El combate a la corrupción con AMLO aún tiene pendientes a la mitad del gobierno

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, afirmó que uno de los grandes retos todavía pendientes a la mitad del gobierno es que la sociedad civil vuelva a retomar su papel en la materia y el gobierno sienta la presión.

“Es importante que sea una prioridad nacional el tema porque afecta a muchos individuos, pero hay que reclamar ese espacio más allá del gobierno. La sociedad civil que algún momento logró articular los esfuerzos para tener voz se ha replegado, en parte porque tiene miedo o porque se le golpea en el púlpito. Cuando la sociedad se repliega, mucho de lo que se plantea no ocurre porque no tiene un marco de presión social. Quien está fuera ahorita de la discusión en anticorrupción es la sociedad mexicana y hay que traerla de vuelta, creo que es el reto más grande”, aseguró.

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Respecto al balance en la primera mitad del gobierno de López Obrador, María de los Ángeles Estrada, directora Ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec de Monterrey, consideró que hay falta de coordinación institucional y desdeño a lo que la academia y sociedad civil pueden hacer.

“No veo estrategia, me resulta complicado decir que sí hay estrategia, veo esfuerzos aislados, pero que no están coordinadas, el papel de las organizaciones y academia tiene que ser más visible”, señaló esta mañana.

El papel del SNA y la UIF

Con la creación del SNA, un entramado legal con la participación de distintas dependencias federales dirigido por un ciudadano, se esperaba que hubiera mejor coordinación entre los entes, pero a decir de los especialistas esto no se ha visto.

De hecho, al llegar López Obrador a la presidencia con la bandera de “erradicar la corrupción”, el Sistema quedó relegado, a decir de los expertos, y se trasladó la operación a otras dependencias dentro de la Secretaría de Hacienda.

Bohórquez enfatizó que no ha habido redes de corrupción desmanteladas, tampoco se han recuperado activos, y “lo más triste” es que el tema de reparación de daño y no repetición es “asunto de ciencia ficción”. Para él, es importante que haya sanciones, no necesariamente prisión, para que se recuperen los recursos derivados de actos de corrupción y así se materialice el discurso de “devolver al pueblo lo robado”.

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Asimismo, reconoció que algo que se ha hecho bien en el gobierno es dirigir el control de la corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT), debido a que se ha visto la corrupción como un delito económico.

Liliana Alvarado, directora de Ethos Laboratorio de Política Pública, coincidió que se está desdeñando al SNA, y se le está dando un “uso político al combate a la corrupción”, pues aunque la UIF y elSAT son instituciones potentes y efectivas en este sentido, las dos son manipuladas por el presidente y él las activa, decide cuándo se abre una investigación y cuándo no, por lo que no queda claro qué tanta independencia tienen y qué tanto responden a las indicaciones de Palacio Nacional.

“La UIF es muy importante, pero siempre y cuando se siente a platicar con todos los órganos del sistema, si no, no hace otra cosa que lo mismo que en el pasado que es responder al Ejecutivo”, señaló María de los Ángeles Estrada al considerar que la UIF tendría que funcionar en relación con otras dependencias, pues no lleva dirección si no está vinculado con los demás órganos del SNA.

Además señalaron que la Fiscalía anticorrupción ha tenido muy poco juego en administrar justicia en temas anticorrupción, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha tenido mucho avance en materializar los casos.

Jorge Alatorre, integrante del Consejo de Participación Ciudadana del SNA - el eje civil cuyo presidente coordina a todo el sistema- señaló que dentro del “buque” que es el Estado mexicano, todo se hace mejor “si se hace sin carga ideológica y en coordinación con los demás”.

“De lo que se trata que esta causa de Estado, donde cada una de las partes sean esenciales, se trata que haya mayor coordinación y que no se sientan los encargados como adversarios”, aseguró al señalar que el mejor combate a la corrupción es el que no tiene que hacerse, porque es el que se logra antes de que se cristalicen los actos.

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También señaló que ha habido avances como que se ha duplicado el número de faltas, la generación de un código de ética, el esfuerzo por generar un sistema de alertadores, pero enfatizó que el combate a la corrupción debe ser probadamente imparcial, que haya un esfuerzo estructurado, se ejerza a través de controles para que no de a pensar que hay una premisa de “castigar a adversarios y perdonar seguidores”.

Al respecto, Bohórquez comentó que todos los países politizan la lucha anticorrupción, pero el chiste es que no se vea ese sesgo. Señaló que si bien el presidente ha hecho bien en mantener el tema en debate y como prioridad en su gobierno, resaltó que a la fecha no hay ni una sola sentencia por un juez sobre estos asuntos, algo que es histórico y se llama “rostizar” a los inculpados, pues le das vueltas, pero no se cierran.

Para los expertos, aún quedan preocupaciones que atender en la última mitad del sexenio. “Todavía tenemos muchos pendientes ... Lograr que el combate sea sistémico, (que) se fortalezcan instituciones del SNA ... Se tienen que atender debilidades en muchos sentidos y atender los riesgos de corrupción rumbo al 2024, sobre todo en programas sociales”, afirmó Liliana Alvarado.