También en el Senado
La sección de transparencia en la página del Senado remite al sitio de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde la Cámara alta ha subido información que por ley es pública, pero con evidente desactualización.
Por ejemplo, la información relacionada con el rubro de “presupuesto asignado anual”, que debe actualizarse cada año en curso, lleva más de un bimestre en falta, pues no está disponible el correspondiente a 2025. Sólo aparecen los datos de 2018 a 2024.
En cuanto al apartado de información financiera y los capítulos de gasto servicios personales, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, el Senado tiene disponible información de 2024, debido a que se reporta trimestralmente y apenas ha transcurrido un bimestre de este año.
Pero lo que registra de 2024 está incompleto, ya que solo es visible el monto general destinado a cada uno de esos rubros, sin desglose alguno.
Por ejemplo, para el capítulo 1000 de servicios personales sólo se consigna que el “gasto modificado por capítulo, concepto y partida” es de 44.1 millones de pesos para el último trimestre de 2024.
Al dar click en el “hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos” aparece la leyenda “404 Página no encontrada”, y la misma situación se presenta en el resto de los trimestres de 2024 y en los diferentes capítulos de gasto.
Además, ya concluido el primer bimestre de 2025 aún es visible la leyenda: “se encuentra en proceso de cierre el presupuesto del ejercicio 2024, por lo que cuando se obtengan las cifras definitivas se procederá a su publicación”.
La situación no es nueva, ni es privativa de las mayorías que han tenido Morena y aliados en las Legislaturas 64 a la 66, que comprenden desde 2018 y concluirán hasta 2027.
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ya había documentado desde junio de 2018, con base en una revisión a la 63 Legislatura, que entonces dominaba el PRI, que el Congreso de la Unión no es un ejemplo de transparencia.
"La gestión presupuestal y administrativa es una muestra clara de la opacidad y la discrecionalidad que caracterizan todavía el funcionamiento interno del Poder Legislativo”, concluyó.
En su Diagnóstico de Parlamento Abierto, el IMCO reportó: “el Senado reprobó en transparencia de la información presupuestal y administrativa, pues tiene una calificación de 42%, mientras que la Cámara de Diputados cumple con el 17%”.
La evaluación también establece que ninguna de las dos cámaras publican información detallada sobre la gestión, administración y gasto de sus recursos, así como de los organismos que lo integran.
Puso énfasis en que las asignaciones a los grupos parlamentarios, que son los recursos adicionales que se entregan a los legisladores para rubros como "asistencia legislativa" y "gestión parlamentaria", también están en la opacidad, situación que prevalece a la fecha, pues no ha cambiado la regulación interna de ambas cámaras para la recepción y comprobación de ese gasto.
En la revisión de la Cuenta Pública de 2019, la ASF halló que en las legislaturas 62 (2012 a 2015) y 63 (2015-2018) sumaron 5,094 millones de pesos en subvenciones que las bancadas recibieron y entregaron a los legisladores, pero sin que se proporcionara información para conocer el destino del gasto o su comprobación.
En el primer año de la 64 legislatura, la ASF determinó que hubo otros 1,039 millones de pesos en subvenciones que tampoco fueron transparentados.
Khemvirg Puente, de la UNAM, sostiene que el principal rubro en el que hay opacidad en el Poder legislativo es el presupuestal.
"Aunque se informa sobre las partidas presupuestales en las que se ejerce el gasto público del Poder Legislativo, no se puede alcanzar a conocer a detalle en qué se ha gastado cada uno de los recursos ahí dispuestos", sostiene.
"Parece que no se considera que ya hay una Agencia Digital que abre la oportunidad de mejorar estos procesos. Pareciera que no se está considerando el tema de los datos abiertos y la digitalización para estos grandes seguimientos que importan para evitar dispendio de recursos”, indica Salvatierra.
El experto considera que la reforma de transparencia contiene "elementos preocupantes", además de la extinción del órgano autónomo Inai, como la posibilidad de que se reserve información cuando el gobierno considere que se podría afectar la seguridad o la paz social.
"Lo que abre suspicacias de que se están poniendo más candados para limitar información”, advierte.