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Legisladores aprobaron Transparencia del Pueblo, pero ellos navegan en opacidad

El Congreso no publica datos básicos como sus gastos, presupuesto o trayectorias de legisladores, pero presume que habrá más transparencia con las nuevas reglas en la materia.
lun 24 marzo 2025 02:54 PM
Transparencia en el discurso, opacidad en el Congreso, legisladores extinguen al INAI.
El 20 de marzo, el Legislativo aprobó las leyes secundarias de transparencia, con las que consumó la desaparición del Inai y estableció el nuevo modelo para acceder a información gubernamental.

La Cámara de Diputados y el Senado, que concretaron la desaparición del Inai y aprobaron el nuevo marco jurídico para "garantizar" el acceso a la información, se caracterizan por la opacidad.

Publican datos a medias, desactualizados u ocultan información básica como el currículum de los legisladores. Defienden la transparencia en el discurso y en acalorados debates, pero faltan a ella en los hechos.

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Datos como la trayectoria de los legisladores, su labor legislativa y el manejo de los recursos en ambas cámaras, no es publicada o no se actualiza periódicamente.

El Inai, que dejó de existir el 21 de marzo, certificó a las cámaras de diputados y senadores en materia de transparencia, pero no avanzó en la revisión de la calidad efectiva de la información publicada en sus portales.

Y ahora el Congreso tendrá órganos garantes afines, pues con el nuevo modelo serán la contralorías de ambas cámaras, cuyos titulares son designados por los mismos legisladores, las instancias que verificarán que estos cumplan con la ley.

Para Khemvirg Puente, investigador de la Facultad de Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, uno de los problemas que tuvo el Inai es que hacía evaluaciones parciales sobre el cumplimiento de la "literalidad" de la ley, pero no necesariamente sobre el contenido de la información que los sujetos obligados ponían a disposición del público.

"Ese es un reto que no logró superar el Inai y que desafortunadamente ahora se encuentra aún más en riesgo”, señala Puente.

Sarahí Salvatierra, de Fundar, añade que el mismo proceso legislativo en materia de transparencia genera suspicacias y riesgos.

“Me parece muy paradójico que la Ley General de Transparencia de 2015 generó un hito en procesos de parlamento abierto, porque se hizo de la mano con sociedad civil para justo identificar cuáles son los mejores estándares, y ahora pasa todo lo contrario”, señala.

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Ni los currículum

El Congreso navega desde hace años en la opacidad. Por ejemplo, a más de seis meses de iniciada la 66 Legislatura, la Cámara de Diputados omite datos sobre la trayectoria de los diputados en el apartado específico del portal para conocer a cada uno de sus integrantes.

Eso incluye a legisladores de larga carrera, como los líderes de las bancadas de Morena, Ricardo Monreal; de Acción Nacional (PAN), Elías Lixa; del Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, y en general no hay datos curriculares de ningún diputado.

Aunque hay otras fuentes de información para medios de comunicación, especialistas en el Poder Legislativo y académicos subrayan que la transparencia debe caracterizarse por el acceso fácil para cualquier ciudadano, lo que ahora no está garantizado.

En la página web de la Cámara sólo aparece una ficha con la fecha de nacimiento, distrito o circunscripción por la que fue electo cada diputado, entidad de origen y suplente. Pero de la trayectoria legislativa, estudios, el tránsito por los partidos, la carrera en cargos administrativos o pertenencia a agrupaciones sociales o civiles, no hay rastro.

Tampoco se puede saber información actualizada -por diputado- de sus asistencias a las sesiones, o bien, de las iniciativas o proposiciones que presentaron.

Sobre el trabajo en comisiones, los datos también son nulos, pues solo es posible conocer cómo se integran, pero no los asuntos que han recibido, avalado o desechado.

Atrás quedó la práctica, que también se usó poco, de publicar predictámenes o estudios relacionados con las iniciativas a revisión.

Además, hay informes rendidos por autoridades que se mantienen ocultos. Para muestra, el cuarto informe semestral rendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, que debió ser publicado en la Gaceta Parlamentaria del 25 de enero, sólo apareció mencionado en el sitio, pero sin link ni archivo para acceder a él.

Opacidad en ingresos

Si el currículum de los diputados no se conoce, la información sobre sus percepciones menos. En el portal se consigna: “sueldo neto mensual” de 79,000 pesos. Aguinaldo equivalente a 40 días de la dieta bruta y gastos funerarios de hasta un mes la dieta neta por fallecimiento de los beneficiarios.

Sin embargo, la Cámara es omisa en informar sobre los montos por apoyo legislativo y subvenciones que recibe cada legislador. Tampoco se reporta públicamente la comprobación de estos recursos, a pesar de observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En diversas revisiones a Cuentas Públicas de 2013, 2015, 2019, la Auditoría ha observado esa falta de documentación comprobatoria y ha pedido que se transparente el destino de los recursos públicos distribuidos vía subvenciones a los grupos parlamentarios, pero eso no ha ocurrido.

