Leyes con cero pesos: reformas aprobadas por la 4T, pero sin dar presupuesto

A esas se agregan otras materias en las que la proyección es cero pesos: atención a personas con discapacidad y sordas, o bien apoyos para integrantes del Servicio Exterior Mexicano, minutas avaladas por el Senado y pendientes de votación por los diputados en los que también se impuso ese candado presupuestal.

Sunny Villa, directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) alerta “no podemos caer en la economía de Bartola, creyendo que con dos pesos nos va a alcanzar para todo y lamentablemente eso ha pasado en algunas leyes, que no vienen acompañadas con recursos y se quedan en el papel”.

“El Congreso está creando obligaciones legales sin dar los instrumentos para que las instituciones trabajen y esto va a generar problemas en la operación, porque por más que puedas ahorrar de otros rubros y recortes gastos, no se pueden fondear funciones nuevas con lo mismo”, indica Francisco Varela Director de Instituciones y Gobernanza del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Sin embargo, legisladores de Morena aseguran que aunque aprobaron que no habrá recursos adicionales en 2023 ni para los años siguientes, esto podría revalorarse a la luz de nuevos escenarios.

Leyes de avanzada, pero de papel

Para el senador Emilio Alvarez Icaza, del Grupo Plural, se trata de un “nuevo modelo” inaugurado desde la llegada de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en julio pasado.

“Se trata de un candado perverso, legislar sin presupuestos es pura demagogia”, advierte.

“Esto se ha radicalizado, ya no es sólo aprobar que con los recursos que haya, sino que ahora toda ley nueva o reforma aprobada por la llamada cuarta transformación prohíbe la erogación de más recursos durante el ejercicio fiscal en curso y ejercicios futuros”, explica.

Una revisión al trabajo legislativo confirma que en 2021, y particularmente a partir de esta 65 Legislatura, comenzaron a proliferar las reformas con régimen transitorio que, con variaciones, en esencia establecen que las erogaciones que se generen con la entrada en vigor de las leyes o reformas aprobadas se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado y mediante movimientos compensados, es decir, readecuaciones al gasto sin rebasar el techo presupuestal.

Pero en la parte medular se indica, con algunas variantes de redacción, “no se incrementará su presupuesto regularizable ni se autorizarán ampliaciones al presupuesto (…) para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la entrada en vigor de la presente Ley”.

Uno de los casos más recientes fueron las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que quedó adscrito a la Secretaría de Gobernación.

Para la creación de ese Centro los gastos deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para Segob “para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no se incrementarán sus respectivos presupuestos”, según la reforma votada por el Senado el 27 de abril y ya promulgada.

¿Pues cómo creen que van a identificar 52,000 cuerpos y buscar personas con los recursos que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda? ¡Si tiene menos dinero que el sexenio pasado, todo es discurso y no hay voluntad!”, cuestiona Álvarez Icaza al recordar que antes las reformas contenían la frase “conforme a la disponibilidad presupuestal, pero ahora ni eso, ni este año ni en los siguientes pues estará prohibido por ley”.

El mismo destino tendrá la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que entre las nuevas obligaciones de la federación y de los estados establece las de realizar auditorías de seguridad vial y elaborar bases de datos sobre movilidad y seguridad vial; un sistema federal de información territorial y urbano en la materia. Pero todo sin un peso adicional, pese a las condiciones de seguridad que deberán contra estos registros.

O las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de órdenes de protección, que supuestamente ahora obligarán a las autoridades a trasladar a las víctimas a donde se requiera para garantizar su seguridad; proporcionarles “alojamiento temporal en espacios seguros tales como casas de emergencia, refugios y albergues” e incluso darles recursos económicos para transporte, alimentos, mudanza.

Pero todo esto deberá hacerse sin dinero extra al que hoy tienen las instituciones involucradas, pues el cuarto transitorio de esa reforma quedó el candado referido “para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos”.

También se previó esa restricción en la minuta, pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados y avalada el 4 de noviembre por el Senado, para reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en materia de derechos de la comunidad sorda.

En el texto la Secretaría de Salud prestará servicios sin discriminación y para ello promoverá la formación e incorporación de personal médico capacitado en el uso de Lengua de Señas Mexicana. Igualmente, se obliga a la Secretaría de Educación a aplicar “un modelo de educación bilingüe entre la Lengua de Señas Mexicana y el Español o las Lenguas Indígenas de acuerdo al contexto cultural”.

Pero todo sin dinero adicional y “necesitamos recursos para la formación, capacitación y pago de los servicios de intérpretes y traductores de la lengua de señas mexicana. No tener intérpretes o traducción a lengua de señas, equivale a ser excluido”, alertó el día de la discusión la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano.

