Con el rechazo de que se militarizará la seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Congreso de la Unión entregar a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo, administrativo, y financiero de la Guardia Nacional.
A unas horas de que arranque el periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, el presidente envió la iniciativa de reforma a leyes secundarias para convertir a la Guardia Nacional en una “rama” más de las Fuerzas Armadas.
En la exposición de motivos, el presidente argumenta que con la incorporación de la Guardia a la Sedena no se pretende militarizar al país, como han advertido
“El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implementar autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Sedena el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respecto irrestricto de los derechos humanos”, refiere.
Dar a la Sedena todo el control de la Guardia Nacional. La esencia de la iniciativa es transferir el control operativo, financiero y administrativo de la corporación que hoy está a cargo de la secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El propósito, según la iniciativa es garantizar la permanencia, consolidación, implantación territorial, así como el profesionalismo, vocación de servicio y espíritu de cuerpo de sus integrantes.
Para ello se propone modificar los artículos 29, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 12, fracción I, así como adicionar el artículo 13 Bis, fracción I, de la Ley de la Guardia Nacional.
A pesar de que la Guardia opere bajo el control total de la Sedena, según la iniciativa, conservará su carácter civil.
“La Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la SSPC cuya función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica”, se lee en la iniciativa.
Comandancia de la Guardia Nacional
Se propone que quien sea el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional sea homologado como general de división y almirante. Su nombramiento será una facultad del presidente de la República a propuesta del secretario de la Defensa Nacional.
Entre sus funciones estarán:
· Dirigir y supervisar a la Guardia Nacional.
· Coordinar la realización de cursos, seminarios o eventos que en su caso establezca la Sedena.
· Informar a la Sedena sobre el desempeño de la Guardia Nacional
Para ello se propone reformar los artículos 12, último párrafo, y 14, fracción III, de la Ley de la Guardia Nacional.
Las jerarquías en la Guardia Nacional serán:
1. Secretaría de la Defensa Nacional.
2. Comandancia.
3. Coordinación territorial.
4. Coordinación estatal.
5. Coordinación de Unidad.
Servicios de inteligencia
Se propone realizar una reestructura interna de la Guardia Nacional para suprimir las coordinaciones regionales para incorporar de manera expresa los servicios de investigación e inteligencia.
Requisitos de ingreso
Se propone modificar los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, particularmente se plantea sustituir que para formar parte de esa institución no será necesaria la separación de una institución armada, sino bastará con no desempeñar cargo o comisión dentro de las instituciones de la Fuerza Armada permanente, ni de las policiales.
Igualdad de jerarquías
Se buscará adicionar el artículo 32 Bis a la Ley de la Guardia Nacional para establecer la equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia Nacional con el de la Fuerza Armada permanente para que en colaboración en materia de seguridad pública, se facilite un adecuado entendimiento y la toma de decisiones.
Personal militar
Se propone reconocer como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea a quienes fueron asignados a la Guardia Nacional, a fin de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales.
De los 113,833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, 73,805 (65%) provienen de la Sedena, 16,792 (15%) y 23,236 (20%) de la extinta Policía Federal.
Transferencia de recursos
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina transferirán parte de su presupuesto a la Guardia Nacional, indica no de los transitorios de la iniciativa.
“La Secretaría de Marina transferirá a la Secretaria de la Defensa Nacional los recursos financieros y presupuestarios que correspondan en el presente ejercicio fiscal para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales respecto del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional”, se lee.
En cuanto a la SSP establece que “transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarlos y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas”.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador también propone cambios a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que hoy está a cargo de Rosa Icela Rodríguez, como darle la facultad de otorgar indultos.
“Reciba las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, así como para promover el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente”, establece la iniciativa.
Se propone modificar el artículo 30 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la SSPC como instancia coordinadora del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.
También se busca fortalecer la facultad de la Secretaría para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.