Públicamente, los diputados reportan tener ingresos solo por concepto de sus dietas y aguinaldo, pero reciben más recursos por rubros como “asistencia legislativa”, “atención ciudadana” o "apoyo para sus informes legislativos".

Estos recursos adicionales a sus dietas mensuales no se registran en el apartado de transparencia, ni en el Anexo 23 de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación.

“En el Poder Legislativo queda pendiente todo lo que tiene que ver con la regulación de las subvenciones, ese recurso presupuestario que se les asigna a los grupos parlamentarios para cubrir sus necesidades de sus actividades legislativas”, sentencia Sarahí Salvatierra, de Fundar.

Esa asignación de recursos que se hace a través de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explica la investigadora, no se transparentan y tampoco forma parte de la nueva legislación en materia de transparencia.

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También en el Senado

La sección de transparencia en la página del Senado remite al sitio de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), donde la Cámara alta ha subido información que por ley es pública, pero con evidente desactualización.

Por ejemplo, la información relacionada con el rubro de “presupuesto asignado anual”, que debe actualizarse cada año en curso, lleva más de un bimestre en falta, pues no está disponible el correspondiente a 2025. Sólo aparecen los datos de 2018 a 2024.

En cuanto al apartado de información financiera y los capítulos de gasto servicios personales, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, el Senado tiene disponible información de 2024, debido a que se reporta trimestralmente y apenas ha transcurrido un bimestre de este año.

Pero lo que registra de 2024 está incompleto, ya que solo es visible el monto general destinado a cada uno de esos rubros, sin desglose alguno.

Por ejemplo, para el capítulo 1000 de servicios personales sólo se consigna que el “gasto modificado por capítulo, concepto y partida” es de 44.1 millones de pesos para el último trimestre de 2024.

Al dar click en el “hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos” aparece la leyenda “404 Página no encontrada”, y la misma situación se presenta en el resto de los trimestres de 2024 y en los diferentes capítulos de gasto.

Además, ya concluido el primer bimestre de 2025 aún es visible la leyenda: “se encuentra en proceso de cierre el presupuesto del ejercicio 2024, por lo que cuando se obtengan las cifras definitivas se procederá a su publicación”.

La situación no es nueva, ni es privativa de las mayorías que han tenido Morena y aliados en las Legislaturas 64 a la 66, que comprenden desde 2018 y concluirán hasta 2027.

El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) ya había documentado desde junio de 2018, con base en una revisión a la 63 Legislatura, que entonces dominaba el PRI, que el Congreso de la Unión no es un ejemplo de transparencia.

"La gestión presupuestal y administrativa es una muestra clara de la opacidad y la discrecionalidad que caracterizan todavía el funcionamiento interno del Poder Legislativo”, concluyó.

En su Diagnóstico de Parlamento Abierto, el IMCO reportó: “el Senado reprobó en transparencia de la información presupuestal y administrativa, pues tiene una calificación de 42%, mientras que la Cámara de Diputados cumple con el 17%”.

La evaluación también establece que ninguna de las dos cámaras publican información detallada sobre la gestión, administración y gasto de sus recursos, así como de los organismos que lo integran.

Puso énfasis en que las asignaciones a los grupos parlamentarios, que son los recursos adicionales que se entregan a los legisladores para rubros como "asistencia legislativa" y "gestión parlamentaria", también están en la opacidad, situación que prevalece a la fecha, pues no ha cambiado la regulación interna de ambas cámaras para la recepción y comprobación de ese gasto.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2019, la ASF halló que en las legislaturas 62 (2012 a 2015) y 63 (2015-2018) sumaron 5,094 millones de pesos en subvenciones que las bancadas recibieron y entregaron a los legisladores, pero sin que se proporcionara información para conocer el destino del gasto o su comprobación.

En el primer año de la 64 legislatura, la ASF determinó que hubo otros 1,039 millones de pesos en subvenciones que tampoco fueron transparentados.

Khemvirg Puente, de la UNAM, sostiene que el principal rubro en el que hay opacidad en el Poder legislativo es el presupuestal.

"Aunque se informa sobre las partidas presupuestales en las que se ejerce el gasto público del Poder Legislativo, no se puede alcanzar a conocer a detalle en qué se ha gastado cada uno de los recursos ahí dispuestos", sostiene.

"Parece que no se considera que ya hay una Agencia Digital que abre la oportunidad de mejorar estos procesos. Pareciera que no se está considerando el tema de los datos abiertos y la digitalización para estos grandes seguimientos que importan para evitar dispendio de recursos”, indica Salvatierra.

El experto considera que la reforma de transparencia contiene "elementos preocupantes", además de la extinción del órgano autónomo Inai, como la posibilidad de que se reserve información cuando el gobierno considere que se podría afectar la seguridad o la paz social.

"Lo que abre suspicacias de que se están poniendo más candados para limitar información”, advierte.

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