A un año del homicidio del alcalde Carlos Manzo y la implementación del Plan Michoacán, en Uruapan no llega la paz. Alrededor de 17 homicidios dolosos, un ataque armado, asaltos, cobro de piso, son algunas de las postales ocurridas el último mes en el territorio gobernado por Grecia Quiroz.
La propia alcaldesa pidió hace unos días al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reforzar la seguridad en el municipio de 350,000 habitantes.
“No podemos ni debemos acostumbrarnos a la violencia, mucho menos a la pérdida de vidas humanas”, dijo Quiroz al solicitar que se refuercen los trabajos de seguridad y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, delitos como homicidio doloso muestran una reducción de hasta 50%, pero otros tienen incrementos de hasta 200%.
“Menos homicidios no significa menos poder criminal. Esta disminución de homicidios puede representar vidas salvadas, pero también hay que considerar el subregistro de delitos”, comenta Alberto Guerrero, especialista en seguridad.
En septiembre de 2025, antes del homicidio de Manzo, en ese municipio se registraron 18 homicidios dolosos, y septiembre de 2026 (última cifra disponible) reportó nueve muertes violentas, lo que implicaría un descenso de 50%.
Sin embargo, en el delito de homicidio culposo (no intencional) la cifra se habría elevado de dos a seis, lo que implicaría un incremento de 200%.
Otro delito que también muestra un ascenso es el robo a casa habitación al pasar de cuatro a ocho eventos entre septiembre del año pasado y el mismo mes de 2026. También subió el robo a negocio que pasó de 11 a 17.
Desde 2005, Michoacán enfrenta una espiral de violencia que ha dejado más de 28,000 muertes.
Desde el gobierno de Felipe Calderón, todos los presidentes han anunciado un plan para pacificar la entidad sin lograr resultados.
Calderón puso en marcha en 2006 el Operativo Conjunto Michoacán, considerado el inicio de la guerra contra el narcotráfico, en 2014, Enrique Peña Nieto implementó Plan Michoacán, en 2021 Andrés Manuel López Obrador lanzó Plan de Apoyo a Michoacán y en 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Alberto Guerrero explica que mientras Michoacán no se atienda de manera integral y con sus respectivas particularidades, no se logrará pacificar la entidad.
Mientras no se intervenga Michoacán de una manera integral y no como se ha hecho en los anteriores planes, continuará el fracaso del Estado por pacificar un estado que históricamente ha sido muy convulso”.
El plan anunciado por Calderón para “recuperar al territorio” desplegó 5,000 elementos de seguridad para erradicar plantíos ilícitos, acotar el tráfico de enervantes en carreteras así como cateos al crimen y cumplimentar órdenes de aprehensión.
“La batalla contra el crimen organizado apenas comienza y será una lucha que nos llevará tiempo”, dijo el 11 de diciembre de 2006 el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña al anunciar el Operativo.
Con la promesa de “juntos lo vamos a lograr”, el priista Enrique Peña Nieto puso en marcha el segundo plan para atender Michoacán que tendría como prioridad los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas y cinco ejes prioritarios: economía familiar y empleos; educación y cultura para la prosperidad; infraestructura moderna y vivienda digna; salud y seguridad social, y desarrollo social y sustentabilidad.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se anunció un plan mediante el cual se incrementó la presencia de fuerzas federales, y para que los programas sociales llegarán a al menos 70% de los hogares.
“El problema de la inseguridad creció, en buena medida, porque se mezcló el interés de la delincuencia con el interés político. Ya no es ese tiempo, está bien definida la frontera: por un lado, la delincuencia y por otro lado la autoridad”, dijo el presidente en Morelia .
Tras el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, la presidenta Sheinbaum anunció su propio proyecto para atender la violencia en la entidad conformado por 12 ejes , 100 acciones y una inversión de 57,000 millones de pesos (mdp).
“A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, dijo la mandataria federal acompañada por su gabinete.
Armando Vargas, coordinador en Seguridad en México Evalúa, considera que la situación de Michoacán no mejora porque no se apunta a destruir la gobernanza criminal.
“No hay mucho seguimiento al desmantelamiento de la colusión entre autoridades políticas y el crimen organizado… Mientras carezca de una política criminal de estado y no se ejecute una estrategia de desmantelamiento de la gobernanza criminal va a ser muy difícil que el territorio se pacifique”, plantea.
Esa entidad es disputada por organizaciones criminales como: el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, Cárteles Unidos, Los Blancos de Troya, Pueblos Unidos, Cártel de Los Reyes y Los Caballeros Templarios.
Además de afectar la tranquilidad a los michoacanos, la violencia tiene afectaciones económicas. De acuerdo con el INEGI , en 2025, el costo económico de la actividad delictiva fue de 11,000 millones de pesos, un promedio de 8,416 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.
Michoacán es una de las 17 entidades que el próximo año renovará su gobernador, lo que abre la posibilidad para que el nuevo gobierno implemente una estrategia que permita poco a poco ir pacificando al estado.
Pero para ello, se debe cuidar que el crimen organizado no intervenga en las elecciones y así combatir la gobernanza criminal.
El crimen organizado controla los territorios locales, mientras no se evite ese proceso de captura desde el proceso electoral, va a ser muy complicado que el Estado y la federación recupere los territorios”
Rumbo a la renovación de la gubernatura, el Movimiento Independiente del Sombrero, que hoy encabeza Grecia Quiroz , se ha mencionado como posible contendiente en las elecciones de 2027, sin embargo, enfrenta restricciones legales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a que limitó a las candidaturas independientes operar como un bloque o coalición electoral.
Guerrero Baena considera que como movimiento no tienen posibilidades de ganar la gubernatura.
“El movimiento del sombrero muchos han querido ver una cierta emancipación, otros lo vemos como algo coyuntural sin un proyecto serio de administración pública, sin un proyecto serio que abarque temas de seguridad, temas de justicia”, comenta.
