El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un nuevo desafío: realizar la primera consulta popular nacional (formal y vinculante) el 1 de agosto, donde se preguntará a la ciudadanía si deben o no ser juzgados los expresidentes de México.
Para organizar este ejercicio, el Instituto solicitó 1,500 millones de pesos para instalar 104,667 mesas receptoras de opinión. Luego ajustó a la baja, pidió 890 millones de pesos para colocar 91,000 mesas receptoras.
Los recursos nunca llegaron. El costo de este ejercicio cerró en 522,730,235 pesos y se acordó instalar 50,000 mesas receptoras de opinión, cada una con 1,500 boletas, es decir, 40% menos que el presupuesto original.
La consulta sobre un posible juicio a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña es impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña política en 2018 por las siguientes razones:
Carlos Salinas de Gortari, por entregar empresas públicas a particulares; Ernesto Zedillo, por el Fobaproa; Vicente Fox, por "traicionar" a la democracia e impulsar al candidato a la presidencia en el 2006; Felipe Calderón, por declarar la guerra contra el narcotráfico, y su antecesor, Enrique Peña Nieto, por actos de corrupción.
Para ser vinculante (que el resultado de la consulta popular tenga el carácter de obligatorio), deberá alcanzar una participación de al menos del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, al rededor de 37,411,389 personas, explicó la consejera electoral Danya Ravel Cuevas.
Las peticiones del INE
La Ley Federal de Consulta Popular la define en su Artículo cuarto como “el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”.
El 28 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la convocatoria de la Consulta Popular, mientras que el 6 de abril de 2021, el Consejo General aprobó el plan integral y calendario del ejercicio.
Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, ha reclamado en varias ocasiones a las autoridades hacendarias por su negativa de otorgar recursos para este ejercicio, pese a que en el presupuesto para 2021 el organismo electoral sufrió un recorte de 870 millones de pesos.
De acuerdo con la ley, compete única y exclusivamente al Instituto promover la difusión y discusión informada de las consultas que hayan sido convocadas por el Congreso de la Unión, a través de los tiempos de radio y televisión que correspondan al propio organismo.
En entrevista con Expansión Política, la consejera Ravel Cuevas expuso que, pese a la limitante de los recursos, la consulta popular cumple con "los estándares mínimos" para garantizar este derecho ciudadano, sin sacrificar –agregó– los parámetros mínimos de certeza que debe cumplir un ejercicio de este tipo.
El consejero Ciro Murayama resaltó por su parte que aunque exista esta negativa de las instancias del Estado mexicano, “una consulta popular es un ejercicio contemplado en la Constitución", y en este caso –agrego–, se hará "en condiciones excepcionales”.
“Acudimos a una consulta popular en condiciones a las que no queríamos acudir, por eso pedimos una ampliación presupuestal que no obtuvimos, y nos obliga a una serie de recortes, que no son dinero que sobraban, sino dinero que habrán de salir de otras funciones de este Instituto. Pero, bueno, se trata de una función que tenemos que cumplir, y cumpliremos”, expresó el consejero electoral Uuc-kib Espadas.
Los pros y contras de la consulta
En abril pasado, algunos legisladores, como el senador por Morena Martí Batres, dieron la bienvenida a la primera consulta popular formal en la historia de México.
“Nunca ha habido una consulta popular nacional. Ha habido ejercicios regionales, locales como la consulta (plebiscito) del segundo piso en la Ciudad de México, otras de carácter ciudadano, pero formalmente nunca ha habido una consulta nacional convocada por los órganos del Estado. Esta que se realizaría en agosto sería la primera”, dijo.
Mientras se acerca la fecha de la consulta, los partidos políticos de oposición han reiterado su rechazo a ese ejercicio pues consideran que se trata de una herramienta propagandística.
La oposición también ha insistido que la ley no se consulta, se aplica. En este sentido, pide a la autoridad que si tiene pruebas, las presente ante las instancias correspondientes.
El largo y sinuoso camino de una consulta
En septiembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República una solicitud para impulsar en el 2021 una consulta en la que se pregunte si los expresidentes de México de 1988 a la fecha deban ser sometidos a investigación y a juicio por diferentes delitos.
Los motivos por los que el presidente solicita que se convoque a los ciudadanos a las urnas son por actos corrupción, fraude electoral, el Fobrapoa y por haber exacerbado la violencia.
Para el mandatario, llevar ante la justicia a los expresidentes debe ser una propuesta que se defina a través de una consulta ciudadana, porque "no quiere enviar el mensaje de que se trata de una venganza política".
La Ley de Consulta Popular señala que podrán solicitar este ejercicio el presidente de la República, aunque en este caso fue el Senado quien llevó la propuesta de López Obrador; también el equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o los ciudadanos: al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.
Sin ejercer un mayor presupuesto de lo ya asignado, la #SCJN determinó que @INEMexico deberá realizar la consulta ciudadana sobre juicio a los expresidentes, programada para el domingo 1 de agosto y que contará con 50 mil casillas desplegadas en todo el territorio nacional. pic.twitter.com/6vucvzTbIR
— Gobierno de México (@GobiernoMX) June 11, 2021
En sesión remota celebrada en octubre del 2020, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte, se pronunció a favor de declarar constitucional la materia de la consulta.
