La oposición alista la defensa de fideicomisos del Poder Judicial ante la SCJN

"Yo pediría al pueblo de México que esté muy al pendiente de lo que vamos a hacer porque yo ya firmé una acción de inconstitucionalidad”, anunció el senador perredista Antonio García Conejo.

Como él, los senadores Miguel Ángel Mancera, también de PRD; Damián Zepeda, del PAN, Germán Martínez, del Grupo Plural y Claudia Anaya, del PRI, declararon abierta la ruta para recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma.

Ese recurso podrá presentarse hasta 30 días después de que sea promulgada la reforma en el Diario Oficial de la Federación.

Esa acción de inconstitucionalidad, afirmó Mancera, será “muy fácil” ganarla ante la Corte por las irregularidades de proceso legislativo y la afectación a derechos laborales ya adquiridos.

Los alcances de la reforma

De acuerdo con lo avalado, con 67 votos en favor y 48 en contra, de la oposición más los morenistas Olga Sánchez Cordero, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán, se adicionará un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En este agregado se prohíbe al Poder Judicial de la Federación crear o mantener en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia, que es el único que quedará vivo.

Además se incluyen cinco artículos transitorios que regularán en qué tiempo deberán finiquitarse esos fideicomisos y a dónde irán los recursos.

Se ordena que en cuatro meses, es decir un plazo máximo de 120 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del decreto se deberán concretar los convenios de extinción o terminación de los fideicomisos.

En ese mismo plazo, todos los recursos que formen parte de los fideicomisos, es decir 15,000 deberán concentrase en la tesorería del Poder Judicial, y de ahí ser transferidos a la Tesorería de la Federación.

El dictamen con proyecto de decreto aprobado reconoce que algunos fondos “corresponden a prestaciones que se pueden vincular con derechos laborales” y para no vulnerarlos se estableció, en un artículo tercero transitorio, que esas obligaciones “serán atendidas con los recursos que correspondan de los propios fideicomisos, de conformidad con las obligaciones contractuales y disposiciones aplicables, salvaguardando los derechos que correspondan”.

Es decir, se estableció que se destinarán recursos, pero ya no vía fideicomisos.

Reforma pega al T-MEC

Entre los argumentos esbozados destacó la posibilidad de que la extinción de fideicomisos afecte compromisos establecidos incluso en el T-MEC, en materia laboral.

Con la extinción del Fideicomiso para implementar reformas de tratados internacionales como el T-MEC, la senadora priista Claudia Anaya Mota advirtió que “se trastoca el cumplimiento adquirido” en el Capítulo 23 acuerdo, por el que México se comprometió a invertir para la implementación de la reforma laboral y la modernización judicial.

“De extinguirse un fondo que se destina este objetivo podría Estados Unidos pedir en un panel de resolución de controversias, a razón de que nuestros socios, particularmente el Departamento del Trabajo, tiene un programa de apoyo anual desde el 2021 y va al 2025, en donde le dan dinero a México para implementar la reforma laboral, específicamente para la observancia de derechos laborales, que es precisamente de lo que se encarga el Poder Judicial”, alertó la senadora.

“No podemos retirar recursos de un compromiso internacional sin puntualizar cómo vamos a reponer la acción que se retira”, atizó.

También se dejarían de cumplir compromisos internacionales asumidos por México, explicó la senadora Claudia Ruiz Massiu, entre ellos ante las Naciones Unidas, el plan de acción y los principios de Milán, casos en los que el país adquirió la obligación de dotar de condiciones para garantizar la autonomía e independencia de los integrantes del Poder Judicial.

Y el Fideicomiso 80693 para el Mantenimiento de Casa Habitación de Magistrados y Jueces busca darles estabilidad en el destino asignado para sustraerlos de posibles presiones o de intereses y hasta amenazas a su seguridad, expuso la senadora expriista.

Ambas remataron que en 2021 se extinguieron 109 fideicomisos “ofrecieron auditorias ante supuestas irregularidades, ni hubo auditorias, ni denuncias ni irregularidades ni asignaciones presupuestales para cubrir esas necesidades”.

“Si explicaran qué pasó con ellos y qué destino tuvieron, pues les creería de sus buenas intenciones, pero a Zacatecas le quitaron el fondo minero, y ni un peso volvimos a ver”, recordó Anaya Mota.

Estos argumentos fueron sumados a la alerta por la afectación a derechos laborales de 55,000 trabajadores del Poder Judicial, beneficiarios de los fondos sujetos a extinción, con los que se financian pagos complementarios para salud y para pensiones, argumento expuesto en tribuna por la misma ministra en retiro y senadora morenista Olga Sánchez Cordero, al justificar su voto en contra, por primera vez, de una propuesta de su partido.

También se detalló en el debate que seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales y con derechos adquiridos para los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, amén de que otros están destinados al pago de pensiones complementarias a las otorgadas por el ISSSTE, o para apoyos médicos.

Sin embargo Morena, Partido del Trabajo y Verde (PVEM) insistieron en que los fideicomisos financian excesos y privilegios, de ahí que aprobaron la reforma sin ningún cambio.

Incongruencias

El dictamen con proyecto de decreto que fue avalado intentó ser modificado vía reservas, presentadas por 17 senadores, pero no transitó ninguna.

En la discusión, fue el senador perredista Miguel Ángel Mancera el que evidenció incongruencias internas en el dictamen, pues ahí se refiere que existen 14 fideicomisos del Poder Judicial, y dos de ellos cumplen con la ley pero 12 no, mismos que se propone desaparecer.

“De entrada no se ponen de acuerdo en cuántos son… hablan de 13, luego de 14 no se menciona que se conservan dos”, explicó. Para el senador eso sumado a que se pretende dar un efecto retroactivo a las leyes que prohibían a las instituciones retener remanentes, y aplicarlas a fideicomisos que tienen 30 años de creación, “va a ser muy fácil que se gane” el recurso de inconstitucionalidad.

El mismo Mancera fue cuestionado sobre los derechos laborales, que a decir de Morena quedaron a salvo en el artículo tercero transitorio, donde se asegura que no vía fideicomisos pero sí habrá recursos para atender esas garantías.

Pero, explicó el perredista, se queda un fideicomiso con un peso y otro sí con recursos, pero “no se desprende de esto cómo se va a atender las necesidades de salud”.

También aseguró que la reforma vulnera el principio de retroactividad y eso no será aceptado por la SCJN.

Esto porque, detalló el senador José Erandi Bermúdez Méndez, del PAN, todos los fideicomisos fueron creados antes de 1996, “no han recibido un solo recurso público” y la ley que prohibió destinar remanentes a la creación de fideicomisos fue posterior.

Por eso “estos fideicomisos no están fuera de la ley, porque fueron creados desde un principio antes de esta ley que han venido a citar muchos de ustedes.

El senador Luis David Ortiz Salinas, de Movimiento Ciudadano, estimó que se vulneran los artículos 14, 16, 17, 49, 94, 100 y el Apartado B del artículo 123 de la Constitución, entre otras razones porque se afectan derechos adquiridos en materia laboral, se pone en riesgo la funcionalidad del Poder Judicial y se deja sin mecanismos para el acceso a la justicia los gobernados.

“Además se vulneran también los principios constitucionales de división de poderes e independencia del Poder Judicial, contemplados en los artículos 49, 94 y 100 de la ley fundamental”, dijo.