En el caso de los refugios de mujeres, que en 2019 sufrieron un intento por extinguir el presupuesto, Wendy Figueroa señala que los recursos se mantuvieron y, en teoría, no los han disminuido, pero en la práctica sí. En el Paquete Económico de 2021, se les asignó un presupuesto de 45 millones de pesos, y en 2022 se etiquetaron 420 mdp, es decir, 4% más, pero ese porcentaje no está alineado a la inflación, que es de entre el 6% y el 7%.
A esto se suma que, debido a la desaparición del Indesol, cuyas funciones asumió Bienestar Social, hay retraso en los procesos para el reparto de recursos. Hasta este mes, todavía no se ha firmado un convenio de colaboración con refugios, y los convenios usualmente solo cubren 10 meses.
“Además, nos siguen pidiendo que nos ajustemos al presupuesto recibido el año pasado, entonces ¿dónde está el incremento?. Así es como el país refleja su compromiso con la igualdad sustantiva, con la eliminación de las violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con la garantía de los derechos humanos”, expresa.
Matilde Pérez agrega que en 2021 se emitieron seis nuevas alertas de violencia de género, con lo que ahora el 85% del territorio nacional está bajo esta catalogación, pero no se vio reflejado en el presupuesto de 2022, pues no se asignaron más recursos para la implementación de las alertas, que consisten en la construcción de políticas públicas.
Atender estas problemáticas de la violencia y las desigualdades no es una cuestión numérica.
Claudia de Anda, Fundar
El impacto de estas acciones
Fátima Masse resalta que al privilegiar el mecanismo de transferencias directas a las personas, se está dejando de invertir, por ejemplo, en salud pública, en educación, en el desarrollo de las comunidades, y esto es determinante para que una persona, sobre todo una mujer, pueda incursionar al mercado laboral.
Para Wendy Figueroa, las decisiones de quitar presupuestos, desaparecer instituciones y apostar por políticas clientelares no hacen más que perpetuar las desigualdas, la discriminación y las violencias por razón de género.
“Hablar de violencia contra mujeres y niñas es reconocer que necesitamos trabajar en el empoderamiento y la autonomía, y esto se ha invisibilizado con los programas asistenciales, porque estos no van dirigidos a promover la autonomía física, económica y política de las mujeres y de las niñas. Una de las razones claves de las violencias de género es la desigualdad y la ausencia de políticas públicas. Así es como afecta la asignación de recursos a la política clientelar”, insiste.
Claudia de Anda resalta que México cuenta con un andamiaje institucional robusto para la garantía de los derechos de las mujeres. Desde 2001 se tiene al Inmujeres y en 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, con ella, la Alerta de Violencia de Género. “Pero esto no es garantía de que vayamos por buen camino”, dice la investigadora.
