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#8M | Políticas públicas en favor de las mujeres van en retroceso: especialistas

La asignación de presupuesto, la eliminación de programas y la falta de transparencia ponen en duda la afirmación de que, para este gobierno, las mujeres son prioridad, afirman especialistas.
mar 08 marzo 2022 06:00 AM
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Los programas sociales para las mujeres en este gobierno se han vuelto clientelares, apuntan las expertas.

En México se han implementado diversas políticas públicas enfocadas en disminuir la violencia contra las mujeres, desde un silbato o botones de pánico para pedir auxilio, hasta instrumentos como las alertas de género o programas sociales que deberían estar enfocados a reducir las desigualdades.

Lo cierto es que ninguna de estas políticas ha tenido un enfoque de género ni está dirigida a mitigar las causas estructurales y sistemáticas que generan las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, advierten expertas.

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Especialistas consultadas por Expansión Política coincidieron que en el actual gobierno federal se tiene un retroceso en las políticas públicas en favor de mujeres y niñas debido a la manera en que se asignan los presupuestos, a la falta de transparencia y diagnóstico, y a la eliminación de programas que contribuyen a la autonomía y seguridad laboral.

Como ejemplo de esos retrocesos está la reciente desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo, cuya operación permitía a las madres incursionar en el mercado laboral, disminuir las brechas de género y garantizar educación y alimentos a sus hijas e hijos.

Wendy Figueroa, de la Red Nacional de Refugios, recuerda que a inicios de este año, por decreto presidencial, también se extinguió el Instituto de Desarrollo Social (Indesol) que, entre otras cosas, se ocupaba de hacer convenios con colectivos que brindan protección a mujeres en situación de violencia.

En el caso específico de las estancias infantiles, agrega Figueroa, la eliminación de su presupuesto se justificó en que “no funcionaban”, y la solución del gobierno fue que los menores estuvieran a cargo de los abuelitos y abuelitas a quienes supuestamente se les entregaría el apoyo directamente. “Pero con esto se siguen perjudicando los derechos de las mujeres, trabajadoras y de la tercera edad, sobre todo por la carga de cuidados”, dice.

“Esto, sumado a las constantes deslegitimaciones que ha hecho este gobierno ante los movimientos feministas, ante las exigencias de protección de los derechos de las mujeres y niñas desaparecidas, víctimas de feminicidio; esto nos lleva a estar en una situación de emergencia nacional, en la que, sin duda, hay una mirada misógina que sigue perpetuando las violencias contra las mujeres”, expresa la activista.

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Políticas públicas vs. políticas clientelares

“Pareciera que la apuesta por la igualdad y los derechos en la actual administración está en otorgar apoyos sociales o transferencias, y esto no responde a las diferentes necesidades de las mujeres”, señala Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

La investigadora expone que las transferencias monetarias compensan de manera momentánea el ingreso, pero no resuelven ni abren oportunidades que puedan cambiar la realidad de las mujeres, impidiendo el acceso a una autonomía económica.

La clave sobre los recursos que tendrían que estar destinados para implementar políticas públicas en favor de las mujeres está en el Anexo 13 del Paquete Económico, que es lo relacionado con las partidas presupuestarias para la igualdad, pero que, en cambio, la mayoría se está yendo a los programas sociales del gobierno, principalmente becas y Bienestar.

El resto, detalla Masse, se reparte en más de 80 programas que están distribuidos en 26 secretarías, las cuales incluyen lo relacionado a la salud sexual y reproductiva, y a la atención a víctimas de violencia de género.

Matilde Pérez Romero, investigadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la organización Fundar, destaca que al momento de hacer el cruce entre el presupuesto y el andamiaje institucional es donde está “el talón de Aquiles” de toda la política pública.

De acuerdo con la activista, el porcentaje que se va a los programas sociales incluidos en el Anexo 13 es de más del 74% bajo el argumento de que las más beneficiadas son las mujeres. El problema, indica, está en que no hay padrones desglosados por género que confirmen que efectivamente las mujeres son las más beneficiadas.

Andrea Larios, investigadora del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, menciona que en el informe de la Cuenta Pública 2020, para el caso específico de Sembrando Vida –insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador–, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirma que carece de indicadores de género que permitan conocer su verdadera incidencia en la disminución de la violencia y en el recorte de las brechas de género.

Queda en evidencia que no se están asignando los recursos suficientes para garantizar que esta política pública funcione.
Matilde Pérez Romero, Fundar

Claudia de Anda, coordinadora de Gestión Institucional y del Conocimiento, también de Fundar, lamenta que a todas las estrategias que deberían tener un enfoque de género, feminista y estructural, se les dé un uso político para instaurar un discurso que afirma una disminución de la violencia contra mujeres y niñas.

“No basta con el argumento de que en los programas sociales las mujeres son mayoritariamente las beneficiarias, porque sabemos que estos dos problemas (violencia y desigualdad) son estructurales y sistemáticos; se requiere de múltiples estrategias para garantizar que tanto el diseño de las políticas públicas como del presupuesto realmente cumplan su fin”, dice.

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¿Mayor presupuesto?

