Todo derivó de las declaraciones del fiscal en el foro citado y la explicación de que Robles está encarcelada pues no ha aceptado cooperar.
Para la defensa de Robles la protección que recibió de la justicia frente a los dichos del fiscal “constituye un elemento objetivo para demostrar que el Estado mexicano ha entorpecido y atentado contra el debido proceso de la causa penal que Rosario Robles enfrenta".
¿Robles ha librado alguna sanción?
La Secretaría de la Función Pública le impuso la inhabilitación por 10 años, lo cual deberá reducirse.
El 1 de julio pasado se conoció que el 23er Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le concedió un amparo, con lo que se invalidó la sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que el 10 de septiembre de 2019 la inhabilitó por 10 años.
De acuerdo con el fallo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) deberá ordenar a la SFP que emita una nueva resolución en la que valore que la sanción corresponda a la falta administrativa cometida por Robles.
Y esta falta consiste en irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, una inconsistencia por 2,000 pesos, falla que amerita una “inhabilitación máxima de cinco años”, no de 10 años de inhabilitación.
¿Qué otros procesos ha enfrentado Robles?
De manera paralela Robles fue sometida a un juicio político por la Cámara de Diputados, que instalada en jurado de procedencia determinó el 19 de marzo de 2019 –con 271 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones- que incurrió en “actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria de Estado”.
Como marca la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el caso fue remitido a la Cámara de Senadores, que deberá instalarse en jurado de acusación y resolver en su caso la sanción. Pero el caso está congelado en el Senado.
Dado que el juicio político solo tiene como finalidad remover de su encargo a un servidor público y en su caso decretar su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, lo máximo que puede ocurrir es inhabilitarla unos años para ejercer en el servicio público.
