Coordinación en sistemas anticorrupción falla: se registran solo 13 sentencias

“Tratar de generar la reflexión de que los sistemas anticorrupción deben de ser sistemas que obliga e implica que las autoridades inmiscuidas estén coordinadas y no nada más se quede con que yo hice mi trabajo y nada más me toca de un punto a otro, si no que se entienda que si no existe coordinación, transferencia de información y una verdadera coadyuvancia de la ciudadanía y pasión en estos temas, no vamos a avanzar en el combate en la corrupción”, detalló.

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El estudio se enfocó en 38 indicadores para ver cómo está funcionando el ecosistema y, precisamente, uno de los problemas es la falta de información y de datos abiertos, y al no contar con ella no se puede hacer un análisis más profundo sobre cómo operan.

Los estados que participaron en este ejercicio son Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, en los que se analiza las distintas etapas del proceso: investigación, sanción y recuperación.

De acuerdo con los datos entregados por las 88 autoridades a las que se les solicitó información, en 2019 se resolvieron 3,067 quejas de las 10,304 presentadas; hubo siete sentencias condenatorias de las 3,526 carpetas judicializadas; 948 funcionarios fueron sancionados por actos de corrupción y se recuperaron 1 millón 437,000 pesos. En 2020 se resolvieron 2,024 quejas; se dictaron seis sentencias; se sancionaron 486 funcionarios y se recuperaron 1 millón 237,000 pesos.

A nivel nacional la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no cuenta con observaciones solventadas de las auditorías que realiza, la Función Pública no tiene procedimientos de responsabilidades iniciados y la fiscalía anticorrupción tampoco registra denuncias penales por actos de corrupción en 2019.

En cambio, en 2020, sí reportó dos de nueve observaciones solventadas; se abrieron 66 procedimientos de responsabilidades ante la Función Pública y hay 513 denuncias penales ante la fiscalía anticorrupción por estos actos presentadas. También se tiene registro de 1,458 funcionarios con una sanción firme. y se han recuperado 1 millón 237,000 pesos por extinción de dominio.

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Otro de los hallazgos que hicieron, explica el autor del estudio, es que los “sistemas anticorrupción son mecanismos muy frágiles” en los que se tienen varias piezas y que en el momento en el que uno se rompe o deja de funcionar “prácticamente colapsa el mecanismo”, aunado a que muchas personas tienen la posibilidad de “meter mano a la maquinaria”.

Los sistemas están conformados por la Fiscalía Anticorrupción, un representante del Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación o sus homólogos estatales, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Comité de Participación Ciudadana.

El investigador explica que si un poder legislativo coopta al Comité de Participación Ciudadana hay un problema. En tanto, si se le reduce el presupuesto o si la Auditoría Superior de la Federación no presenta denuncias penales de hallazgos, la fiscalía no tiene materia, por lo que todo el sistema debe estar coordinado.

Si bien este estudio piloto le dejó un “mal sabor de boca” en términos de los datos proporcionados, señala que es un buen primer ejercicio porque nadie había visualizado “el bosque completo y no solo el árbol”, por lo que es un buen paso para empezar a entender el ecosistema y medirlo.

“¿Cómo medimos el éxito o fracaso del sistema anticorrupción, del modelo que tenemos de sistema anticorrupción? No podemos solo medirlo porque no vemos en la cárcel a expresidentes o no podemos medirlo solamente porque se siguen dando actos de corrupción con los ciudadanos, es mucho más complejo”, afirma al señalar que es un primer punto de partida para medirlo.

Juan José Tena considera que sí es necesario hacer ajuste al sistema que surgió como una propuesta ciudadana, por lo que se debe dar más “dientes” a los ciudadanos que integrar los sistemas, pero también señala que la Unidad de Inteligencia Financiera o un representante de Hacienda debe tener un lugar en el sistema, de otro modo la recuperación de activos queda corta.