Tras más de cuatro horas de sesión ( y después de una reunión suspendida ), los integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana eligieron a los nuevos elementos ciudadanos del Sistema Nacional Anticorrupción.
El Comité de Participación Ciudadana perdió elementos en los últimos meses debido a renuncias y el fin del periodo de algunos de ellos. Desde febrero, se había mantenido con solo un integrante (Jorge Alatorre) de los cinco que debía tener.
Es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey con especialidad en Derecho Comercial y Financiero Internacionales. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Washington University. Es director de Información de Negocios y Proyectos en Banco Azteca y consultor legal y consejero en asuntos públicos en CFA de México.
Dentro de su experiencia, se encuentra la coordinación general del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de 2014 a 2017.
También, fue subsecretario de Educación Básica y jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas en la Secretaría de Educación Pública de 2009 a 2012, donde se encargó de la implementación de plataformas de transferencia y la creación de Registros Nacionales de Maestros y de Profesionistas, así como las pruebas ENLACE y PISA.
Fue secretario de acuerdos y abogado general en el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI, ahora INAI) como responsable de la implementación de la Ley Federal de Transparencia y coordinador general en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER, ahora CONAMER).
Ha impartido consultorías y asesorías sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, procedimientos administrativos, transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas entre otros.
Respecto a la relación con la sociedad civil, ha sido presidente de la Comisión de Estrategia Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana y del Consejo Coordinador Empresarial, desde donde incidió en las reformas constitucionales de transparencia, anticorrupción y mejora regulatoria, incluida la visita al Senado para pedir la aprobación de las leyes anticorrupción, en 2016.
Entre sus propuestas están impulsar que las entidades federativas cuenten con políticas estatales anticorrupción, avanzar con la Plataforma Digital Nacional, así como realizar un monitoreo legislativo para detectar regulaciones en proyecto que militen en contra de la política anticorrupción.
Ciscomani Freaner aseguró en su carta de motivos que en la agenda política del 2024 y 2025, la sociedad civil debe llegar unida y con una idea clara de cómo puede transformar y hacer más eficaz el SNA. “El combate a la corrupción es una condición para tener un gobierno más eficiente, eficaz, profesional, transparente, responsable y honesto, de acuerdo con las expectativas de los ciudadanos y con un nuevo entendimiento de la sociedad con su gobierno”, afirmó.
Su elección causó controversia debido a que en su entrevista con los comisionados, señaló que no estaría totalmente dedicado al Comité de Participación Ciudadana, pues la comisionada Mónica Barrera aseguró que se dedicaría a otras actividades para financiar la carrera de sus hijos.
Al final, fue seleccionado para el periodo más corto, que es de cuatro meses, mismos en los que ocupará el cargo de presidente del CPC y por extensión, del Comité Coordinador del SNA, integrado por los representantes y titulares de varias dependencias públicas en la materia.
Al menos una veintena de organizaciones de la sociedad civil respaldaron su postulación al CPC del licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es también maestro en Análisis Político y Medios de Información, así como varios diplomados enfocados en la materia.
Fue director general de Gobierno Abierto y Transparencia en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 2014 a 2020, antes se desempeñó en el organismo como director de Estudios de Ponencia y subdirector de Adquisiciones.
En la Secretaría de la Función Pública (SFP) fue director de programas de Transparencia e Integridad y subdirector de Vinculación con la Sociedad. Asimismo, fue jefe de Departamento de Diseño de Políticas Pública en el municipio de Puebla.
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Entre su experiencia se encuentra el diseño e implementación de las Política de Gobierno Abierto y Transparencia del Sistema Nacional de Transparencia; la participación en la conformación de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y el proyecto de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para la protección de denunciantes de actos de corrupción.
“Considero que soy un candidato idóneo para integrar el CPC, dentro del cual trabajaré para construir, con base en el respeto a la pluralidad de ideas, una visión común que nos permita, primero, poner en el centro de la actuación pública a la sociedad y, segundo, promover acciones viables y razonadas para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción de México y con ello, lograr que el fenómeno de la corrupción sea abordado como una prioridad del Estado Mexicano”, expuso en su carta de motivos.
La postulación de Álvarez Córdoba también causó controversia debido a que la comisionada Mónica Barrera también señaló que existen diversas acusaciones en su contra por acoso sexual y acoso laboral.
Magdalena Rodríguez es ingeniera civil por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México. También tiene un diplomado en Política Pública contra la Corrupción y para la Rendición de Cuentas por la UNAM además de haber tomado otros talleres y capacitaciones en la materia.
Es consejera presidenta del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del municipio de Chihuahua, vocal del consejo municipal para personas con discapacidad y tuvo el cargo honorario de coordinadora de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana de Chihuahua, donde coordinó la emisión de la convocatoria para la elección de los integrantes del CPC del sistema estatal anticorrupción en 2018, 2019 y 2020.
En el sector privado es directora y socia de Soluciones en Construcción y Presupuestos SA de CV, adherida al Pacto Mundial de la ONU para crear desde el sector empresarial un compromiso de cumplimiento y alinear estrategias con derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, entre otros.
Entre sus logros relacionados con la materia, en el 2016 fue nombrada para la Coordinación de Mujeres Empresarias dentro de CMIC y de la Coordinación Regional Norte de Mujeres Empresarias. También fue postulada para el premio Mujeres Ejemplares del Municipio de Chihuahua.
“Durante mi trayectoria en lo público, social y empresarial ha sido con una figura autónoma y honoraria, sin estar sujeta a que las opiniones, propuestas y decisiones sean contrarias a los objetivos de los proyectos, programas, comisiones que se me han encomendado”, refirió en su carta de motivos.
Coincidió en que se debe avanzar en la Plataforma Digital, en un programa de socialización de las acciones y elaborar un análisis para simplificar la operación general del SNA.
La licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Trabajo social y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue la mejor calificada por los comisionados de selección. Presentó apoyos de la UNAM y del Colegio de Contadores Públicos de México AC, cuya presidenta del consejo consultivo es Rosa María Cruz Lesbros, expresidenta del CPC, así como del Observatorio Nacional Ciudadano
Cuenta con diversas certificaciones sobre corrupción y ética e integración en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como el curo de Identificación del Fraude y la Corrupción por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Dentro del PNUD, fue coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia, en la asistencia técnica anticorrupción de la oficina en México.
Fungió también como asesora del Proyecto de Cultura de la Legalidad en México del National Strategy Information Center. En tanto que fue subdirectora de Enlace Civil con el jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, Marcelo Ebrard, entre junio de 2009 y enero de 2010.
Como consultora ha realizado varias acciones en materia de cumplimiento, integridad y anticorrupción, integridad corporativa, entre otras. También ha sido autora de varias publicaciones sobre el tema.
Entre los logros que considera ha tenido en la materia, está la fundación e impulso de la Red Nacional Anticorrupción, así como redes estatales anticorrupción, la elaboración del programa de derecho y cultura de la legalidad para varias fiscalías estatales, ponente, conferencista y panelistas en distintos foros sobre corrupción.
Entre sus propuestas se encuentra la creación de una Ley de Víctimas de la Corrupción, con miras hacia febrero de 2024.
