“Tratar de generar la reflexión de que los sistemas anticorrupción deben de ser sistemas que obliga e implica que las autoridades inmiscuidas estén coordinadas y no nada más se quede con que yo hice mi trabajo y nada más me toca de un punto a otro, si no que se entienda que si no existe coordinación, transferencia de información y una verdadera coadyuvancia de la ciudadanía y pasión en estos temas, no vamos a avanzar en el combate en la corrupción”, detalló.
El estudio se enfocó en 38 indicadores para ver cómo está funcionando el ecosistema y, precisamente, uno de los problemas es la falta de información y de datos abiertos, y al no contar con ella no se puede hacer un análisis más profundo sobre cómo operan.
Los estados que participaron en este ejercicio son Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, en los que se analiza las distintas etapas del proceso: investigación, sanción y recuperación.
De acuerdo con los datos entregados por las 88 autoridades a las que se les solicitó información, en 2019 se resolvieron 3,067 quejas de las 10,304 presentadas; hubo siete sentencias condenatorias de las 3,526 carpetas judicializadas; 948 funcionarios fueron sancionados por actos de corrupción y se recuperaron 1 millón 437,000 pesos. En 2020 se resolvieron 2,024 quejas; se dictaron seis sentencias; se sancionaron 486 funcionarios y se recuperaron 1 millón 237,000 pesos.
