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Fiscalías anticorrupción aún tienen poca eficacia: reportan baja judicialización

Las fiscalías anticorrupción de solamente ocho estados han logrado llevar ante un juez más del 5% de las denuncias que han recibido. También se registran pocas sentencias condenatorias.
jue 02 diciembre 2021 05:59 PM
fiscalías anticorrupción
El análisis de las organizaciones Tojil e IMCO indica que las fiscalías tienen escasos recursos económicos y humanos.

Las fiscalías anticorrupción del país operan con bajos recursos económicos y humanos, lo que genera poca efectividad en su labor contra este problema, advirtieron especialistas este jueves. "Carecen de diseño institucional adecuado, así como de capacidades, recursos y capital humano suficiente para su operación", resumieron.

El análisis Levantemos la voz de las fiscalías anticorrupción, elaborado por las organizaciones Tojil e Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), identificó un limitado uso de las herramientas penales en el combate a la corrupción, poca efectividad en la investigación de estos casos y baja judicialización y enjuiciamiento.

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La investigación señala que, en el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre 2019 y 2020 se iniciaron 1,657 carpetas de investigación, de las cuales 40% fue determinado y, de ese total, 3% fue judicializado.

En los estados, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de mayo de 2020, únicamente ocho reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas.

Los estados que más judicializaron fueron Sonora, con 13%, seguido de Michoacán con 10% y Sinaloa y Coahuila con 9%, resultados que coinciden con los datos a nivel nacional, en los que menos del 2.5% de las investigaciones criminales iniciadas se vincula a proceso y menos del 1% llega a juicio, advirtieron las especialistas.

Aunque las entidades federativas ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por ello, los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios".

El reporte encontró que cuatro fiscalías no judicializaron ninguna investigación, 12 de 24 no han obtenido sentencias condenatorias, dos alcanzaron tasas de 10% y 13% de judicialización —las más altas a nivel nacional—, 14 fiscalías vincularon a proceso la mitad o más de sus investigaciones y solo tres vincularon a proceso 100% de las investigaciones judicializadas.

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Adriana Greaves, de Tojil, explicó que las fiscalías son incomparables porque, por ejemplo, cada instancia tiene su propio catálogo de delitos, o bien, porque no es lo mismo investigar un caso en la zona conurbada que en otras áreas, aunado a que las fiscalías anticorrupción son las más nuevas en el andamiaje en la materia, tienen máximo cuatro años y algunas apenas se están construyendo.

"En el contexto que estamos actualmente, se habla mucho de que el combate a la corrupción es una prioridad; nos pareció importante voltear a ver los ojos y decir si realmente es una prioridad, vamos a ver quiénes, las instituciones que están en la trinchera luchando son las fiscalías anticorrupción", dijo.

No estamos ante una realidad donde vemos fiscalías sancionando, ni vemos casos ejemplares para disminuir la impunidad".
Adriana Greaves

Con los indicadores, señalaron, se observa si se está realmente combatiendo la corrupción. No obstante, los resultados revelaron que las fiscalías no tienen procesos articulados ni presupuesto o capital humano para cumplir su tarea, tampoco cuentan con autonomía adecuada.

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En el tema de recursos, solo en cinco estados (Durango, Jalisco, Campeche, Coahuila y Veracruz) reportaron que el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción se asigna de manera independiente a la fiscalía estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación, y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares en la planeación y ejecución de acciones.

La directora de Tojil explicó que se redujo el presupuesto de ocho fiscalías entre 2019 y 2020, lo que es revelador si se trata de una de las grandes problemáticas. "Reducir la asignación de recursos en quienes están al frente de la lucha habla justamente de que no hay esa intención de combatir la corrupción", dijo.

En 2020, el promedio nacional del presupuesto para las fiscalías fue de 25.4 millones de pesos, pero con diferencias sustanciales, pues mientras que el Edomex recibió 165.6 millones, que se explica en parte por su área geográfica e investigaciones, Tamaulipas tuvo solo 2.9 millones, es decir, 57 veces menos.

La investigación también resaltó que entre 2019 y 2020 solo en cuatro estados (Chihuahua, Guanajuato, Sinaloa y Sonora) los ministerios públicos, policías y peritos recibieron capacitación, y mientras que el Edomex cuenta con el mayor número de ministerios públicos (55), Guerrero (tres), Colima (tres) y San Luis Potosí (dos) tienen el menor número, sin que exista una justificación en términos de extensión territorial o población.

Estos son algunos de los hallazgos:

  • Las 29 fiscalías evaluadas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones.
  • En 10 fiscalías, el nombramiento del titular es realizado por el fiscal general, lo que limita la autonomía y genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo.
  • Solo 10 fiscalías reportaron contar con peritos y 16 con policías de investigación.
  • 26 fiscalías tienen medios para denunciar. De estos, 18 estados reportaron tener tres o más medios para interponer denuncias por hechos de corrupción.
  • 14 fiscalías (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Edomex, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Yucatán y Zacatecas) tienen convenios de colaboración con otras instituciones a nivel local y federal para realizar investigaciones.

Yuriria Torres, directora de proyectos especiales de Tojil, expuso que cuatro fiscalías anticorrupción no reciben denuncias anónimas, lo que es "grave" porque en estos hechos es muy importante tener todos los canales de denuncia abierta.

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Con base en el análisis, las organizaciones estudiaron los casos del Estado de México, Quintana Roo y Sonora, entidades que obtuvieron mayor número de sentencias condenatorias dentro del grupo de las 11 entidades que consiguieron estas sentencias, en donde identificaron que una clave de ello es la colaboración.

No obstante, las especialistas en general consideraron que "estos buenos ejemplos aún dependen de la voluntad de las personas al frente de las fiscalías anticorrupción, por lo que ninguna de estas prácticas se ha institucionalizado".

La investigación identificó que las principales problemáticas que enfrentan las fiscalías consisten en que son instituciones "incómodas para el poder", no cuentan con presupuesto suficiente o personal suficiente ni especializado, el Poder Legislativo en los estados impone dificultades en la investigación, no tienen criterios homologados y tienen dificultad para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En la conferencia participó Jesús Flores Mier, presidente de la Confederación de Fiscalías Anticorrupción (Conafa) y fiscal especializado en Combate a la Corrupción de Coahuila, quien recordó que hay cuatro estados donde no se ha podido nombrar fiscal anticorrupción y cada instancia tiene diferentes mecanismos. Sin embargo, manifestó su intención de colaborar. "Estamos en la mejor actitud, siempre colaborando con la sociedad civil, con esfuerzos, ideas", señaló.

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