El Tribunal Anticorrupción sesiona por primera vez a seis años de su formación

Fue en la legislación reglamentaria aprobada el 18 de julio de 2016 cuando se definió que el titular del Ejecutivo Federal debía enviar sus propuestas al Senado, “a más tardar en el periodo ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión inmediato anterior a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, lo que sucedió ese mismo día.

Si bien el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió sus propuestas para ocupar los cargos de magistrados anticorrupción hasta 2017, nunca fueron confirmados por el Senado, sino hasta este año cuando se aprobaron dos nombramientos para la Tercera Sala especializada en corrupción propuestos por el actual titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

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El pasado 30 de abril la cámara alta designó a Natalia Téllez Torres Orozco como magistrada de la Tercera Sección de Sala Superior del TFJA por un periodo improrrogable de 15 años. En tanto que el 30 de junio, el Senado aprobó la idoneidad de Julio Ángel Sabines Chesterking como magistrado de esta sección del tribunal, también por 15 años.

Es decir que cuando los cargos debían haberse aprobado desde hace tres años, ello no ocurrió hasta este 2021 y solo los magistrados para la Tercera Sección, especializada en materia anticorrupción, no así de los otros integrantes de las cinco salas cada una con tres magistrados para revisar los asuntos en primera instancia, pero el 22 de marzo, la Comisión de Justicia del Senado aprobó desaparecerlas.

Todavía está pendiente uno de los tres cargos de la sala encargada de resolver el recurso de apelación que se interponga en contra de las resoluciones de las salas especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas; ejercer la facultad de atracción para resolver los procedimientos administrativos sancionatorios que deriven de faltas graves y los recursos de reclamación que procedan en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esa sala también tendrá como encargo fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

¿Quién es Natalia Téllez Torres Orozco?

Téllez Torres Orozco es licenciada en Derecho en la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan: Argumentación Jurídica por la Universidad Panamericana, en colaboración con el Instituto de la Judicatura Federal y la Fundación General de la Universidad de Alicante y Diplomado Teórico Práctico en Derecho del Trabajo y Seguridad Social impartido por la UNAM y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, AC.

Es maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de la UNAM y cuenta con estudios de Master en Global Rule of Law & Constitutional Oemocracy-Genova/Girona en la Universidad de Génova, Italia.

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Ha prestado servicios profesionales en la Dirección General de Amparo contra Leyes de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, ahora fiscalía, y cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Federación pues ha ocupado varios cargos en tribunales administrativos y de circuito. En el ámbito académico, fue profesora adjunta en la cátedra de Antropología Jurídica en la Escuela Libre de Derecho.

¿Quién es Julio Ángel Sabines Chesterking?

Sabines Chesterking se licenció en Derecho en la Universidad del Sur en Chiapas, tiene maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales y cursó un doctorado en Seguridad Nacional. También cursó varios talleres, seminarios y diplomados en la materia a nivel internacional, como el Washington Security & Defense Seminar impartido por el Center for Hemispheric Defense Sudies o el de “Protección a testigos colaboradores” de la Agencia Federal de Investigación Policial del Ministerio Federal del Interior de Alemania.

Fue director general en la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, ahora fiscalía; asesor de la Secretaría de Gobernación en 2010. También fue diputado federal suplente por el PRI de 2006 a 2009, y fue uno de los aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República en 2019.

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Uno de los casos que atendieron fue la sanción impuesta a Darmin de los Santos López, inhabilitado por un año debido a que cobraba 150 pesos a aspirantes de Conalep en Oaxaca para presentar su examen de admisión. El ingreso ilegal sumó 75,000 pesos, de los cuales devolvió 65,250 pesos.

El tribunal sanciona las faltas graves que ameritan inhabilitaciones y resarcimiento de los daños al erario, pero sus sentencias pueden ser impugnadas ante los tribunales colegiados de circuito.