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Despropósitos en el combate a la corrupción

Uno de los principales yerros en el combate a la corrupción estriba en suponer que impunidad y corrupción son sinónimos y que por lo tanto la lucha contra una u otra es en realidad la misma.
mié 08 septiembre 2021 12:05 AM
En busca de transparencia
Las sugerencias de la Auditoría Superior de la Federación tienen como propósito fortalecer el combate a la corrupción.

Existen una serie de estrategias inmovilizantes que causan un daño terrible a la gesta anticorrupción, conviene pues estar alerta ante ellas y los intereses de quienes las promueven o toleran.

Confundir el control de la corrupción con el combate a la impunidad. Uno de los principales yerros estriba en suponer que impunidad y corrupción son sinónimos y que por lo tanto la lucha contra una u otra es en realidad la misma. Mientras que la corrupción tiene múltiples manifestaciones que se apoyan en la impunidad prevalente, es en el fondo un fenómeno multi-causal con muchas más variables de relevancia más allá de la mera impunidad. Por su parte, la impunidad tiene un impacto significativo sobre la corrupción, pero afecta una cantidad importante de delitos y crímenes que no califican como actos de corrupción. En suma, son luchas paralelas, inter-conectadas, pero claramente diferenciadas.

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Simulación. Si en algo se parecen las fuerzas políticas del país es en su machacona y engañosa insistencia de que son distintos. Mientras que lemas, consignas, colores y hasta jingles diversifican la oferta política, la verdad es que, a la hora de la gestión, particularmente en términos de genuino combate a la corrupción, terminan pareciéndose demasiado. Parafraseando el título del cuento de García Márquez: “En este pueblo no hay ladrones”, se esmeran en convencernos que los verdaderos ladrones son los de “antes” o los de “al lado”, mientras honran selectivos pactos de impunidad, persiguiendo con celo diferenciado a adversarios y aliados.

Si bien es cierto que los procesos judiciales en México son intrínsecamente farragosos, barrocos y laberínticos, también cierto es que diferentes autoridades pueden hacer mucho para hacerlos aún peores, empantanando o descarrilando investigaciones o denuncias. Esto pasa en estados gobernados por toda la paleta electoral de colores; al final, todos son pinturas.

Muy relacionado con la simulación está la engañifa recurrente de que solo ellos (inserte partido de su preferencia) tienen la voluntad y el modelo para combatir a la corrupción, por lo que todo esfuerzo previo o contemporáneo (ajeno) es inválido. Por eso hay que volver a empezar, renovar, transformar, refundar, lo que sea menos aprovechar los aprendizajes y contribuciones que a todos nos han costado. Vivimos así condenados al eterno inicio, malditos como Sísifo.

La excusa de la cultura de la denuncia. Se repite como muletilla insidiosa que para contar con resultados en la lucha contra la corrupción necesitamos más denuncias de los ciudadanos. Esta frase es perversa porque impone la culpa del statu quo a las víctimas de los actos de corrupción o a sus testigos, sin asegurarles protección o empeño ante el valiente paso que se les exige. La cultura de la denuncia se forjará sola cuando se demuestre una “cultura de resultados”, con funcionarios más enfocados en la genuina justicia que en procesos burocráticos que terminan haciéndola nugatoria.

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Recientemente la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupcion (ITAC) del Tec de Monterrey presentó un análisis sobre autonomía y resultados de las Fiscalías Anticorrupción, con resultados poco halagüeños (por decir lo menos) pero además con una opacidad manifiesta por parte de 11 fiscalías que no les parece su obligación reportar nada, escudándose bajo cliches juridicistas o sin siquiera molestarse en hacerlo. No podemos conocer los avances (o falta de ellos) en Baja California o Baja California Sur, Chiapas, CDMX, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo ni en Tabasco. No comprenden, ni pretenden entender que ese silencio no los cobija, los desnuda.

La misma iniciativa ITAC presentó un informe sobre Impunidad Administrativa en México y si bien los Tribunales del ramo no fueron tan contumaces como las fiscalías, las estrategias de respuesta (o más bien evasión de la misma) son comunes en varios Tribunales y deben motivar a través de los sistemas anticorrupción estrategias de información que garanticen al usuario saber que está pasando y restrinjan las “siestas selectivas” de casos a los que no les quieren entrar o que pretenden hacerlos languidecer hasta su prescripción. La flagrante impunidad para la respuesta de Fiscalías y Tribunales dice mucho también del papel de los órganos “garantes” de transparencia en no pocos estados.

Insistamos, de acuerdo con estos resultados, o más bien ante la ausencia de ellos, la excusa de una escasa de la cultura de la denuncia califica más como un cínico insulto que como una atenta invitación. ¿Si no pueden, o no quieren con la montaña de casos en su haber, para que quieren más? ¿Para desgastar a los denunciantes?

“Carpetitis”. La mejor lucha contra la corrupción es la que no necesita hacerse. No se trata de abrir carpetas de investigación ad nauseam, sino de cerrar progresivamente las ventanas de oportunidad que a diario aprovechan corruptos y abusivos reduciendo sus márgenes de discrecionalidad, incrementando las capacidades de fiscalización, subiendo el riesgo de ser detectados y enjuiciados y volviendo prohibitiva su ecuación riesgo/costo-beneficio. Se trata no solo de apagar fuegos, sino de enfocarnos mucho ms efectivamente en la prevención de incendios. Cuando el abuso ha sido cometido no solo hay un daño al erario y a la necesaria confianza pública, sino algo mucho más grave, una víctima. Someter a los victimarios a todo el peso de la ley es importante, evitar más victimas es impostergable.

Nuestros avances en la permanente lucha contra la corrupción no solo dependerán de lo que hagamos, sino de lo que dejemos de hacer en materia de los despropósitos mencionados.

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Nota del editor: El autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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