México cayó en un año del lugar 104 entre 128 países al 113 de 139 países en el Índice de Estado de Derecho 2021 elaborado por la organización World Justice Project. En comparación con las naciones de América Latina, México quedó a cinco lugares del último puesto.
La categoría en la que registró la calificación más baja fue en la de ausencia de corrupción, pese a que el combate a este problema es una de las banderas del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Al igual que en la gran mayoría de países incluidos en el índice, México sufrió caídas en dimensiones relacionadas con el espacio cívico (participación cívica, la efectividad de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al Ejecutivo, libertad de opinión y expresión, y libertad de reunión y asociación). Además, aumentaron las demoras en procedimientos de justicia civil y penal, como en 94% de los países”, señaló World Justice Project en un comunicado.
El mayor reto de México es ausencia de corrupción, en el que tiene su puntaje más bajo. Específicamente, hubo retrocesos en los indicadores que miden la ausencia de corrupción en el Poder Legislativo y en el Judicial”.
“El peor desempeño del país se da en el factor de ausencia de corrupción, el cual analiza el uso del poder público para beneficios privados, en el que México se coloca como el país 135 en el mundo y en el último lugar en América Latina, seguido de Bolivia y Venezuela”, señala la organización civil mexicana Impunidad Cero sobre estos resultados.
En contraste, el factor con mejores resultados es el de gobierno abierto, en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en el que México se coloca en el lugar 43 a nivel mundial y número siete en América Latina.
En el rubro de orden y seguridad, que considera si el crimen está controlado y si la población evita la violencia para solucionar conflictos, México está en el lugar 130 a nivel mundial y en el 30 de América Latina, solo superado con un peor desempeño por Haití y Venezuela.
Asimismo, en el factor de justicia penal, que analiza si hay sistemas eficaces que cumplen el objetivo de sancionar los delitos, México se coloca como el país 129 a nivel mundial y el 26 en América Latina.
Impunidad Cero consideró que los resultados reiteran la necesidad de invertir más en las instituciones de justicia. “La construcción de un verdadero Estado de derecho en el país necesita que se destinen recursos suficientes y bien utilizados en estas instituciones, como lo mostró la investigación”, señaló.
Recordó que su investigación Presupuesto estatal para el combate a la impunidad: cuánto gastan los estados y qué impacto tiene en la seguridad y la justicia coincide en que existe una relación entre un mayor gasto en instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia y mejores niveles de Estado de derecho, y que para combatir la corrupción se requiere consolidar a las instituciones encargadas de desmantelar las redes de corrupción en el país.
“Consolidar el Estado de derecho en México pasa invariablemente por invertir más, y mejor, en nuestras instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia. Si bien ha aumentado el gasto que se hace en el país para lograrlo, todavía no es suficiente y las autoridades estatales y federales necesitan redoblar esfuerzos para conseguir mejores resultados para la población”, afirmó la organización.