“No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales con pleno respeto al marco constitucional (…) No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, dijo al abrir la ronda de discusiones.
El ministro Javier Laynez Potisek consideró entonces que la pregunta planteada excedía los límites fijados en la Constitución y fue más allá al precisar que “la justicia no se consulta”.
Al final de la sesión, el Pleno de la Corte avaló con votos 6 a favor y 5 en contra la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a expresidentes y modificó la pregunta con ocho votos a favor:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Los ministros que votaron a favor de declarar la constitucionalidad de la consulta fueron, además de Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos-Farja y Yasmín Esquivel Mossa.
En contra de la constitucionalidad se pronunciaron los ministros Luis María Aguilar, José Fernando Franco, Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo.
Tras la votación final, el PAN y el PRD fustigaron el fallo de la Corte y señalaron que algunos ministros presuntamente se doblaron ante presiones del jefe del ejecutivo federal.
Los panistas calificaron esa resolución como “lamentable” y condenaron que con las “presiones ejercidas” para declarar válida la consulta se ponen en riesgo los derechos humanos y la división de poderes.
El PRD definió esta decisión como vergonzosa: “La mayoría de ministros se doblegaron ante la presión del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las amenazas de que serían los responsables de lo que sucediera con el futuro del país".
¿En qué va la consulta?
Pese a sortear diversos obstáculos y ajustes, la consulta popular avanza y a la fecha se han aprobado ya la difusión a nivel nacional de 377,000 promocionales de radio y televisión, para informar a la población en qué consiste la próxima consulta popular sobre expresidentes, qué se necesita para participar y cuál es el contenido de la pregunta que se hará.
De acuerdo con los lineamientos y el plan integral, la consulta popular se realizará el 1 de agosto, de las 8:00 a 18:00 horas. Se reutilizará el padrón electoral y la lista nominal de la contienda federal del 6 de junio y se aplicarán protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.
Se convocó además a los supervisores, capacitadores y funcionarios de casilla que participaron en la reciente contienda federal intermedia para que también lo hagan en este ejercicio.
Las 50,000 mesas receptoras de opinión estarán integradas por cinco funcionarios de casilla: presidente, secretario, escrutador y dos suplentes generales.
La boleta incluirá breve descripción del tema de trascendencia nacional, la pregunta aprobada por el Congreso, cuadros para el “Sí” y el “No”, entidad, distrito, municipio o alcaldía, y estarán adheridas a un talón con folio (el número será consecutivo).
El anverso de la papeleta tendrá la pregunta y en la parte posterior se incorporará la descripción del tema de trascendencia nacional, de conformidad con la ley en la materia:
“Esta Consulta tiene como objeto conocer tu opinión acerca de si se deben esclarecer o aclarar hechos de importancia histórica y política ocurridos en México, con la finalidad de que las autoridades competentes, en su caso, determinen cómo actuar y los mecanismos a implementar respecto a los posibles responsables y víctimas”.
La impresión de las boletas.que será a media hoja carta, sin papel seguridad, se hará por los 300 distritos y no por los 2,517 municipios del país. Por ello, no se utilizará urna electrónica.
El 10 de julio es la fecha que se perfila para el corte de Listado Nominal que se utilizará para la consulta y para ello se tomará en cuenta a los jóvenes que cumplan 18 años, incluso el 1 de agosto.
La consejera Dania Ravel aclaró que en la difusión de la consulta popular no debe intervenir el Gobierno Federal ni los partidos políticos, porque que se trata –explicó–de un ejercicio que compete al INE.
“En caso de que a algún partido político se le ocurriera hacer una campaña, en esos casos podría iniciarse un procedimiento ordinario para sancionar y se establecerán las sanciones genéricas que establece la Ley electoral”.
Tampoco debe darse el “acarreo", pues “aplica justamente los mismos principios que se llevan a cabo en un proceso electoral. El voto de la ciudadanía debe ser libre, secreto y no debe estar coaccionado”.
“Debe de haber al menos el 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores. Todavía no llegamos a la fecha de corte, pero no deberá moverse mucho. Entonces, considerando los números que tenemos ahora, estamos hablando de alrededor de 37, 411,389 ciudadanos que tendrían que participar para que esta tuviera efectos vinculantes para los Poderes de la Unión”, agregó.
-¿Qué procedería si fuera menor de la cifra de participación, quedaría como una simple consulta o un ejercicio?
-Tendríamos nada más el precedente de haber hecho este ejercicio y quizá después voltear a ver qué se puede mejorar en cuanto a campaña de difusión o por qué el tema a la ciudadanía no le interesó. Se tendría que hacer después de una evaluación, se quedaría nada más el precedente en nuestros análisis de la historia.
Sin embargo, no descartó este ejercicio como un buen referente respecto a una nueva forma de participación ciudadana: "Como un ejercicio de democracia directa que también logra promover e involucrar a la ciudadanía de manera más activa en la política, en los asuntos públicos".
