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¿Qué se necesita para frenar la violencia contra las mujeres en México?

Especialistas en políticas públicas señalan que no es necesario crear nuevas leyes o acciones para frenar la violencia contra las mujeres; basta con reforzar e implementar las que hay.
mié 04 marzo 2020 06:00 AM
violencia de género y feminicidios
En solo un año, los feminicidios en México aumentaron en 9.6%, de acuerdo con las cifras oficiales.

Los feminicidios de Ingrid Escamilla, de 25 años; el de Fátima Cecilia, una niña de siete años, y el de Abril Pérez, de 45 años, no solo movilizaron a miles de mujeres con la exigencia “Ni una menos”, también evidenciaron la violencia machista existente en México.

Especialistas consultadas por Expansión Política coincidieron en que la gran falla ante este tipo de crímenes es la aplicación de las leyes y normas ya existentes, así como la falta de mecanismos para monitorear y evaluar esas acciones.

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México cuenta desde hace más de una década con instrumentos como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para hacer frente a los tipos de violencia contra las mujeres.

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Pese a ello, de 2018 a 2019, los feminicidios aumentaron en 9.6% a nivel nacional y, con ello, el promedio diario de estos asesinatos pasó de nueve a 10, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

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No hay política pública perfecta, pero…

Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de la organización feminista Equis Justicia, considera que antes de proponer nuevas políticas en materia de género habría que evaluar las que ya existen.

“La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es un avance, pero es un gran error pensar que una ley va a ser lo único que funcionará. Si bien en esta se prevén ciertos mecanismos, como la Alerta de Violencia de Género, es necesario revisar qué otras políticas públicas existen –y que no están en la ley– o cuáles se puedan reforzar”, expuso la abogada y activista.

Tenemos que ver esas políticas públicas existentes para ver cómo las fortalecemos antes de crear otras".
Isabel Erreguerena

En días pasados, en la Cámara de Diputados se aprobaron reformas para aumentar en cinco años las penas de cárcel por feminicidio; de manera que los responsables podrán ser sentenciados a una mínima de 45 años de prisión y a una máxima de 65.

Al respecto, Ana Joaquina Ruiz, consultora de género y políticas públicas e integrante del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, es enfática respecto a esta medida: “no servirá”.

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“Tenemos un 98% de impunidad en estos casos (...) Al incrementar las penas se vuelve a poner la carga en la víctima. En cambio, hay muchos focos previos que el Estado puede detectar para frenar la violencia antes de llegar a un caso de feminicidio; por ejemplo, integrar expedientes médicos efectivos que demuestran que la mujer ha sido víctima de violencia, como en el caso de Abril”, expuso.

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Para Ruiz, los legisladores parten del supuesto de que si se aumentan las penas a feminicidas el problema se acabará, pero señaló que no es así. En cambio, sugiere que se debe empezar por considerar a la violencia doméstica una prioridad nacional, porque “el feminicidio es prevenible desde ese punto”.

No tenemos que inventar el hilo negro. Ya tenemos medidas buenas, solo hay que regresar a revisarlas y garantizar que se implementen".
Ana Joaquina Ruiz

Arely Torres Miranda, exconsejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), indica que México tiene un marco normativo completo para asegurar a las mujeres una vida libre de violencia, pero señala que “la gran falla es la aplicación”, y eso –expone– tiene que ver con las personas que están a cargo de las fiscalías especializadas, de los tribunales y de los institutos para las mujeres.

“A mí me preocupan muchísimo los perfiles de quienes deben estar vigilando la aplicación y el cumplimiento de estas leyes. En México es una constante que se le da el cargo a la gente como un acto de ‘amiguismo’ y nepotismo, dando pie a que los perfiles no sean los adecuados”.

Por eso, refiere que también se tiene que empezar desde ahí: “que las personas cumplan con los requisitos mínimos que garanticen que no van a estar experimentando en los cargos que tienen que ver con dar acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”.

