundamental para nosotros, su presencia en el senado.

“Y qué decir de Andrea, si Andrea dejara su curul en la Cámara, pues si dejaría un vacío muy difícil de llenar, porque es una de nuestras diputadas más destacadas, más combativas. Entonces, queremos que siga teniendo presencia en la Cámara de diputados y, además, queremos que nos ayude con su tarea de la Secretaría de Comunicación”, explicó.

Tras esa “recomendación”, el viernes 14 la Comisión metió reversa, dejó “sin vigencia” su primer acuerdo e incluso lo borró de los estrados. Lo cual, a decir de Ackerman, es ilegal y ya fue impugnado.

En ese acuerdo, por un lado declaró la entrada en vigor de la reforma estatutaria -lo que toca hacer al INE y al TEPJF- en lo relacionado “con la estructura organizativa de Morena”, es decir, validó que los gobernadores y quien ocupe la jefatura de gobierno de la ciudad, sí pueden ser integrantes del Consejo Nacional.

Eso antes de la reforma estatutaria no era válido y, como se dijo, los cambios a los documentos básicos de Morena todavía están sujetos a la declaratoria de constitucionalidad a cargo de las instancias electorales.

Conforme a las nuevas reglas de ese partido –cuando sean validados por el INE–, los gobernadores serían los únicos exentos para ocupar un cargo público y a la vez uno en Morena, pero no así el resto de los consejeros.

En su nuevo acuerdo, la CNHyJ también dio por reformado, como lo acordó el Congreso, el artículo 14bis del Estatuto, que eliminó a las “coordinaciones distritales” como órganos ejecutivos.

Con ello los 2,000 que hoy "dobletean" entrarían en la legalidad. Pero para ello, decidió aplicar retroactivamente la reforma, pues los coordinadores fueron electos con base al Estatuto “viejo”, según el cual al ser congresistas distritales les está vedado pertenecer a órganos de gobierno o legislativos y debieron renunciar para cumplir los requisitos incluso, de registro como candidatos y luego para ser votados y electos.

La Comisión Nacional de Elecciones fue la responsable de decidir qué morenistas cumplían los requisitos y quienes no, en listas que incumplieron los plazos internos.

 

Deben renunciar

John Ackerman expone que la proliferación de casos de "dobleteo" es una muestra de que lo que les interesa a los actuales funcionarios son los cargos. “Hay una agencia de colocación de empleos en que se ha convertido la cúpula”.

Y en el partido no se respetan las reglas. "Las violan todos los días, Citlalli Hernández ocupa tres cargos: es Senadora de la República, es Secretaria General y es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, desde donde contó los votos a favor de su 'reelección ilegal' para extender su mandato dos años", dice.

Como ella, Andrea Chávez Treviño, secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y diputada federal; Almendra Negrete Sánchez, secretaria de la Diversidad Sexual y diputada del Congreso de Sinaloa, así como Nalleli Pedraza directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Michoacán y a la vez secretaria de Mexicanos en el Exterior de Morena.

Las cuatro integrantes de la dirigencia nacional deberán elegir: o renuncian a ese órgano o a sus cargos públicos.

En entrevista, Andrea Chávez, también vocera de la bancada de Morena, explicó que dado que la senadora Hernández fue impugnada desde hace unos meses ante el TEPJF por ocupar dos cargos simultáneamente, ella no ha decido renunciar a la dirigencia ni a la curul, en espera de la sentencia que emitan los magistrados, y su interpretación del Estatuto.

Hernández fue consultada pero no expresó una postura sobre el tema y públicamente sólo ha comentado que aunque ostenta dos posiciones, no percibe dos sueldos.

En cambio, sin esperar esa decisión y dado que el Estatuto es claro, el 20 de septiembre decidieron renunciar a su cargo en el gobierno Adriana Grajales, quien era secretaria de Bienestar del gobierno de Chiapas y ahora es Secretaria de la Mujer del partido, y Carlos Castillo, extitular de la Unidad de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar federal, ahora responsable de Movimientos Sociales en el partido.

