Pero la violencia hacia el gremio en estos dos años va de norte a sur en el territorio mexicano: Michoacán (3), Chihuahua (2) , Estado de México (2), Oaxaca (2), Quintana Roo (2), Tabasco (2), Aguascalientes, Baja California Sur (1), Coahuila (1), Chiapas (1), Ciudad de México (1), Guanajuato (1), Sinaloa (1), Nayarit (1), Sinaloa y Tamaulipas (1).
Del total de los casos, solo en dos se ha logrado una sentencia, en 13 hay personas vinculados a proceso y los 23 restantes aún están una carpeta de investigación.
El subsecretario Alejandro Encinas reconoció que en los últimos tres años aumentó la violencia hacia el gremio.
“Y lamentablemente esta violencia ha alcanzado también a los periodistas que están incorporados al Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas en el país Desde la creación del mecanismo en el año 2017 a la fecha, han sido asesinados seis periodistas incorporados”, dijo el funcionario el 25 de noviembre en la conferencia de prensa en la que presentó el informe.
Cuatro de ellos fueron asesinados en el actual gobierno: Rafael Murúa Manríquez (20 enero de 2019), Francisco Romero Díaz (16 mayo de 2019), Jorge Armenta Ávalos (17 mayo de 2020), Pablo Morrugares Parraguirre (02 agosto de 2020).
El informe señala que de las 1,052 agresiones contra periodistas de las que tienen registro en los últimos seis años, 431 fueron perpetradas entre 2019 y 2020, es decir el 40% del total.
A ello se suma que, según RSF, de 2003 a la fecha suman al menos 21 desapariciones de reporteros, otro récord en el continente americano.
Retrocesos en 2020
A inicios de noviembre, la Misión Internacional conformada por 17 organizaciones defensoras de periodistas, publicó un comunicado en el que acusó que el Estado mexicano incumplió compromisos y fue omiso sobre la situación de violencia que enfrentan los periodistas.
La Misión recordó que en su visita a México en 2019 alertó sobre los discursos estigmatizantes del presidente López Obrador, y a pesar de que hubo un compromiso de por medio, las autoridades continuaron este año con mensajes de “criminalización” hacia la labor periodística.