Carlos Torres Piña: de la procuración de justicia a buscar gobernar el Michoacán de los cárteles

Entre el derecho y el perredismo

Torres Piña es originario del pueblo mágico Paracho de Verduzco, Michoacán, una localidad de alrededor de 21,000 habitantes y famosa por la producción artesanal de guitarras y artículos de madera.

Estudió la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Antes de su acercamiento a Morena, militó en las filas del PRD, partido en el que fue consejero, secretario general y dirigente estatal.

Bajo las siglas de esa fuerza política fue diputado federal en dos ocasiones: la primera entre 2009–2012 y la segunda entre 2018–2021.

En 2019 rompió con el PRD y se integró a las filas del morenismo.

En Michoacán formó parte del gabinete de Alfredo Ramírez Bedolla como secretario de Gobierno en dos etapas, primero en 2023 y después en 2024.

El 27 de julio de 2025 fue designado por el Congreso como fiscal general del Estado de Michoacán, para un periodo de nueve años que concluiría en 2034, sin embargo, pidió licencia este año para buscar la coordinación de Morena.

Su paso por la Fiscalía y la colaboración con Harfuch

Carlos Torres Piña estuvo menos de un año al frente de la Fiscalía General de Michoacán, tiempo en el que le tocó uno de los casos más emblemáticos de violencia: el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

De acuerdo con el fiscal con licencia, 90% de las líneas de investigación en torno a ese asesinato fueron desahogadas.

“La investigación nunca se detuvo, siguió avanzando. Estará a un 85, 90% en el ámbito local; en el ámbito federal, con la detención del ‘R1’, prácticamente estaría resuelto, por lo que respecta a delincuencia organizada”, afirmó hace unos días.

Otro de los casos que enfrentó y que conmocionó a Michoacán fue el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo ocurrido en octubre de 2025.

Al frente de la Fiscalía mostró cercanía y colaboración con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“La coordinación con la Federación es clave para reducir la incidencia delictiva y garantizar a la ciudadanía una Fiscalía más moderna, cercana y eficaz, por ello acordamos fortalecer una coordinación total en temas de seguridad y procuración de justicia”, dijo Torres Piña en agosto de 2025.

Esa cercanía y colaboración llevó a que se mencionara que en su aspiración a ser el segundo gobernador de Morena en Michoacán tenía el respaldo de García Harfuch, pero él lo negó.

“No tengo padrinos”, dijo en su registro como aspirante a coordinador estatal.

En su toma de protesta como el designado por Morena, convocó a que no sea en Michoacán la elección desde la que haya un intento de injerencia extranjera.

“No podemos permitir que la derecha internacional quiera incidir en este país. Ni y mucho menos a través de una bandera que se pueda utilizar desde Michoacán”, dijo.

Un estado marcado por la violencia y los cárteles

Michoacán es un estado marcado por la violencia. En el 2026 se ubica como el 11 más violento del país al concentrar 4.6% de los homicidios dolosos.

En ese estado operan más de 20 agrupaciones delictivas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana, las cuales fueron declaradas por el gobierno de Estados Unidos como Organizaciones Extranjeras Terroristas.

Además de los homicidios, el estado enfrenta problemas por la extorsión. En su tierra fértil, los criminales encontraron un incentivo también para extorsionar a empresarios, agricultores y comerciantes.