Uso político de la justicia
La propia consulta sobre expresidentes no ha estado libre de controversia. Desde que López Obrador comenzó a promoverla, actores políticos y sociales señalaron que era violatoria del debido proceso penal. Incluso, el proyecto del ministro Luis María Aguilar planteaba declararla inconstitucional, pero el pleno de la SCJN decidió validarla con cambios a la pregunta que se consultará.
El politólogo Salvador Mora es de quienes argumentan que la justicia no se consulta y que la verdadera intención del presidente es hacer un uso político de este ejercicio ciudadano.
"Es un despropósito, porque no se tiene que poner a consideración de la multitud una sanción cuando es una obligación de la autoridad. Si se encuentra un delito, debe realizarse una investigación y después viene la sanción. La consulta es un instrumento político", señala.
López Obrador sostiene que los ciudadanos son quienes tienen derecho a decidir si debe juzgarse a los expresidentes o no, pero desde que él, Morena y sus partidos aliados trajeron el tema a la discusión pública, diversos constitucionalistas han advertido que esta es una medida equivocada.
"Esta consulta popular tiene un vicio de inconstitucionalidad, porque se estarán sometiendo a consulta derechos humanos, la presunción de inocencia y el debido proceso", asegura Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.
Pero a pesar de esto, la consulta ha recibido el aval de la SCJN y ha cumplido con los requisitos legales para ser organizada y llevarse a cabo, lo que abre la puerta a que López Obrador llame a los ciudadanos a participar en ella y, al mismo tiempo, pueda posicionarse mejor rumbo a marzo de 2022.
Una encuesta reciente del diario El Financiero indicó que si el domingo que se efectuaron las pasadas elecciones se hubiera realizado la revocación de mandato, el 46% de los encuestados habría votado a favor de que López Obrador dejara el cargo y el 49% en pro de que se mantuviera en él.
