Recientemente la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupcion (ITAC) del Tec de Monterrey presentó un análisis sobre autonomía y resultados de las Fiscalías Anticorrupción, con resultados poco halagüeños (por decir lo menos) pero además con una opacidad manifiesta por parte de 11 fiscalías que no les parece su obligación reportar nada, escudándose bajo cliches juridicistas o sin siquiera molestarse en hacerlo. No podemos conocer los avances (o falta de ellos) en Baja California o Baja California Sur, Chiapas, CDMX, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo ni en Tabasco. No comprenden, ni pretenden entender que ese silencio no los cobija, los desnuda.
La misma iniciativa ITAC presentó un informe sobre Impunidad Administrativa en México y si bien los Tribunales del ramo no fueron tan contumaces como las fiscalías, las estrategias de respuesta (o más bien evasión de la misma) son comunes en varios Tribunales y deben motivar a través de los sistemas anticorrupción estrategias de información que garanticen al usuario saber que está pasando y restrinjan las “siestas selectivas” de casos a los que no les quieren entrar o que pretenden hacerlos languidecer hasta su prescripción. La flagrante impunidad para la respuesta de Fiscalías y Tribunales dice mucho también del papel de los órganos “garantes” de transparencia en no pocos estados.
Insistamos, de acuerdo con estos resultados, o más bien ante la ausencia de ellos, la excusa de una escasa de la cultura de la denuncia califica más como un cínico insulto que como una atenta invitación. ¿Si no pueden, o no quieren con la montaña de casos en su haber, para que quieren más? ¿Para desgastar a los denunciantes?
“Carpetitis”. La mejor lucha contra la corrupción es la que no necesita hacerse. No se trata de abrir carpetas de investigación ad nauseam, sino de cerrar progresivamente las ventanas de oportunidad que a diario aprovechan corruptos y abusivos reduciendo sus márgenes de discrecionalidad, incrementando las capacidades de fiscalización, subiendo el riesgo de ser detectados y enjuiciados y volviendo prohibitiva su ecuación riesgo/costo-beneficio. Se trata no solo de apagar fuegos, sino de enfocarnos mucho ms efectivamente en la prevención de incendios. Cuando el abuso ha sido cometido no solo hay un daño al erario y a la necesaria confianza pública, sino algo mucho más grave, una víctima. Someter a los victimarios a todo el peso de la ley es importante, evitar más victimas es impostergable.
Nuestros avances en la permanente lucha contra la corrupción no solo dependerán de lo que hagamos, sino de lo que dejemos de hacer en materia de los despropósitos mencionados.
_______________
Nota del editor: El autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
