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El decreto sobre propaganda nació con el “pecado" de ignorar la historia

Para los expertos es una contradicción que Morena denunció a exgobernadores priistas y panistas por aprovecharse de la propaganda, pero ahora como gobierno quiere manga ancha para sus funcionarios.
jue 31 marzo 2022 11:59 PM
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Los seguidores del presidente han encontrado la forma de promover la revocación en forma adicional a la que se hace desde el INE.

Nuevamente una omisión legislativa obligará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revisar la actuación del Congreso, pues durante casi 14 años ha incumplido con su obligación de regular la propaganda gubernamental.

Ese vacío legal existente desde 2008 ha sido cubierto con sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero Morena aprovechó supuestas diferencias de criterio para expedir un decreto de interpretación sobre el concepto de propaganda gubernamental, que aparentemente entró en vigor desde el 18 de marzo.

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Para expertos electorales, la emisión del decreto fue posible no porque hubiera dudas de interpretación, sino por la ausencia de la Ley Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución, es decir, todas las fuerzas políticas son corresponsables por la omisión legislativa.

“Debieron regular hace ya tres lustros pero no lo hicieron porque en el fondo a todos los partidos les convenía ese vacío legal porque encontraban un hueco y por ahí se iban y los Tribunales han tenido que ir avanzando en sus interpretaciones a cada nueva trampa”, explica Luis Eduardo Medina, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La urgencia para emitir esa reinterpretación fue permitir a todo servidor público, sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, emitir todo tipo de expresiones –verbales, escritas, en redes sociales– sin que estas sean consideradas propaganda, en el contexto del proceso de revocación de mandato del 10 de abril pero con impacto en elecciones futuras.

Populismo
Lo que ningún precandidato a la presidencia de México dice es el cómo y este tipo de propuestas simplemente no se pueden financiar de la noche a la mañana, así que cuidado.

Para Fernando Vargas Manríquez, exresponsable jurídico de la representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y quien en esa calidad fue parte de la defensa del otrora candidato perredista Andrés Manuel López Obrador en 2006 y 2012, el decretazo aprovechó esa falta de regulación secundaria.

Pero “ese decreto a la carrera y apresurado tampoco es correcto. Fue una respuesta de Morena a la restricción excesiva que está estableciendo la autoridad electoral, pero no es válido el permiso tan amplio que ahora se quiere permitir” a los funcionarios.

“Ese es un pecado de este decreto, pasa por alto la historia que hemos vivido de funcionarios promoviéndose gracias al fraude a la ley. No es nada más decir que el gasto de los funcionarios en promoverse no esté presupuestado y no sea recurso público para que pueda permitirse. No, porque entonces eso está permitiendo el fraude a la ley” y tarde o temprano se dará vuelta a la norma, alerta.

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Prohíben pero ignoran ley secundaria

En 2007 se pactó una reforma electoral para hacer frente a las denuncias de uso de recursos privados en campañas negativas y de propaganda de gobiernos estatales para difundir logros e incidir en las preferencias, lo que fue denunciado en las elecciones presidenciales de 2006 por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y su partido el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por eso en aras de garantizar la imparcialidad de los funcionarios se incluyó que “en ningún caso la propaganda (gubernamental) incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” y se ordenó que siempre tuviera carácter institucional o fines informativos .

La reforma entró en vigor el 6 de noviembre de 2007 y se ordenó “realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales”.

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Pero esa regulación es inexistente 14 años después.

En 2018 se emitió una Ley de Comunicación Social tras evidenciarse la omisión legislativa –conocida como Ley Chayote– que fue invalidada por la SCJN en junio de 2021.

Ahora otra vez el Congreso está emplazado a legislar de nuevo a más tardar el 30 de abril, pues la organización Artículo19 –que litigó ante la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Chayote– recurrió al amparo ante la negativa reiterada del Congreso en acatar la sentencia.

Sin embargo, para Medina no bastará emitir una ley de Comunicación sino regular la propaganda en su vertiente electoral.

