En materia laboral se establece que salario por trabajo de igual valor sin importar sexo ni género; en seguridad social ninguna mujer volverá a ser tratada con desigualdad cuando acuda a un hospital, a una clínica o a una ventanilla del Estado.
“Tanto el IMSS como el ISSSTE deberán eliminar prácticas discriminatorias arraigadas durante décadas, capacitar a todo su personal con perspectiva de género y generar estadísticas”.
Además los programas de vivienda deberán incorporar criterios preferentes que garanticen acceso de las mujeres a reconocer su derecho a la propiedad en igualdad y asegurar medidas de seguridad en el diseño urbano.
“La ley ahora obliga a actuar con perspectiva de género y otorgar medidas de protección inmediatas para garantizar que ninguna mujer migrante vuelva a enfrentar sola los riesgos de la trata, la explotación y la violencia sexual o el abuso”.
Transformación sin un peso
Sin embargo por la centralización que ahora se hará desde la Secretaría de las Mujeres, la panista Ana María Balderas Trejo alertó que aunque “prácticamente reescribe el funcionamiento de la política de igualdad en todo el país, presenta focos rojos que no se pueden ignorar”.
Se trata de “una recentralización de poder, ante un diseño que abre la puerta a usos políticos, que crea mandatos de gasto sin techo financiero y pone en riesgo derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la imparcialidad judicial”.
Aunque la diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza, también de Acción Nacional (PAN), reconoció la visión de la presidenta con su propuesta, la igualdad sustantiva requiere presupuesto, profesionalización, instituciones sólidas y corresponsabilidad en los tres niveles de gobierno.
“Advertimos con firmeza que sin recursos, sin planeación financiera, sin indicadores obligatorios y sin atender omisiones fundamentales como la ausencia de derechos reproductivos, esta reforma corre el riesgo de ser monumental en papel, pero insuficiente en la práctica”, dijo.
“Las leyes que hoy se reforman necesitan músculo, no solo marco jurídico, necesitamos refugios, prevención, coordinación real, padrones limpios, indicadores, no solo discursos”, agregó Tania Palacios Kuri, también legisladora panista.
“No se puede pedir transformación con presupuesto de contención”, dijo.
Por el Revolucionario Institucional (PRI), Xitlalic Ceja García dijo que su bancada aprobaba los cambios, pero “siempre y cuando se garantice el presupuesto por ley, por derecho, para poder atender todos los casos de violencia en este país”.
El gran tema es presupuestal porque “la pregunta es cómo se van a financiar todas estas reformas'', destacó la diputada Anayeli Muñoz Moreno, de Movimiento Ciudadano.
En las reformas se reconocen las distintas formas de violencia de género en nuestro país y busca eliminar los estereotipos; pero consideró que hay muchos temas pendientes pues por ejemplo la vida de las mujeres en el campo es distinta, porque sufren violencia en el hogar y en el trabajo.
