Con acciones antilavado, coinciden, Estados Unidos no solo acota las actividades de los cárteles en ambos lados de la frontera, sino que corta el flujo de una parte de sus ingresos y limita su capacidad de expansión y operación.
Para Alberto Guerrero Baena, especialista en seguridad y miembro del Observatorio de la Guardia Nacional de Causa en Común, sin recursos económicos, los cárteles no pueden comprar arsenal, precursores químicos y ningún tipo de instrumento bélico; tampoco contratar personal o "traerlo importado desde el sur" o sobornar autoridades.
Están apuntando al corazón de las organizaciones delictivas que es el manejo de los recursos económicos. Eso es algo que realmente les duele; la solución parece que nos la están poniendo los vecinos del norte”.
Alberto Guerrero, especialista en seguridad.
En los primeros meses del gobierno de Trump, EU ha adoptado medidas contra los cárteles como nombrarlos Organizaciones Terroristas Extranjeras, exhibir una presunta red de lavado de dinero de instituciones financieras mexicanas y sancionar una red regional de socios y empresas de "Los Chapitos" con sede en Mazatlán, Sinaloa.
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EU reveló que instituciones financieras en México facilitaron el blanqueo de más de 180 millones de dólares producto del tráfico ilícito de opioides del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, Los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
Los bancos señalados son Vector, fundado por Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; Intercam, del empresario Eduardo García Lecuona Mayeur; y CiBanco, del empresario guanajuatense Jorge Rangel de Alba Brunel.
"Están facilitando el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Entre los señalamientos a estas instituciones están: que hicieron depósitos millonarios -producto de sobornos- al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna; facilitaron la compra de precursores químicos desde China; transfirieron fondos ilícitos; e incluso que algunos directivos de Intercam sostuvieron reuniones con integrantes de organizaciones criminales para, presuntamente, acordar esquemas de lavado.
El mes pasado, el Departamento del Tesoro también exhibió una red de 10 empresas que en Mazatlán, Sinaloa, presuntamente lavan dinero de "Los Chapitos". Se trata de empresas inmobiliarias y del sector servicios operadas por dos prestanombres: José Raúl Núñez Ríos, alias "El Lic", y su esposa Sheila Urías, una maquillista con estudios en Los Ángeles, California.
Las 10 compañías operan restaurantes, desarrollos inmobiliarios, clubes de playa, un spa y una empresa que incluso ha patrocinado certámenes de belleza estatales.
Además, la administración Trump ha presionado a México para reforzar el combate a las organizaciones, en particular el tráfico de fentanilo y el contrabando de hidrocarburos o “huachicol”, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de ganancias ilegales después del narcotráfico.
En México acciones operativas
Mientras en EU endurecen las medidas para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, en México las acciones están más dirigidas al debilitamiento de los cárteles a través de la detención de sus líderes y operadores, y el aseguramiento de drogas.
Del 1 de octubre de 2024 al 10 junio de 2025, las fuerzas federales detuvieron a 23,417 personas por delitos de alto impacto y se aseguraron 172.6 toneladas de droga y más de 12,000 armas de fuego.
Un informe del gabinete de seguridad señala que, en el mismo periodo, se inhabilitaron más de 990 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
"Estos resultados representan una afectación económica de cientos de millones de pesos para los grupos delictivos”, se destaca en el reporte. Sin embargo, no hay datos o informes públicos específicos sobre el combate al lavado de dinero de los cárteles.
Facundo Rosas, director de la consultora en seguridad BlackIND, considera que, ante la "pasividad" que mostró el gobierno anterior, Estados Unidos endureció su lucha contra las organizaciones criminales a las que ve como amenaza a su seguridad nacional e incluso, en palabras de la fiscal Pam Bondi, un adversario por el tráfico de fentanilo.
“Con la llegada del presidente Trump se dio un giro a la estrategia, hay un enfoque integral al combate a los grupos criminales para cortar sus ingresos", subraya el exfuncionario de la Secretaría de Seguridad federal.
"Ellos tienen algo que México no, que son estas leyes ‘extraterritoriales’ y esas solo aplican en temas de terrorismo, de ahí que hayan nombrado como organizaciones terroristas a los grupos que se dedican al tráfico de todo tipo de drogas”.