Esto porque el decreto avalado por Morena y sus aliados va en contra de la reforma electoral de 2007-2008 cuando buscó impedir a servidores públicos emitir propaganda durante las campañas, y promoverse con dinero público a través de campañas de difusión.

Además se reguló el acceso a radio y televisión y claramente se planteó que entes gubernamentales estarían impedidos a difundir propaganda en campañas pero “ahora en el contexto de la revocación se quiere olvidar sólo porque ya no conviene, eso es deleznable”.

Creativos para evadir prohibiciones

Esa regulación hoy anulada abordó sólo el tema de contratación de propaganda y no lo relativo a propaganda y elecciones: resolución de quejas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propaganda personalizada en nuevas modalidades como lo son redes sociales, antes inexistentes.

Tampoco previó sanciones para servidores como legisladores, gobernadores o incluso el Ejecutivo Federal, todos estos casos hoy, en el caso de que se presuma responsabilidad, son remitidos a los Congresos y ahí quedan, sin ninguna sanción.

Por eso el 134 de la Constitución queda pendiente de regularse y los partidos, todos, aprovechan el vacío, mismo que ha sido llenado con tesis de jurisprudencia emitidas por el TEPJF por sentencias reiteradas en el mismo sentido.

Vía cientos de sentencias del TEPJF emitidas de 2014 a 2022 se han delineado por ejemplo los tiempos, modalidades, presentación, contenido, de la propaganda gubernamental permitida o no, la forma en el que INE puede atender y resolver quejas y las sanciones, todo lo que debería regularse en la ley secundaria inexistente.

Por ejemplo, que a los legisladores y grupos parlamentarios sí les aplican las prohibiciones sobre propaganda gubernamental; que pueden difundir sus informes en radio y televisión pero no en campañas, y que pueden usar emblemas del partido que los propuso.

Se ha establecido también que hay promoción personalizada cuando se tienda a promocionar, velada o explícitamente, al servidor público “destacando su imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución”.

Se confirma esa irregularidad -según las sentencias del TEPJF- si el funcionario utiliza expresiones vinculadas con el voto y se establece que para ser anómalas sus declaraciones deben analizarse en el contexto en que se pronuncian; que sola presencia en actos proselitistas no infringe la ley, pero sí si hay una “participación activa”.

De hecho, la muestra de que los partidos son beneficiarios de la falta de regulación fue que un año después de la reforma constitucional, en 2008, proliferó la promoción de servidores públicos en programas de revistas o espectáculos, en publicaciones del corazón, aunque ya antes se presentaban de manera aislada.

Al paso de los años las estrategias se han diversificado, como el caso de las entrevistas de políticos en revistas que luego se promocionaron en todo el país en espectaculares y televisión, “fraude a la ley” que denunció el PRD y hasta Morena.

O el caso del Partido Verde y el uso de personajes de la farándula para promoverse, en mensajes de Twitter y antes, la estrategia para rendir supuestos informes legislativos y tener presencia mediática durante meses, mediante la presentación de estos de forma escalonada.

En 2009 hubo competencia por quien era más eficaz en disfrazar su propaganda.

En esa fecha el panista Demetrio Sodi, candidato delegacional, fue entrevistado casualmente enmedio de un partido de futbol y se difundió en televisión, el PRI en el Senado publicó propaganda “EL PRI si cumple” en periodo prohibido y legisladores del PVEM pagaron spots en televisión para promover su propuesta de cárcel a secuestradores, casos en que a los legisladores presuntamente no les aplicaba la restricción.

Es esto lo que Vargas alude como la historia que al PRD y al mismo Morena le ha tocado enfrentar: la promoción personalizada de servidores públicos o las campañas disfrazadas.

Morena férreo opositor, laxo como gobierno

El PRD, Morena, e incluso Acción Nacional (PAN) contra gobernadores del Revolucionario Institucional (PRI) o viceversa, han presentado decenas de quejas ante el INE o litigado ante el TEPJF por casos de promoción disfrazada.

