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Ricardo Ravelo: “México no investiga el vínculo entre poder político y crimen”

El periodista, quien acaba de publicar su libro ‘Los narcopolíticos’, advierte que mientras otros países investigan a políticos mexicanos ligados al crimen, en México no se les abren expedientes.
mar 28 diciembre 2021 06:00 AM
Ricardo Ravelo
Ricardo Ravelo es originario de Veracruz. Ha sido reportero de la revista 'Proceso' y colaborador de otros medios y ha publicado varios libros sobre política, seguridad y justicia.

Aunque políticos mexicanos de alto nivel son investigados e incluso han sido detenidos en otros países por sus posibles nexos con el crimen organizado, en México no se les abren expedientes y esa situación fomenta la impunidad, advierte el periodista Ricardo Ravelo.

Desde su perspectiva, un ejemplo de esto es el caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública todo el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) y fue arrestado en Estados Unidos en 2019 acusado de proteger al Cártel de Sinaloa.

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“Estados Unidos tenía la mira en García Luna por tantas denuncias que en México fueron desatendidas y, finalmente, se encontraron pruebas para considerar que había delitos qué perseguir en su caso y esto derivó en su captura”, señala Ravelo.

“Lo que está faltando es que en México se lleven a cabo investigaciones en paralelo como lo está haciendo Estados Unidos. Aquí en México no hay expedientes abiertos contra García Luna ni contra Felipe Calderón, cuando México debiera estar haciendo lo propio para llevar a juicio a Calderón, porque los delitos se cometieron aquí”, añade.

Originario de Veracruz y reportero especializado en el tema, Ravelo acaba de publicar su nuevo libro, Los narcopolíticos (editorial HarperCollins), en el que expone los casos de gobernadores, exgobernadores y otros funcionarios acusados de tener nexos con la delincuencia, así como el impacto que su presencia tiene en la seguridad pública.

A juicio de Ravelo, la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no dará resultados tal como está diseñada, porque ignora la relación que desde hace décadas existe entre algunos actores políticos y los grupos criminales.

“Si el presidente ha señalado reiteradamente que está atendiendo las causas de la violencia, una de las causas es la vinculación del poder político con el crimen y esta causa, que es central, no la está atendiendo”, subraya.

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¿En qué época podemos ubicar el surgimiento de la figura de los narcopolíticos?
Es muy vieja esta figura. Se remonta al siglo pasado… Antes se decía que cada presidente tenía su propio capo y operaban el negocio del trasiego de drogas a muy elevados niveles, pero el acuerdo era con el presidente. Así podemos mencionar a los capos que figuraron desde los 70, pero hay figuras como Juan N. Guerra, en Tamaulipas, que operaba desde los 40. Leopoldo Sánchez Celis, que fue gobernador de Sinaloa en los 60, era un escándalo cómo estuvo ligado al narcotráfico. Con él trabajó Miguel Ángel Félix Gallardo, era miembro de su escolta, y así en cada etapa han estado estas figuras en las que se entreveran el negocio del crimen organizado y la política. Mafia y poder político siempre han estado en relación y no hablo solo en México, son dos poderes que se necesitan mutuamente.

En México, vino una expansión muy fuerte cuando a partir del 2000 el PRI pierde la presidencia y el crimen organizado se riega por todas partes y ya no busca pactar con un presidente, con un poder central, sino que ahora busca acuerdos con autoridades locales: policías, presidentes municipales, toda autoridad que garantice impunidad. Ahora estamos viviendo una etapa diferente, ya no hablamos tanto de que el mafioso corrompe al político, sino que ahora los mafiosos buscan el poder político. Esto explica por qué muchos municipios del país están gobernados por este tipo de personajes.

Entonces, ¿la expansión no vino con Felipe Calderón sino con Vicente Fox?
Sí, en la etapa de Fox se diseminó el crimen organizado por todas partes. Los grupos criminales dejaron de ser piramidales, se volvieron horizontales para poder controlar mayor extensión territorial. Por eso hoy no existe en el país un solo espacio que esté libre de crimen organizado, y un factor también que ha generado esta expansión es la incapacidad del Estado para garantizar vida y patrimonio. Esta falta de capacidad, la violencia, la corrupción, todo esto forma parte de lo que algunos teóricos llaman el Estado fallido, y el Estado fallido existe desde hace mucho tiempo y lo explica el hecho de la penetración tan fuerte del crimen organizado en estructuras del Estado, que genera un fenómeno que se llama vacío de poder. Estas zonas del país se vuelven asideros del crimen organizado, y es un fenómeno que se ha ido extendiendo en muchas entidades federativas donde el Estado ha perdido toda capacidad de reacción ante los embates del crimen organizado.

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En el libro, una de las historias es sobre Genaro García Luna. ¿Qué se rompió en su red de protección para que pasara de ser secretario con Calderón a ser detenido?
El arribo de García Luna a la SSP fue a raíz del acuerdo al que llegan con el Cártel de Sinaloa y el pago de una cantidad descomunal de dólares que le entregaron a Calderón para que García Luna estuviera en el cargo. Por eso García Luna se volvió inamovible durante un sexenio. Protegieron al narcotráfico pero para disimularlo instrumentaron una guerra que realmente fue una simulación porque no combatieron absolutamente nada. Por el contrario, los grupos criminales se fortalecieron, se aliaron, extendieron sus controles, y al final del sexenio las conclusiones que podemos hacer es que fue un fracaso, porque la mayoría de las personas que capturaron, con excepción de algunos capos, pero a nivel de narcopolíticos, casi todos terminaron en libertad por falta de pruebas. La PGR fue acusada de fabricar expedientes.

