El Senado avala el Plan de Justicia de la FGR; va por reestructura y más inteligencia

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, destacó que en el Plan la justicia no es un “privilegio”, sino un derecho humano, por lo que se pone a las instituciones de procuración de justicia al servicio del pueblo.

Mencionó que el documento no solo es una planeación administrativa, sino el nacimiento de un modelo basado en la evidencia, la priorización y los resultados tangibles; además, sostuvo que el diagnóstico muestra la realidad del país.

“Con el Plan se asume el compromiso de transformar el dolor de las víctimas en procesos de verdad y reparación integral. Consideramos como un acierto el uso e inclusión de los avances tecnológicos para que no solo se investigue con rigor, sino actúe como un pilar para la reconstrucción de la paz”, dijo el senador.

La petista Imelda mencionó que el Plan es parte de una necesidad real, donde la FGR avance de un modelo centrado en el trámite a un modelo enfocado en la investigación estratégica, la inteligencia y la coordinación.

Mientras tanto, la priista Carolina Viggiano mencionó que el Plan reconoce que la Fiscalía tiene desorden, rezagos y problemas de corrupción, pero sostuvo que la FGR no es una “policía”.

“Aquí en los hechos se invierte esta lógica, se apuesta por la inteligencia como eje, incluso, planteando que sus productos sirvan como prueba, y eso es un error. La inteligencia orienta, anticipa, pero de ninguna manera sustituye las pruebas de un juicio”, declaró la senadora.

Sostuvo que el Plan omite ataques a periodistas, desapariciones forzadas y delitos ligados a trata de personas y reclutamiento.

A su vez, la panista Guadalupe Murguía criticó que el documento no trae metas, indicadores ni tiempo para evaluar los resultados, tampoco –agregó– habla de contar con los recursos suficientes para llevar a cabo los objetivos que busca.

“Esto es importante, porque si la Fiscalía no cuenta con los recursos suficiente se convierte solo en un catálogo de buenas intenciones”, señaló.

¿En qué consiste?

El Plan presentado el lunes 27 de este mes por Ernestina Gocoy ofrece un diagnóstico detallado sobre la situación actual de la investigación de delitos. Según el informe, al cierre de 2025 se regsitraron más de 84,000 carpetas de investigación en el fuero federal, lo que representa un incremento del 7% en la carga operativa de la Fiscalía General de la República (FGR).

El diagnóstico revela que el 90.36% de las carpetas fue iniciado por la Fiscalía Especializada en Control Regional, a través de las fiscalías federales en las entidades. La mayor incidencia se concentra en la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, que juntas representan el 33.7% del total.

Además, el informe subraya que la confianza en la FGR disminuyó: en 2025 alcanzó un 60.8%, mientras que en 2020 era del 65.2%. Se señala también que seis de cada diez personas perciben corrupción dentro de la institución.

A partir de estos datos, el Plan propone diez ejes estratégicos para mejorar la efectividad de la FGR y fortalecer su papel en la lucha en contra de la delincuencia:

1. Reestructuración de la FGR. Se plantea una reingeniería interna para eliminar duplicidades y redirigir recursos humanos y financieros hacia la investigación y la persecución penal.

2. Coordinación entre la FGR, fiscalías locales y autoridades de seguridad. Se busca una colaboración más estrecha con el Gabinete de Seguridad Federal para asegurar que los despliegues tácticos se concreten en investigaciones sólidas dirigidas por el Ministerio Público.

3. Fortalecimiento de las fiscalías en las entidades federativas. El enfoque se centra en consolidar la presencia territorial, mejorar la profesionalización técnica, formar células de inteligencia, utilizar el análisis de datos y coordinar esfuerzos con las fiscalías estatales, enfocándose en estructuras y mercados criminales.

4. Nuevo modelo de investigación e inteligencia. Se propone un cambio de paradigma, pasando de la investigación "caso por caso" a un modelo integral, multidisciplinario y proactivo, basado en el uso de la ciencia, la tecnología, el análisis estratégico y el análisis de contexto.

5. Modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Se plantea una reingeniería de la Agencia de Investigación Criminal para priorizar la inteligencia y la investigación científica, fortalecer la producción y operación de inteligencia y mejorar la coordinación entre los agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos y analistas.

6. Priorización de recursos hacia los delitos más graves. El Plan establece como prioridad la lucha en contra de la delincuencia organizada, los feminicidios, los homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado, las desapariciones, la violencia sexual, el secuestro, la extorsión, la tortura y la trata de personas.

7. Estrategias nacionales en contra de la violencia de género. Se prevé la atracción de casos cuando existan patrones de macrocriminalidad o vínculos con la delincuencia organizada. Además, se establece que todas las carpetas de investigación por muertes violentas de mujeres se inicien bajo el protocolo de feminicidio y se brindará asesoría técnica y científica a las fiscalías estatales.

8. Estrategia nacional contra la extorsión y búsqueda de personas desaparecidas. La extorsión se clasifica como un delito de alta prioridad, especialmente en casos que involucren migrantes, menores, mujeres, adultos mayores, el uso de armas, violencia física o vínculos con la delincuencia organizada.

9. Las víctimas como eje de la actualización de la FGR. Se plantea un enfoque integral para la protección de las víctimas, que incluye evaluaciones de riesgo, identificación de condiciones de vulnerabilidad, prohibición de prácticas revictimizantes y acompañamiento psicosocial a lo largo de todo el proceso de investigación.

10. Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Se propone implementar una estrategia de integridad y control interno, que promueva una política de cero tolerancia a la corrupción, con controles rigurosos y vigilancia ciudadana, así como sanciones para quienes cometan irregularidades.