Uno de los cuestionamientos centrales es el relativo a la prohibición a la transmisión de concesiones para uso de agua -lo que proponía la Presidencia-, asunto que, alertaron productores del sector agropecuario, rompería el binomio tierra-agua al vender o heredar tierras.
En el proyecto de dictamen que será sometido a la Comisión de Recursos Hidráulicos, se propone mantener como derogada la posibilidad de transmitir los derechos para explotar usar o aprovechar aguas, pero se establece un procedimiento expedito que permite la reasignación de volúmenes y la expedición de nuevas concesiones.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá autorizar la reasignación de volúmenes en un plazo que no mayor de 20 días hábiles, “cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión. En los casos de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles”.
En un nuevo articulo 37 Bis de la Ley de Aguas se propone que en esa reasignación de volúmenes, Conagua “emitirá un nuevo título de concesión en favor de la persona que acredite los derechos de propiedad, de representación o de sucesión, según sea el caso”.
En ese caso la reasignación de volúmenes se conservará “el mismo volumen y uso, así como el plazo remanente del título objeto de reasignación”.
Además se incluye el concepto “uso agropecuario familiar”, definido como un sistema de producción que incluye actividades agrícolas y pecuarias, cuyo objetivo es el sostenimiento familiar.
Otros cambios relevantes consisten en restituir a los Organismos de Cuenca la atribución de expedir los títulos de concesión, asignación y permisos de descarga de manera conjunta con las autoridades del agua.
La propuesta del Ejecutivo otorgaba esa facultad a Conagua sólo con la “la participación” de esos Organismos de Cuenca.
¿Qué pasará con las multas y cárcel?
Otras de las preocupaciones se basa en la criminalización de actividades frecuentes en el sector agropecuario para dotar de agua sobre todo a tierras productivas o para uso ganadero.
En el predictamen se plantea en el artículo 120 la reducción de multas que se proponían de 260 a 50,000 UMAS (es decir de 29,416 pesos hasta 5.6 millones). Ahora serían de 29,416 a 3.3 millones de pesos).
Además se agrega que podrá imponerse como sanción la suspensión o revocación de las concesiones, asignaciones, permisos o autorizaciones correspondientes, según la gravedad de la falta.
Se agrega que en caso de reincidencia, la multa se incrementará hasta en una tercera parte de los montos previstos, así como la revocación del título y la clausura definitiva.
También se precisa que se perseguirán de oficio por el Ministerio Público de la Federación los delitos contra la Ley de Aguas Nacionales.
Además se reduce la pena de prisión. En el artículo 123 bis 3 era de 10 años de prisión y de 400 a 4,000 días de multa. Ahora máximo 6 meses de cárcel y 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
La pena máxima de cárcel será para quien dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro, a sabiendas de que dichas aguas fueron extraídas de manera ilegal cuando la cantidad sea mayor o equivalente a 50,000 litros.
De igual modo se reducen penas para servidores públicos, de 2 a 12 que se proponían ahora quedarían de 1 a 8 años en caso de servidora pública que otorgue concesiones, asignaciones, prórrogas, permisos o registre títulos de concesión, asignación, permisos o prórrogas para la explotación.
Cambios adicionales consisten en que si bien se mantiene la creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, se elimina que su objetivo sea “para la reasignación de volúmenes de agua”.
Pero se detalla que sí se conformará con los volúmenes provenientes de la extinción de títulos de concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento.
En tanto se restablece que la Conagua deberá contar con un Órgano Interno de Control (OIC) que se proponía eliminar y se adiciona el término "público" al nombre del Registro Nacional del Agua (REPNA).
En este se inscribirán Los padrones de núcleos agrarios con reconocimiento emitido por la persona titular del Ejecutivo Federal.
Cuestionamientos fueron superados, dice Monreal
Para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, quien encabezó la redacción del predictamen, se espera que todas o la mayor parte de las alertas por la reforma queden rebasadas, pues ya se modificó “todo”.
''Lo de la separación binomio tierra-agua eso ya está superado. Por ejemplo, lo de los ganaderos que querían que no se les excluyera de la concesión del agua y que pudieran compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto eso en el dictamen”, dijo.
Además se regularizan “las zonas de libre alumbramiento”, es decir donde los propietarios generaron su propio acceso al agua en razón de un decreto del sexenio antepasado.
“El tema de las herencias de las propiedades y del volumen de las concesiones también ya está resuelto. Entonces, la mayor parte está contenida en estas 50 modificaciones. Pero se sigue trabajando”, dijo Monreal.
Se mantuvieron temas como prohibición del acaparamiento, venta del agua o usos para fines distintos a los que marca la concesión.