 

Lista de cargos

Pero esos no son los únicos dirigentes y legisladores que se encuentran en falta. También lo están otros que participaron en sus asambleas distritales para ser coordinadores distritales –y a la vez miembros del Congreso Nacional- entre ellos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez.

En esa situación se encuentran quienes resultaron electos como presidentes, secretarios generales o integrantes de los 32 Comités Ejecutivos Estatales de Morena en el país, o bien son sólo congresistas, pero también están impedidos para tener doble cargo.

Por ello también deberán optar entre la nómina oficial o la del partido los nuevos líderes estatales.

Es el caso de cuatro de las nuevas lideresas de Morena en la Ciudad de México: la secretaria general María de Lourdes Paz Reyes, que es diputada local, al igual que Elena Edith Segura Trejo, secretaria de Mujeres y Areli Castilla Macedo, titular de Cultura de la alcaldía Cuauhtémoc y nueva vocera del Comité Estatal.

De la dirigencia de Baja California, por ejemplo, están Michelle Tejeda Medina, diputada local y secretaria general; de la del Estado de México el secretario general y diputado Nazario Gutiérrez Martínez, y la secretaria de mujeres, Mónica Chávez Durán, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Municipal en Tlalnepantla.

De la dirigencia del partido en Oaxaca, la secretaria general Edelia Márquez Ortega, quien es presidenta de Desarrollo Integral para la Familia del ayuntamiento de San Lucas Ojitlán, y la diputada local Lizett Arroyo Rodríguez, secretaria de mujeres.

En Guerrero, tendrían que abandonar una de dos responsabilidades el secretario de organización Jonathan Márquez Aguilar, regidor de Acapulco. En Morena Campeche la secretaria general Elda Esther Castillo Quintana, directora de Cohesión de la Secretaría de Bienestar del estado.

Buscan escalar

Una revisión de los congresistas nacionales refleja que prácticamente funcionarios de todos los niveles pelearon cargos dirigentes, por lo que se mantienen sujetos a las dos posiciones.

Algunos de los casos de integrantes de gabinetes estatales son Carlos Alberto Ulloa Pérez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México; Dorheny Cayetano, secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad de Veracruz; Dulce Huerta Araiza, secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres de Colima, y Rosa María Bayardo Cabrera secretaria de Desarrollo Económico de la misma entidad.

Otros subalternos son el subsecretario de Salud de Tabasco, Adalberto Pérez Lanz, y Vianey García Romero, subsecretaria en la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal de Puebla; Jorge Padilla, subsecretario de Turismo con Honestidad de Colima; Omar Holguín Franco, delegado de la Secretaría de Gobernación en Chihuahua, y Karelina Castro Loustaunau, titular del Instituto Catrastral y Registral de Sonora.

Entre los diputados federales a la vez congresistas figuran Leonel Godoy Rangel, Adriana Bustamante Castellano, Alma Delia Navarrete, Armando Corona Arvizu, Ayala Leyva, Merary VIllegas, Bruno Blancas Mercado, Manuel González Rodríguez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Lorena Méndez Denis, Karla María Rabelo Estrada, Janicie Contreras García, los cinco de Tabasco, además del senador Ovidio Peralta Suárez.

Diputados locales también se volcaron a conseguir cargos. En el estado de Tabasco, Humberto Lastra Bastar, presidente de la Junta de Coordinación Política, y los legisladores Euclides Alejandro y Jesús Selván García; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del congreso de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, y los diputados locales Roberto Solís y Daniela Mier Bañuelos.

La diputada Alejandra María Ang Hernández, del Congreso de Baja California; Alma Marina Vitela Rodríguez, de Durango; Anylú Bendiciones, de Nuevo León; Beatriz Mojica, de Guerrero; Benjamín Carrera Chávez, de Chihuahua, y de Michoacán Víctor Zurita, Juan Carlos Barragan, Seyra Alemán, Fidel Calderón y Belinda Iturbide.

Y como ellos hay multitud de casos. Los números llegan a cientos tratándose de alcaldes y funcionarios municipales como síndicos y regidores, e incluso secretarios de ayuntamiento, ahora todos volcados a cargos dirigentes de Morena.

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