Si bien el Anexo 13, de programas transversales del Presupuesto de Egresos, llamado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tiene un presupuesto bastante mayor en 2022 en comparación al año anterior, actualmente es de 232 mil 384 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 74.6% con respecto a lo aprobado en 2021 y la pregunta es ¿por qué ha crecido y en qué se destinan esos recursos?

"Se debe a todos esos programas sociales del gobierno que reparten el dinero entre el padrón de mujeres. La mayoría del presupuesto, por ejemplo, se lo lleva el programa de Adultos Mayores, en cuyo caso puede ser el que más beneficie a las mujeres, pero tiene un gran problema: no se está focalizando y no necesariamente está llegando a las mujeres que más lo necesiten", expone Masse.

Además, según la investigadora, mientras la proporción del anexo que se va al programa de los Adultos Mayores creció en 105%, hay una reducción del 5% en el de Atención a Víctimas de Violencia de Género.

Andrea Larios coincide en que las cifras del Anexo 13 están “infladas”, porque incluye a casi todos los programas prioritarios de la Administración Pública Federal aunque estos no tengan perspectiva de género.

En el Anexo 13, dentro del Presupuesto 2022, están incluidos 12 programas sociales prioritarios del gobierno. “Pero si quitamos el presupuesto de los programas prioritarios, el anexo se quedaría únicamente con 24,700 millones de pesos (mdp), y el crecimiento en 2022 contra 2021, sería en realidad del 18%”, resume Larios.

Mientras esos programas sí tienen incrementos importantes en su presupuesto, hay otros que están sufriendo recortes, y son los encargados de implementar políticas públicas para erradicar, prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

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En el caso de los refugios de mujeres, que en 2019 sufrieron un intento por extinguir el presupuesto, Wendy Figueroa señala que los recursos se mantuvieron y, en teoría, no los han disminuido, pero en la práctica sí. En el Paquete Económico de 2021, se les asignó un presupuesto de 45 millones de pesos, y en 2022 se etiquetaron 420 mdp, es decir, 4% más, pero ese porcentaje no está alineado a la inflación, que es de entre el 6% y el 7%.

A esto se suma que, debido a la desaparición del Indesol, cuyas funciones asumió Bienestar Social, hay retraso en los procesos para el reparto de recursos. Hasta este mes, todavía no se ha firmado un convenio de colaboración con refugios, y los convenios usualmente solo cubren 10 meses.

“Además, nos siguen pidiendo que nos ajustemos al presupuesto recibido el año pasado, entonces ¿dónde está el incremento?. Así es como el país refleja su compromiso con la igualdad sustantiva, con la eliminación de las violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, con la garantía de los derechos humanos”, expresa.

Matilde Pérez agrega que en 2021 se emitieron seis nuevas alertas de violencia de género, con lo que ahora el 85% del territorio nacional está bajo esta catalogación, pero no se vio reflejado en el presupuesto de 2022, pues no se asignaron más recursos para la implementación de las alertas, que consisten en la construcción de políticas públicas.

Atender estas problemáticas de la violencia y las desigualdades no es una cuestión numérica.
Claudia de Anda, Fundar

El impacto de estas acciones

Fátima Masse resalta que al privilegiar el mecanismo de transferencias directas a las personas, se está dejando de invertir, por ejemplo, en salud pública, en educación, en el desarrollo de las comunidades, y esto es determinante para que una persona, sobre todo una mujer, pueda incursionar al mercado laboral.

Para Wendy Figueroa, las decisiones de quitar presupuestos, desaparecer instituciones y apostar por políticas clientelares no hacen más que perpetuar las desigualdas, la discriminación y las violencias por razón de género.

“Hablar de violencia contra mujeres y niñas es reconocer que necesitamos trabajar en el empoderamiento y la autonomía, y esto se ha invisibilizado con los programas asistenciales, porque estos no van dirigidos a promover la autonomía física, económica y política de las mujeres y de las niñas. Una de las razones claves de las violencias de género es la desigualdad y la ausencia de políticas públicas. Así es como afecta la asignación de recursos a la política clientelar”, insiste.

Claudia de Anda resalta que México cuenta con un andamiaje institucional robusto para la garantía de los derechos de las mujeres. Desde 2001 se tiene al Inmujeres y en 2007 se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y, con ella, la Alerta de Violencia de Género. “Pero esto no es garantía de que vayamos por buen camino”, dice la investigadora.

Matilde Pérez considera que mientras no haya una intervención estatal ante el problema estructural y sistemático que ocasionan las violencias contra las mujeres, las cifras van a ir en aumento, y las políticas públicas que se diseñaron para combatirlas no van a funcionar.

"El impacto más grande de estas inacciones es que se van a seguir perdiendo las vidas de las mujeres. Si no se garantiza el presupuesto para evitar esto y si no se incluyen los indicadores de las beneficiarias con impacto directo, entonces no podemos decir que las mujeres son prioridad para este gobierno”, enfatiza.

Por su parte, Andrea Larios hace un llamado al gobierno a no reducir el presupuesto a programas que han demostrado ser funcionales en la garantía de derechos.

“A la hora de eliminar estos programas tiene que haber realmente una investigación y un análisis extensivo para asegurar que no se van a perjudicar a mujeres y niñas”, concluye.

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