Los más significativos han sido Enrique Peña Nieto mientras fue gobernador del Estado de México, Manuel Moreno Valle exmandatario de Puebla y Manuel Velasco, del PVEM y exmandatario de Chiapas, aunque otros fueron Graco Ramírez, exgobernador de Puebla o Carlos Lozano, de Aguascalientes.

Estos políticos habían concentrado, hasta antes del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador las denuncias en su contra por presunta propaganda personalizada.

En esos casos, se alegó que no había recursos públicos de por medio, pero “justo lo que hemos peleado es que hay un fraude a la ley pues se inventan esquemas de difusión masiva con el argumento de entrevistas, por ejemplo”, expone Vargas.

Se refiere así a casos como las llamadas “gacetillas” que son presuntos reportajes o entrevistas que se difunden masivamente y aunque aparentan ser ejercicios periodísticos en realidad es propaganda personalizada para promover funcionarios.

El hoy fallecido Moreno Valle fue un caso emblemático denunciado por presunta fabricación de entrevistas en revistas, o incluso un libro de su autoría, luego difusión de estas publicaciones a nivel nacional, con espectaculares o incluso con spots en televisión, lo que vulneró el modelo de comunicación política que marca que el INE es la única autoridad que puede pautar promocionales políticos en medios electrónicos.

En 2016 ese exgobernador enfrentó por lo menos 15 quejas ante el INE y varios juicios ante el TEPJF acusado de promoción personalizada y Morena, además del PRD y el PRI fueron los principales denunciantes

En ese entonces Morena alegaba una estrategia desplegada por el panista hoy fallecido para posicionarse (rumbo a 2018) mediante supuestas entrevistas gacetillas y reportajes en “violación del artículo 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución y de la normatividad electoral referente a la prohibición” de promoción personalizada, actos anticipados de campaña o uso de recursos públicos.

Al final no se pudo comprobar uso de recursos, por lo que no procedieron sanciones.

Hoy mediante la interpretación contemplada el llamado “decretazo” se caerían todas las denuncias morenistas interpuestas durante los años en que fue oposición.

En cambio con base en ese decreto los 18 gobernadores de Morena, además de cientos de diputados federales, locales, senadores y alcaldes, podrían, como el resto de los servidores o públicos de otros partidos, promoverse como lo hicieron los exgobernadores denunciados, siempre que no usen recursos públicos, o al menos no se les comprueben.

Los excesos

Para Vargas Manríquez hay una añeja discusión sobre si las opiniones de los servidores públicos son propaganda u opiniones, pero el INE se excedió de las prohibiciones constitucionales o legales.

Por ejemplo, de entrada antes de la expedición de la Ley Federal de Revocación que efectivamente prohíbe al presidente promover el proceso revocatorio, el INE puso esa restricción en sus Lineamientos (que quedaron rebasados).

“Yo lo que veo es que el INE se excede y ante cualquier manifestación en Twitter lo considera como propaganda gubernamental aunque no sea pagado. Y el decreto fue la respuesta, no lo veo bien pero la mayoría legislativa que actuó frente a un mal diseño de la reforma constitucional y de la Ley de Revocación”.

Las autoridades electorales tampoco han estado a la altura. “Deben resolver con una interpretación favorable de los derechos humanos y no, en lugar de eso confrontan. Preocupa porque deben guardar la neutralidad”.

La misma ley fue excesiva a su juicio porque si la función de los partidos políticos es promover la participación ciudadana, “se tienen dos normas constitucionales en conflicto, una que dice que ese es el fin de los partidos y otra que dice no participes en la revocación”.

Todo se pudo conciliar si se establecía que no debe realizarse gasto, para no desequilibrar, pero ahora se llega al extremo de que no pueden ni publicar en Twitter, “es una exageración… pero este es un proceso de revocación muy raro”, considera.

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