Elementos de la Fiscalía General de Justicia de los estados de Hidalgo y México ejecutaron una orden judicial en la planta de cementera de la Cooperativa Cruz Azul, lo que derivó en enfrentamientos durante la madrugada de este jueves.
Las acciones derivan de una orden que emitió un juez.
Los primeros reportes indican que las tensiones se incrementaron debido a que las autoridades judiciales tomaron posesión del inmueble, por lo que habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul les mostraron el amparo que poseen; sin embargo, se procedió con la toma de las instalaciones, lo que generó enfrentamientos.
Los integrantes de la FGJEM cumplimentaron durante la madrugada de este jueves una resolución de un juez sobre restitución ordenada en la planta cementera. En el lugar también se encuentran elementos de la policía municipal de zonas aledañas: Atitalaquia, Tula, entre otros.
En la zona hay una intensa movilización policíaca.
Hasta ahora no hay reporte oficial de lesionados o detenidos.
La Procuraduría de Hidalgo informó que el ingreso a la planta formaba parte de una diligencia de restitución ordenada por un juez del Estado de México.
El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, afirmó que las personas que estaban dentro de la cooperativa lanzaron cohetones como un llamado a las demás personas que la tenían tomada ilegalmente, y es lo que se escuchó como detonaciones.
“La planta estaba parada desde el 2022, no trabajaba y nosotros teníamos que estar pagando a entre 2,500 y 3,000 personas de la zona con el objetivo de mantener la paz social”, explicó en entrevista con Aristegui Noticias.
El presidente del Consejo explicó que la planta estaba detenida desde 2022 tras una serie de conflictos que se originó cuando hubo desacuerdos entre los hermanos Álvarez sobre el futuro de la cooperativa, ya que Guillermo Billy Álvarez intentó privatizarla, lo que desencadenó que gente afín a él y a Federico Saravia tomaron la planta ubicada en Tula, Hidalgo.
Víctor Manuel Velázquez explicó que el ordenamiento judicial incluye la recuperación de la planta que estaba secuestrada desde hace cinco años, desde enero de 2021 fue tomada ilegalmente y la planta comenzó a trabajar de manera independiente; sin embargo, el presidente del Consejo de Administración explicó que al tener la legalidad de la cooperativa, se encargaban de pagar los sueldos de las personas que estaban ahí.
La planta La Cruz Azul en Tula, Hidalgo, genera más de 13,000 empleos directos y 70,000 directos; sin embargo, estaba tomada por 60 personas, de acuerdo a lo que explicó en el espacio informativo.
