"Ley Bonilla" suma críticas hasta en Morena; "para qué tanto escándalo", dice él

Mientras Francisco Vega de Lamadrid, todavía gobernador de Baja California, se niega a publicar la reforma en el Periódico Oficial, y fuerzas políticas de oposición y funcionarios federales y compañeros de partido pugnan porque la reforma sea revertida, Bonilla dijo ayer que respetará lo que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Yo no tengo problema, yo me sujeto y seré respetuoso de la ley, que lo decida la Suprema Corte, pero para qué tanto escándalo. Si creen ellos que tienen la razón, nomás que esperen", dijo en un reunión con integrantes del grupo Minarete.

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Sanciones y críticas

Tras la aprobación de la iniciativa –presentada por el diputado Víctor Manuel Morán, líder de Morena en el Congreso local– las reacciones de parte de los institutos políticos nacionales no se hicieron esperar.

El PAN afirmó que iniciaría el proceso de expulsión de siete de sus diputados locales y de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas. Mientras que el PRI y el PRD anunciaron que solicitarían la aplicación de sanciones y juicio político, respectivamente, a sus legisladores que apoyaron la iniciativa.

Una de las críticas más fuertes la hizo el tres veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien señaló al Congreso del estado de "vulnerar el orden republicano y democrático" del país.

El diputado federal Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y primer mandatario de oposición, lamentó que prácticamente todos los legisladores de su partido hayan votado a favor de una resolución “que a todas luces jurídicamente es improcedente’’.

Pamela San Martín, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que lo avalado por la legislatura local es un “escándalo”, pues quienes votaron por Jaime Bonilla lo hicieron por un periodo de dos años.

Mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que, en efecto, lo aprobado en el Congreso bajacaliforniano se trató de un acto inconstitucional, que debe ser resuelto por las instancias correspondientes.

En tanto, el pasado 17 de julio, senadores y diputados federales de los ocho grupos parlamentarios —incluido Morena— exhortaron al actual gobierno de Baja California a dejar sin efecto, a través de vías legales, la ampliación de mandato del gobernador electo.

"El proyecto de decreto viola los principios constitucionales de legalidad, certeza, seguridad jurídica y máxima publicidad que soportan el orden constitucional federal y estatal", señalaron en un punto de acuerdo los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Las críticas a la maniobra legislativa incluso provienen desde el interior de Morena, es el caso del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo afirmó que se analiza decretar la desaparición de poderes en la entidad.

A su vez, el también morenista Ricardo Monreal advirtió que no se respaldará la ampliación del mandato del empresario.

“No se va a permitir ninguna alteración al espíritu de la Constitución; así que no se vean tentados, porque no se va a aceptar ninguna ampliación de periodo fuera del que establece la legislación y fuera del que se vote en las urnas”, dijo el legislador el pasado jueves.

A favor del proceso

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido cauto respecto al caso, en la conferencia del 11 de julio se limitó a descartar que lo ocurrido en el Congreso de Baja California pueda marcar un precedente a nivel nacional, y sugirió que el asunto sea resuelto ante las instancias correspondientes.

En tanto, la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, justificó la maniobra legislativa en favor de Bonilla.

“Es algo que la ciudadanía en Baja California está pidiendo, todos saben que dos años no son insuficientes (…) Yo fui muchas veces y la gente dice que en el primer año, en lo que todo mundo se acomoda, no funciona, y en el segundo, ya están viendo quién sigue. La gente está cansada de tanta elección y creo que eso tenía que cambiar”, dijo en entrevista en W Radio .

Sin embargo, una encuesta del diario Reforma puso en evidencia que el 54% de los bajacalifornianos están en contra de la ampliación de mandato de Bonilla Valdez.

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Y, a diferencia de lo expuesto por Sánchez Cordero, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, defendió que el Congreso de Baja California tiene facultades para ampliar el mandato de Bonilla Valdez.

"(No estoy) ni a favor ni en contra, simplemente los congresos tienen atribuciones y facultades, no califiqué ni he calificado si está bien o está mal, o esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están", indicó el funcionario a reporteros afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Denuncian ante Fiscalía y Corte

Las dirigencias del PAN y el PRD anunciaron que planean presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN contra la 'Ley Bonilla', en cuanto esta sea publicada en el Periódico Oficial de la entidad.

Mientras eso ocurre, la primera denuncia y la primera impugnación contra la reforma ya llegaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al máximo tribunal del país.

El pasado viernes, el excandidato del PRD a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz , acudió a la FGR acompañado por algunos de los dirigentes del Sol Azteca –como Ángel Ávila y Fernando Belaunzarán– para denunciar una posible entrega de sobornos a los diputados locales que apoyaron la reforma.

Mientras que este lunes, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó la primera impugnación ante la Suprema Corte en contra del proceso por el cual fue ampliado el mandato del gobernador electo.

El edil explicó que el Congreso local está obligado a citar a los ayuntamientos antes de cualquier votación o reforma que se plantee, lo cual, afirmó, no ocurrió en el caso de la 'Ley Bonilla', o al menos la invitación no se le hizo a Mexicali.

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El gobernador "Kiko" Vega también tiene facultades para recurrir a la Corte –que, de hecho, ese fue el exhorto que le hizo el Congreso de la Unión– para que esta tome la última decisión:

Revocar la reforma o permitir que Jaime Bonilla tome protesta, en octubre próximo, como gobernador de Baja California para un periodo de cinco años.

Ante el posicionamiento de López Obrador, ciudadanos y representantes empresariales bajacalifornianos exigieron que tome medidas en contra de la "Ley Bonilla" porque tiene facultades para ello.

"El Presidente sí debe meterse 'en esos asuntos' porque estamos frente a un tema del orden constitucional y democrático de la nación. No le corresponde decidir, pero no debe callar. El Ejecutivo Federal tiene la facultad de ejercer una acción de inconstitucionalidad, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Lo mismo pueden hacer el 33% de los integrantes de la legislatura local y los partidos" afirmaron en una carta abierta .

Sumado a los recursos legales que ya están concretándose, ciudadanos impiden la entrada al Congreso de Baja California, por lo han sido pospuestas las sesiones en las que se tenía previsto dar trámite al aval de la reforma que dieron tres de los cinco ayuntamientos.