Personal de la secretaría Anticorrucpción y de Buen Gobierno (antes secretaría de la Función Pública) tomó posesión del edificio sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
Este viernes, el Inai quedó extinto legalmente, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se expiden la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y otros ordenamientos.
A las 8:00 horas, varios empleados de la secretaría Anticorrupción llegaron al edificio ubicado sobre Avenida Insurgentes Sur, cerca de Periférico, y solicitaron entrar a las instalaciones.
Los servidores públicos arribaron en compañía de policías capitalinos, ya que, desde hace varios días, decenas de trabajadores del Inai realizan una protesta en el exterior del inmueble.
Los empleados inconformes les dieron acceso, por lo que entraron funcionarios de las áreas de protección civil, sistemas y administración de la dependencia que encabeza Raquel Buenostro.
Este viernes, empleados inconformes se reunirán con la secretaria Anticorrupción para definir cuántos trabajadores serán absorbidos por la dependencia federal.
Horas antes de quedar extinto, el pleno del Inai aprobó el pago de un finiquito para 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera (SPC). Los comisionados autorizaron que ese personal reciba por su conclusión laboral 90 días de salario bruto más 20 días por año laborado.
Pero otros 315 trabajadores contratados bajo la modalidad de "libre designación" deberán esperar a que se dé la transferencia del órgano a la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para saber si tendrán derecho a un pago.
El decreto publicado establece:
-Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Inai serán respetados, en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuente el referido Instituto pasarán a formar parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo.
-Inai transferirá los recursos correspondientes al valor del inventario o plantilla de plazas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 20 días hábiles siguientes contados a partir de la entrada en vigor del secreto, a fin de que esa dependencia realice las acciones que correspondan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