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El caso de las fiscalías especializadas y las AVG

A mediados de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso crear una fiscalía especializada en el delito de feminicidio. Pero un estudio de Alejandra Ríos Cázares, doctora del CIDE , evidencia que los ministerios públicos especializados en los estados no funcionan, y la razón no es necesariamente que el personal no esté capacitado, sino que estas agencias enfrentan serias limitaciones en recursos materiales y humanos que impiden la implementación de un modelo de atención integral.

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En este sentido, Isabel Erreguerena menciona que se tiene que fortalecer a las autoridades de procuración e impartición de justicia mediante capacitaciones y recursos, y sin dejar de lado un factor importante: la transparencia.

“Tenemos que saber cómo están funcionando estas instituciones para poder exigir que garanticen el acceso a la justicia y prevengan la violencia contra las mujeres. Las fiscalías especializadas podrían funcionar si no se aplicaran los mismos protocolos para todos los estados, porque cada estado o municipio tiene diferentes características”, explica.

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Lo mismo ocurre con las Alertas de Violencia de Género , destaca Arely Torres. Son importantes, porque además el mecanismo tiene que ver con una lucha de mujeres, y funcionarían si no se limitaran a “copiar y pegar” lo mismo en los estados, .

“Por ejemplo, en la alerta de San Luis Potosí decía ‘Puebla’, es decir, ni siquiera se toman tiempo de cambiar la entidad ni de hacer un diagnóstico de lo que sucede en cada estado. No es lo mismo decretar una alerta para Puebla, un estado con altos índices de trata, que para Oaxaca, que tiene otras condiciones de vulnerabilidad, o que para San Luis, que es paso de migrantes.

Las alertas no están mal, son un mecanismo totalmente eficiente, pero su fracaso tiene que ver con que no se toman en serio".
Arely Torres

¿Por dónde empezar?

Las especialistas coinciden en que la ley siempre es mejorable, pero seguirá sin funcionar si no se implementa, si las autoridades no se toman en serio la violencia de género y si entre ellas no existe una coordinación.

Ana Joaquina Ruiz puntualiza que para tener una política integral en materia de género se requiere también de un incremento de recursos presupuestales, una estrategia fuerte de prevención de la violencia –atender lo que hoy conocemos como “nuevas masculinidades”–, garantizar condiciones de igualdad desde la escuela y reforzar el sistema de salud.

“La NOM 046 (relacionada con la violencia familiar, sexual y contra las mujeres) es bastante buena en términos de prevención, y si se aplicara al máximo estaríamos en otro país. Desafortunadamente, las dinámicas de los propios sistemas generan mucha dificultad para aplicación de la norma”.

Arely Torres refiere que así como se atiende la alerta por coronavirus, es como debe considerarse el llamado que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2013 para que los países reconocieran que la violencia contra las mujeres es una pandemia. Bastaría, agrega, con que los gobiernos estatales y federal implementaran lo que ya viene en la ley.

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“Y entonces sí, que las medidas emergentes sean precisamente para atender esa emergencia que brota en un municipio o en un estado, pero de acuerdo con sus condiciones (... ) La política de género debe poner en el centro a las mujeres, y hoy más que nunca tenemos que combatir a las voces que desestiman el infierno que vivimos las mujeres día a día”, señala.

Isabel Erreguerena considera que un buen ejemplo de una adecuada política integral de género son los Centros de Justicia para las Mujeres, pues en un mismo lugar las mujeres tienen acceso a servicio legal, médico y psicológico, además de que se les da la oportunidad de acceder a un empleo y de que sus hijos realicen diversas actividades.

Pero estos centros también enfrentan problemas de falta de recursos y de coordinación, además de que muchas de las directoras en los estados no eran elegidas por sus características. “Si fortalecemos esos centros podrían funcionar mucho mejor y prevenir la violencia contra las mujeres”, recomienda.

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