García Luna dejó muchos rastros de esta vinculación con el narcotráfico. Hubo muchísimas denuncias, dentro del Ejército se conocían estos vínculos, el presidente fue informado y desoyó estas denuncias, y la situación que se presentó ahí es que había líneas de investigación contra García Luna que fueron robusteciéndose a grado tal que terminó con su captura. La exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, sabía de estos vínculos, pero decía: “Tenemos que trabajar con ellos”.

Estados Unidos tenía la mira en García Luna por tantas denuncias que en México fueron desatendidas y, finalmente, se encontraron pruebas para considerar que había delitos qué perseguir en su caso y esto derivó en su captura en 2019”.

¿Qué expectativas tienes del proceso contra García Luna en Estados Unidos y de lo que pueda pasar con Calderón?
Hay demasiadas expectativas de que ese juicio pueda terminar con una sentencia ejemplar. Hay quien habla de que puede terminar en cadena perpetua. Yo lo pongo en tela de duda, porque antes de que haya una posibilidad, existe la posibilidad de que García Luna pueda negociar. Hasta ahora, él se ha negado a colaborar, apela a que es inocente, pero falta conocer de fondo si, como lo han dicho las autoridades estadounidenses, cuentan con las suficientes pruebas para enjuiciarlo y sentenciarlo. Llama mucho la atención que las audiencias de su caso se han pospuesto muchas veces . Ahora, la más reciente va a ser hasta mayo del año entrante.

Yo tengo dudas de que vaya a ser cadena perpetua y también de que los señalamientos de protección al crimen organizado vayan a llegar hasta Calderón, pero no lo vamos a saber hasta que se dé un veredicto. Lo que está faltando es que en México se lleven a cabo investigaciones en paralelo como lo está haciendo Estados Unidos. Aquí, en México, no hay expedientes abiertos contra García Luna ni contra Felipe Calderón, cuando México debiera estar haciendo lo propio para llevar a juicio a Calderón, porque los delitos se cometieron aquí, las acciones de protección al narcotráfico fueron en México, y si hay tantas evidencias que señalan a Calderón, la fiscalía debería estar siguiendo esas pistas e integrando un amplio expediente.

En el libro también se mencionan los posibles nexos de gobernadores y exgobernadores: Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Jaime Bonilla. ¿Hay investigaciones sobre ellos?
La única investigación que existe es la de Cabeza de Vaca. Aureoles sí está bajo investigación pero es por desvío de recursos públicos: 4,000 o 5,000 millones de pesos que están extraviados. Y el actual gobernador de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) está llevando a cabo una investigación con las autoridades federales para determinar la responsabilidad que pudiera tener Aureoles en este caso. Lo que es cierto es que no se le está investigando por narcotráfico. Están dados muchos elementos que dan cuenta de cómo floreció el crimen organizado durante su gobierno y cómo el gobierno bajo su mando dejó de hacer su papel para frenar la violencia en el estado.

Jaime Bonilla está acusado de llevar a cabo contratos leoninos que tienen todo el olor a corrupción y ya fueron denunciados por la actual gobernadora (Marina del Pilar Ávila), y también hay un tema relacionado con la proliferación del narcotráfico en todo Baja California durante su periodo. Imposible no considerar que en Baja California el narcotráfico floreció también por las omisiones oficiales, y Jaime Bonilla tiene mucho que ver y no hay investigación en su contra. Al contrario, tiene incluso una invitación para que se sume al gabinete .

¿Consideras que esta falta de investigaciones pueda cambiar en la segunda mitad del sexenio de López Obrador?
No veo ese escenario viable con esta administración. Uno de los puntos que se cuestionan en el libro, y que ha sido parte del debate público, es la falta de una estrategia integral del gobierno de la “cuarta transformación” para enfrentar al crimen organizado. No solo es la violencia que se está padeciendo en distintas entidades, sino que tiene que ver con complicidades a nivel político y empresarial que la “cuarta transformación” no ha sabido ver. Si hubiera una estrategia integral, amplia, ya estuvieran trabajando una estructura de jueces y fiscales para desmantelar la estructura política y criminal que da protección a los cárteles, al lavado de dinero y a tantos delitos que estamos padeciendo en el país. No es un tema solamente de la violencia de afuera, es un tema estructural que la “cuarta transformación” no está atendiendo.

Si el presidente ha señalado reiteradamente que está atendiendo las causas de la violencia, una de las causas es la vinculación del poder político con el crimen y esta causa, que es central, no la está atendiendo. No hay investigaciones contra nadie… Yo no veo que la “cuarta transformación” vaya a enfrentar el flagelo de fondo. El presidente habla de que los programas sociales van encaminados a frenar la violencia y evitar que los jóvenes se inmiscuyan en el crimen, pero esto no tiene ninguna garantía. Creo que los programas sociales solo obedecen a un tema político-electoral, porque tampoco tienen la voluntad de resolver la pobreza, el hambre, las necesidades, pero sí tienen muy claro que administrando estos problemas pueden ganar elecciones.

El tema de la delincuencia organizada no está atendido integral ni debidamente. Solo atendiendo el tema social es imposible, todo lo demás goza de impunidad”.

¿Hasta ahora has recibido alguna amenaza o represalia de los políticos mencionados?
En el pasado, sí. Yo he sido amenazado dos veces, ya tiene más de 10 años. A partir de la publicación del libro, no. Al contrario, ha habido buenos comentarios en su mayoría. Habrá grupos políticos que se incomodan, sin duda, pero yo no soy responsable de las historias. Finalmente, son las historias que ellos mismos han construido con sus vidas. Son públicos los escándalos, están documentados. Entonces, como periodista nada más cumplo una función. La realidad pone las imágenes y los hechos, yo nada más pongo las palabras.

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