"La estrategia (del fracking en México) debe ser clara: no se trata de extraer a cualquier costo"
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar respalda los pozos piloto, pero advierte que el fracking no debe escalar sin evidencia sobre agua, reservas, costos y condiciones ambientales de cada región.
Para Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, la explotación de yacimientos no convencionales debe realizarse con responsabilidad y pleno respeto al medio ambiente.(Foto: Expansión)
México se encuentra en una nueva etapa en la discusión sobre el fracking. Tras el rechazo que prevaleció durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la administración de Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa la posibilidad de aprovechar gas natural no convencional mediante un “fracking sustentable”.
La decisión está sujeta a los resultados de una fase piloto de exploración, así como a estudios científicos, restricciones ambientales y distintas pruebas que permitan determinar en qué regiones sería viable.
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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien encabezó los foros legislativos sobre el tema, considera acertada la decisión del gobierno federal de realizar pozos exploratorios para conocer el potencial de los yacimientos y sus posibles impactos, pero advierte que no debe confundirse con una autorización para explotar masivamente estos recursos.
La estrategia debe ser clara: no se trata de extraer a cualquier costo, sino de identificar dónde existen condiciones para hacerlo de manera responsable, segura y sustentable,
Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.
En entrevista, Ramírez Cuéllar explica que el objetivo es generar datos que permitan calibrar los modelos de evaluación ambiental, conocer las características geológicas de las zonas y contar con información suficiente para determinar los posibles impactos económicos, ambientales y sociales antes de tomar decisiones de mayor escala.
“Antes de pensar en cualquier aprovechamiento de los recursos no convencionales tenemos que conocer con precisión su disponibilidad, las condiciones de los acuíferos y asegurar que no se ponga en riesgo este recurso. Cualquier decisión debe partir de evidencia científica y de las condiciones específicas de cada región”, sostiene.
México busca reducir su dependencia de un recurso que actualmente importa en buena medida de Estados Unidos y que, paradójicamente, ya es producido mediante técnicas asociadas a yacimientos no convencionales.
El país importa 75% del gas que consume . El 93% de ese gas importado proviene de yacimientos no convencionales, mientras que 7% corresponde a yacimientos convencionales.
La implementación del fracking en México está sujeta a revisión. (Foto: Marco Antonio Martínez/AFP)
Para Ramírez Cuéllar, es prematuro calcular cuánto podría reducirse la dependencia, porque primero –dice– hay que conocer cuánto gas existe y si su extracción resulta técnica y económicamente viable.
Además enfatiza que la estrategia para reducir la dependencia energética no debería centrarse exclusivamente en el fracking, si no que también es necesario aumentar la producción de gas convencional, mejorar la eficiencia energética y acelerar la transición hacia energías renovables.
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Reglas claras
El diputado señala que se debe considerar la construcción de un marco regulatorio específico y evaluar un régimen fiscal que considere los costos y características particulares de este tipo de proyectos.
“No se trata de modificar la ley para permitir el fracking, sino de contar con reglas claras y estrictas si la evidencia demuestra que existen condiciones para desarrollarlo”, explica.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar insiste en que la explotación de yacimientos no convencionales debe realizarse con responsabilidad y pleno respeto al medio ambiente.
El diputado explica que el desarrollo de proyectos de estas dimensiones requiere grandes montos de inversión y representar costos significativos para el Estado, pero también puede generar beneficios para el país y para las comunidades donde se desarrollen.
Por ello, considera que es necesario diseñar esquemas de financiamiento, fiscales y regulatorios que reconozcan las características de estos proyectos y permitan hacer viables las inversiones sin debilitar los estándares ambientales.
“Pueden establecerse mecanismos que otorguen ciertas facilidades o incentivos durante las primeras etapas, con el propósito de atraer inversión y permitir que, posteriormente, estos esquemas puedan ajustarse conforme avance la maduración de los proyectos y se cuente con mayor información sobre sus resultados”, explica.
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Señala además que en materia económica, también debe evaluarse un régimen fiscal competitivo y diferenciado, que reconozca las características técnicas y los mayores costos asociados a la exploración y desarrollo de estos pozos. Esto podría incluir mecanismos que permitan ajustar la carga fiscal de acuerdo con las condiciones y rentabilidad de cada proyecto, sin comprometer los ingresos que corresponden al Estado.
"Como legisladores, debemos escuchar las recomendaciones de científicos y especialistas y, a partir de esa evidencia, realizar las adecuaciones normativas que sean necesarias para garantizar que cualquier aprovechamiento se encuentre debidamente regulado", señala.
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La semana pasada el gobierno incorporó las primeras conclusiones del Comité de Científicos y Especialistas para el análisis del gas natural no convencional, que recomendó prohibir su extracción en la cuenca Tampico-Misantla y evaluar las cuencas Sabinas-Burro-Picachos y Burgos bajo criterios técnicos, ambientales, sociales y económicos.
Además, el Comité sugirió que antes de cualquier desarrollo se confirme la existencia de reservas, se compruebe la disponibilidad de agua salada profunda y se determine que no está conectada con acuíferos someros.
La preocupación hídrica explica la decisión de excluir a Tampico-Misantla, por la cantidad de agua que se utiliza para realizar fracking. Se estima que la fractura de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros.
Al respecto, Ramírez Cuéllar venecesario establecer obligaciones precisas sobre el tipo de agua que puede utilizarse, su tratamiento y reutilización, así como mecanismos de monitoreo. También advierte que estas condiciones deben convertirse en reglas verificables y no quedar únicamente como recomendaciones técnicas.
Para el legislador morenista, el potencial de gas de una región no basta para justificar su explotación si existen restricciones sobre el agua, los ecosistemas o las condiciones sociales.
"La protección de los recursos hídricos debe tener prioridad. No podemos hablar de soberanía energética, si para alcanzarla ponemos en riesgo un recurso tan fundamental como el agua o el derecho a disponer de ella", asegura.