En este caso, el transitorio segundo marca que las erogaciones se realizarán con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores del gasto “por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes”.

Por eso la senadora anticipó que la Cámara de Diputados “no tendrá posibilidades el año que entra y el que sigue, de poder poner en la mesa una variación en las prioridades del presupuesto”, por lo que todo quedará en papel.

Exactamente la misma redacción quedó en la minuta de reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano aprobada por los senadores en noviembre y pendiente de votación en San Lázaro.

En ese caso, se incluyó la obligación de la Cancillería de cubrir gastos funerarios de las personas integrantes del servicio exterior, de su cónyuge, concubina o concubinario de sus dependientes económicos y fallecidos en el extranjero o en delegaciones foráneas, incluyendo el traslado de sus restos a México, pero sin contemplar ningún peso extra.

En ninguno de estos cuatro casos la mayoría legislativa a cargo de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde (PVEM) quisieron dar recursos adicionales o eliminar el candado que prohibirá se proporcionen en un futuro .

Sin embargo, para los legisladores de Morena Alejandro Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, en un futuro podrían asignar recursos extra, pese a que eso quedó restringido en las reformas aprobadas.

Por ejemplo, asegura el diputado, el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) no tiene recursos adicionales porque no estaba previsto, pero las dependencias involucradas estarán obligadas a “ejercicios de eficientización del gasto”.

Además la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria posibilita reasignaciones de gasto “que incluso pueden hacerse sobre la marcha, pues surgen situaciones que no se tenían consideradas al momento de aprobar una ley o modificación.

“Es imposible que todas las necesidades de gasto estén previstas en el Presupuesto desde el inicio. En un año pueden pasar muchas cosas y por eso se necesitan ordenamientos que otorguen flexibilidad al gasto público en caso de que las condiciones bajo las que se realizó el Presupuesto cambien drásticamente”, explica, como ocurrió en 2020 para atender la pandemia de COVID

Armenta sostiene que “no hay una sola ley que sea vigente eternamente” por lo que, aunque se previó que no habrá recursos en años futuros, eso puede variar.

“El próximo año se puede hacer una modificación” pues lo aprobado tiene que ver con que este es un momento de crisis económica global atizado por la guerra entre Ucrania y Rusia, “pero todo es transitorio en esta vida, incluso la ley”.

Los problemas estallarán a futuro

Pero los expertos consideran que esta situación de leyes cero pesos generará problemas de operación e ineficacia de las instituciones.

Varela, del IMCO, admite que en lo político esas decisiones legislativas “son congruentes con la visión de austeridad que tiene este gobierno, para el cual no se requieren recursos adicionales, sino que hay que recortar en otros lados para financiar las prioridades”.

Pero en la realidad “no es viable tener nuevas funciones con los mismos recursos”, pues aunque haya instituciones con mucho margen de ahorro, eso no es en todos los casos y por lo general cualquier función nueva requiere tener un presupuesto de etiquetado.

De lo contrario esas leyes serán “simplemente una declaración de buenas intenciones” expone este politólogo y catedrático, experto en crecimiento económico, desigualdad y políticas públicas.

A su juicio algunos de los fideicomisos –ahora ya casi todos extintos por este gobierno- eran un buen mecanismo para la obtención de recursos a largo plazo.

Ahora año con año “se tiene que estar pugnando por que los programas tengan el presupuesto que necesitan”.

Podría frenarse la burocracia, pero también servicios

La economista y especialista en políticas públicas Sunny Villa, del CIEP, indica que es probable que estas restricciones de gasto se hayan decidido no por austeridad sino en aras de contener la burocracia y operar con lo existente, “pero tenemos que reconocer que si hay más funciones con lo que tenemos, se tendrán que dejar sin presupuesto otras”.

La realidad es que una política pública sin recursos va a tener dificultades en su implementación y año con año las unidades responsables tendrán que estar repriorizando las necesidades de gasto

Expone que esta modalidad de restringir recursos incluso para el futuro seguramente “son esfuerzos para empujar hacia la eficiencia o efectividad del gasto público”, pero si no hay un presupuesto vinculado a estas nuevas actividades podría ser contraproducente.

“Desde mi lectura eso es lo que están buscando los transitorios: les están diciendo con el presupuesto que ya tenías ahora tienes que atender esto otro. Entonces o le quitamos dinero de algún lado o bajamos la calidad de los servicios, o dejamos de hacer algunas cosas para hacer lo que ahora manda la ley. Pero no podemos caer en la economía de Bartola”, expone, pues los recursos no alcanzan para todo.