Profepa intenta frenar impactos ambientales de granjas porcícolas en Yucatán
La procuradora Mariana Boy asegura que existe un patrón de descargas ilegales de aguas residuales en granjas porcícolas que operan en un territorio de alta vulnerabilidad hídrica.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reconoció que la actividad porcícola en Yucatán ha generado impactos ambientales significativos, particularmente en el agua subterránea, el suelo y la calidad del aire, sobre todo en los casos donde las granjas operan sin un manejo adecuado de sus residuos.
En respuesta a las denuncias presentadas por comunidades mayas por presuntos daños ambientales y afectaciones a la salud, la procuradora Mariana Boy Tamborrell informó en entrevista que entre 2022 y la fecha se han realizado 30 visitas de inspección a granjas denunciadas.
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En estos procedimientos, dijo, se detectaron irregularidades recurrentes, como la falta de autorización de impacto ambiental y la ausencia de permisos para la descarga de aguas residuales, en muchos casos vertidas sin tratamiento previo.
Desde 2022 hemos realizado 30 visitas de inspección a granjas porcícolas denunciadas, y uno de los temas comunes que identificamos es que no cuentan con autorización de impacto ambiental y tampoco con títulos de concesión para la descarga de aguas residuales.
Mariana Boy.
La funcionaria explicó además que el alcance de los impactos está documentado desde hace varios años. Recordó que en 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el "Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán", en el cual se identificaron 507 granjas en operación y se detallaron los principales efectos ambientales de esta industria.
“En este documento se da cuenta de los impactos ambientales que genera la actividad porcícola, sobre todo cuando está mal manejada, y de manera muy particular de los impactos al agua subterránea, que en Yucatán es extremadamente vulnerable por su suelo kárstico de alta permeabilidad”, expuso.
La industria porcícola contamina regiones en México. (Foto: Cuartoscuro )
Boy subrayó que, a partir de denuncias ciudadanas y comunitarias, la Profepa abrió decenas de expedientes administrativos.
En varios casos, agregó, “las descargas se hacen sin permiso y sin tratamiento previo, lo que agrava el riesgo para el acuífero”.
La procuradora reconoció que estas prácticas adquieren una dimensión crítica en un estado donde no existen ríos superficiales y toda el agua de consumo humano proviene del subsuelo.
“El agua subterránea es un bien de competencia federal y, en el caso de Yucatán, estamos hablando de un sistema altamente interconectado, donde cualquier contaminante puede dispersarse rápidamente”, advirtió.
Uno de los expedientes más avanzados, señaló, es el de la granja porcícola ubicada en la comunidad maya de Santa María Chí, la cual fue clausurada de manera total y definitiva en septiembre de 2025 tras incumplir de forma reiterada las medidas correctivas impuestas por la autoridad ambiental.
“Identificamos que la granja estaba descargando aguas residuales de manera ilegal, es decir, sin contar con un permiso de descarga. Desde la primera visita se le ordenó suspender estas prácticas, pero la empresa continuó descargando de manera ilegal, y eso fue lo que motivó la clausura total definitiva”, explicó Boy.
Precisó que esta resolución implica el cierre definitivo de la unidad productiva y el retiro progresivo de los animales.
“La empresa ya no puede operar y tiene que retirar la totalidad de los cerdos del sitio. Existe un calendario aprobado en el procedimiento administrativo y la fecha límite es abril de este año. Profepa va a realizar visitas periódicas para verificar que se cumpla con el retiro mensual de los ejemplares”, indicó.
En caso de incumplimiento, advirtió, se iniciarán nuevos procedimientos sancionatorios. Sobre la coordinación interinstitucional, la procuradora reconoció que durante años existieron vacíos y confusiones en la aplicación de la normatividad ambiental.
“Hay autorizaciones de impacto ambiental emitidas por el gobierno del estado y otras que, por las condiciones ambientales de Yucatán, debieron ser evaluadas por la Federación. Parte del trabajo que hemos hecho es ordenar estas competencias, porque se trata de una zona de alta vulnerabilidad ambiental”, explicó.
