“Es dinero que sale de los bolsillos de trabajadores, comerciantes, empresarios y productores, pero que no llega a las finanzas públicas ni se convierte en escuelas, hospitales, vivienda, infraestructura o programas sociales”, dijo.
Pide investigar redes de protección
Ante esta situación, el diputado también ha pleanteado que la estrategia contra la extorsión incluya investigaciones sobre posibles redes de protección, corrupción o tolerancia institucional.
Ante ello, llamó a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y continuar con el Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
También pidió investigar cualquier indicio de participación o protección por parte de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia.
“Cuando existan indicios de protección política, participación de autoridades locales, integrantes de cuerpos de seguridad o actores del sistema de justicia, deben investigarse hasta sus últimas consecuencias”, expresó.
Inteligencia financiera y denuncia anónima
Ante el bajo nivel de denuncias, Ramírez Cuéllar propuso además fortalecer los mecanismos de denuncia anónima y protección para las víctimas.
También planteó utilizar inteligencia financiera, dar seguimiento a cuentas y comunicaciones e identificar patrones territoriales que permitan ubicar las zonas donde se concentra la extorsión.
El objetivo, aseguró, es que el combate al delito no se limite a detener a quienes realizan directamente los cobros, sino que permita identificar y desarticular las estructuras que obtienen recursos mediante la extorsión.
El legislador insistió así en que el problema debe convertirse en una prioridad nacional debido a sus efectos sobre las familias, empresas y productores.
“Enfrentar este delito debe convertirse en una prioridad nacional”, apuntó.
La extorsión ha alcanzado cifras históricas durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, esto pese a que desde 6 de julio se cumplió un año desde que el gobierno de la presidenta Sheinbaum puso en marcha Estrategia Nacional contra la Extorsión como un esfuerzo para disminuir el delito.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre junio de 2025 (previo al arranque de la estrategia) y mayo de 2026, el delito tuvo una reducción de 2%, al pasar de 972 víctimas a 962. Sin embargo en los meses de marzo y abril de 2026, la extorsión rebasó por primera vez la línea de las 1,000 víctimas en el país por mes.
Además, a nivel internacional, México se ubica entre los cinco países con más extorsión (junto a Libia, Colombia, Honduras y Somalia) y tiene una afectación de 900 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado , elaborado por un grupo de investigación con sede en Ginebra.