En ese contexto, adelantó que la Profepa y el gobierno de Yucatán trabajan en un convenio para establecer una estrategia conjunta de atención a la problemática de las granjas porcícolas.
Estamos acordando qué temas deben ser evaluados por el estado y cuáles por la Federación, para evitar omisiones y asegurar una vigilancia efectiva”.
Mariana Boy.
Finalmente, Mariana Boy enfatizó que el desarrollo económico no puede desvincularse de la protección ambiental ni de los derechos humanos. “Lo primero y más importante es garantizar que todas las unidades porcícolas que hoy operan en Yucatán cumplan con la normatividad ambiental y respeten los derechos humanos de las comunidades”, sostuvo.
Añadió que la Profepa mantendrá un trabajo cercano con los pueblos afectados. “Nuestro compromiso es un proceso abierto, transparente y participativo con las comunidades, que son las guardianas y defensoras del territorio. Sin el respeto al agua y al medio ambiente, no puede hablarse de desarrollo sostenible”, concluyó.
Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso sanciones a 13 empresas porcícolas, por un monto de 14.24 millones de pesos, por incumplimientos a la normativa ambiental.
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Clausuras a granjas porcícolas son insuficientes sin reparación del daño, advierte Greenpeace
Carlos Samayoa, representante de Greenpeace México, aseguró que las clausuras y suspensiones impuestas por la Profepa a granjas porcícolas no resuelven de fondo los impactos ambientales y sociales que enfrentan las comunidades.
En entrevista, Samayoa señaló que las acciones emprendidas por las autoridades llegan tarde y avanzan con lentitud frente a una problemática que se vive de manera cotidiana en las localidades afectadas.
“Se han dado algunas sanciones, pero están siendo sumamente dilatorias y no van acorde a los tiempos de urgencia que se viven a nivel local”, afirmó.
Explicó que el problema no se limita a los daños ambientales, sino que impacta directamente en la salud, el acceso al agua y la calidad de vida de las personas.
“Estamos hablando de comunidades que en el día a día están siendo afectadas en términos de salud, de acceso al agua, de sanitización y de calidad de vida. Son personas que de verdad la sufren todos los días”, sostuvo.
Las comunidades han dicho varias veces que esperan que las granjas se cierren, que se muevan o que se quiten. Eso tiene que tomarse en cuenta, porque de lo contrario seguimos priorizando un discurso económico que no coincide con la realidad que vive la gente"
Carlos Samayoa, Greenpeace México.
Samayoa apuntó que Greenpeace ha documentado que cerca del 90% de las megagranjas porcícolas que operan en Yucatán lo hacen sin contar con autorización de impacto ambiental.
“Estamos hablando de granjas que están operando en la completa ilegalidad. Por eso, aunque es positivo que haya clausuras, se requiere duplicar o maximizar la capacidad de inspección y sanción para poner un orden real en la península”, dijo.
Respecto al diálogo con las autoridades federales, indicó que este no debe interpretarse como un avance suficiente.
“Apertura total al diálogo no la pondría así. Tuvimos que ejercer presión para que se abriera ese espacio, y una vez abierto, hace falta voluntad política para tomar decisiones de fondo”, señaló.
Añadió que las medidas anunciadas por dependencias como la Semarnat son insuficientes frente al nivel de impacto acumulado.
“Nos dicen que están implementando acciones, pero a todas luces no son suficientes. Estamos tapando un hueco y se destapa otro”, expresó.
Ante ello, entre las principales demandas de Greenpeace se encuentra la creación de un programa peninsular de restauración ambiental que incluya la reparación del daño y la participación comunitaria.
“No se trata solo de cerrar una granja, sino de resarcir los daños. Hay impactos que incluso ya son irreversibles, y en los que aún pueden remediarse es urgente definir cómo, cuándo y con la participación de quién”, afirmó.
